La justificación de las políticas públicas en términos de su eficiencia económica representa uno de los sellos de identidad del proyecto neoliberal. Esto plantea unas serias contradicciones en cuanto al tema de los cuidados. Cuando se trata del trabajo doméstico y reproductivo, son las mujeres (de forma abrumadora) quienes subvencionan la economía a una escala masiva. Pero gran parte de este trabajo tiende a no ser remunerado y, por lo tanto, no se valora en términos de mercado a pesar de su evidente importancia y necesidad social.
El Producto Interior Bruto (PIB) en sí está construido de tal manera que no suele incorporar las transacciones que tienen lugar fuera de los mercados. Por lo tanto, aumentará si las personas empiezan a ser remuneradas por una actividad por la que anteriormente no cobraban. Es decir, cuando los abuelos cuidan de los nietos (o viceversa), esto no se incluye en el PIB salvo que haya dinero de por medio. Entonces, cuando la gente pasa del paro al empleo, es positivo en términos de PIB; pero también es así cuando se convierten los mismos trabajos no remunerados en remunerados a través de la acción pública. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) calcula que la contribución del trabajo no remunerado es equivalente al 40%, aproximadamente, del PIB español.
Dado el contexto de bajo crecimiento en las economías desarrolladas, se está realizando un esfuerzo para incorporar a más mujeres en la fuerza laboral remunerada. Aumentar la tasa de participación laboral femenina, por ejemplo, fue uno de los componentes principales de Abenomics, la estrategia diseñada por el primer ministro japonés Shinzo Abe para hacer frente al estancamiento económico nipón. La OCDE ha calculado que si se cerrara la brecha de género en el empleo, esto supondría un aumento medio de 12% del PIB en las economías avanzadas. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Expansión publicó un titular basado en un informe de PWC que rezaba: El PIB español crecería un 17% si trabajaran tantas mujeres como en Suecia.
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Aprovechémonos de esta invitación de la prensa salmón para contemplar cómo sería España si su tasa de participación laboral femenina (54,31%) fuera la misma que en Suecia (74,82%). Para este ejercicio, he separado (ver cuadro) la economía en dos sectores: uno más equiparable al empleo público (la suma de la Administración, la educación, y la sanidad y los servicios sociales) y otro que comprende todo lo demás, en gran parte asociado con el sector privado. Los datos se presentan para España, la media de la UE-15, los dos países con mayores tasas de participación (Suecia y Dinamarca) y los dos con las tasas más bajas (Grecia e Italia).
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Lo que llama a la atención es que España tiene, aunque por los pelos, un mayor porcentaje de mujeres trabajando en los sectores no públicos (37,77%) que la media de la UE (37,57%) y una tasa superior a la de Suecia (36,92%). La brecha masiva de empleo (comprendiendo aproximadamente una de cada cinco mujeres) se debe a lo que ocurre en los sectores públicos, y se relaciona directamente con la infra-provisión de trabajos en el sector de los cuidados. Lo que ocurre con este trabajo es que está siendo realizado, pero no está siendo valorado por el mercado.
El subdesarrollo del Estado de Bienestar español quiere decir que estamos ante una crisis de los cuidados. Las necesidades de cuidado a largo plazo de la gente mayor a menudo no se atienden (aquí conviene leer Nuria Alabao). Mientras que los Países Bajos gastan el 4,3% de su PIB en cuidados a largo plazo, la tasa más elevada de la OCDE, en España se gasta tan sólo un 0,7%. Asimismo, el país aún no ha optado por universalizar el cuidado infantil; éste sería al mismo tiempo la mejor inversión de futuro, en tanto que elemento imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y una política familiar que beneficiaría especialmente a las mujeres. Los bajos niveles de gasto público van ligados también a bajos niveles de empleo público.
La Confederación Sindical Internacional apuesta por inversiones en este sector para luchar contra el desempleo. Ha argumentado que, de hecho, invertir en él sería más positivo en términos de generar empleo que invertir en las infraestructuras físicas; y, por supuesto, tendría otro patrón de género. Siguiendo la lógica de Expansión, esto sería bueno para el PIB y podría proporcionar, además, un mayor colchón frente a los choques económicos adversos mediante el fortalecimiento estructural de la demanda agregada.
La expansión del gasto en el sector de los cuidados serviría así: a) para garantizar, o al menos mejorar, la provisión actual de los mismos; b) para debilitar el vínculo entre su provisión y las obligaciones familiares, que recaen principalmente sobre las mujeres; c) para expandir el acceso al mercado laboral ; d) para mejorar los salarios en el sector; e) para aumentar el trabajo remunerado y luchar contra el paro; y f) para activar especialmente las zonas económicas menos dinámicas económicamente del país.
Esto no abordaría necesariamente la segregación ocupacional de género que, como ha señalado Marga Torre, ha alcanzado unos niveles intolerables; tampoco el hecho de que valorar los mercados de los cuidados no supone una forma razonable de medición. Y si se hiciera mal, esta inversión implicaría desplazar trabajos (no remunerados) de hogares con bajos ingresos hacia unos empleos relativamente mal remunerados. Pero, de todos modos, los salarios y las condiciones laborales dependerían del diseño de las políticas públicas.
Bajo la provisión de los mercados, el trabajo de los cuidados se mercantiliza y se paga muy mal. Cuando los hogares lo proporcionan, no se mercantiliza, pero no se paga en absoluto y, por lo tanto, se infravalora su importancia económica e intrínseca. La provisión pública, en el mejor de los casos, serviría para evitar la mercantilización, remunerando mejor y mejorando la valoración de estos trabajos. Como nos indica Pilar Goñalons Pons, las ocupaciones feminizadas son las que peor se pagan. En este sentido, existe evidencia proveniente de la provincia de Ontario que señala que el empleo público es esencial para garantizar salarios decentes para las mujeres en todos los ámbitos.
Para concluir, cabe recordar que existe un vínculo entre las condiciones de los trabajos en el sector de los cuidados y las de los receptores de la ayuda; es una inversión en la dignidad humana.
