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Primarias con dinero público para combatir la desafección

Alberto Fernández Gibaja

22 de Septiembre de 2018, 20:10

PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaron recientemente un texto en la Comisión de Calidad Democrática y Contra la Corrupción que, entre otras cosas, busca institucionalizar y hacer obligatorias para los partidos las elecciones primarias para la elección de candidatos. El texto, que contiene 75 medidas enfocadas a mejorar la calidad del sistema de partidos y que aún debe ser ratificado por el Pleno del Congreso, busca atajar un problema grave de la democracia española: la desafección y falta general de confianza que existe hacia los partidos. España no es la excepción: en Europa, la pertenencia a estas instituciones se ha visto gradualmente reducida, salvo en contadas excepciones. Los partidos, como vehículos representativos donde la ciudadanía tiene la oportunidad de agruparse en torno a ideas comunes, suelen ser señaladas como parte del problema, y no de la solución, de este alejamiento. Sin embargo, este fenómeno no debe interpretarse como apatía política, sino que responde más bien a un cambio profundo en cómo la ciudadanía quiere influir y ser representada en la toma de decisiones, unido a una demanda de mayor transparencia. El texto aprobado en la Comisión aboga por una serie de medidas enfocadas, precisamente, a reconectar a la ciudadanía con los partidos políticos y, de esta manera, a que aumente la confianza en ellos. Engloban cambios en los modelos de financiación, pero también en su organización interna, mediante dos innovaciones: la adopción de primarias para elegir en cada formación al candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, de las comunidades autónomas y de las principales corporaciones locales; y la financiación pública de estos mismos procesos.

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Aunque España puede presumir de tener partidos políticos libres, éstos generan mucha desconfianza. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), son señalados como el tercer problema del país, sólo por detrás del paro y sólo un punto por debajo de la corrupción –íntimamente ligada a los propios partidos. Poco después de las últimas elecciones generales, en 2016, el CIS ya había preguntado a los españoles por su grado confianza en los partidos, siendo éstos la segunda institución peor valorada del país, sólo por detrás de los bancos. A nivel global, la desafección se relaciona con un menor apoyo a la democracia en general, algo que debe preocuparnos. Si las instituciones que deben representar las diferentes ideas de la sociedad no gozan de su confianza, es todo el sistema el que se resiente. Entender esta desafección es una tarea compleja que excede sin duda el espacio de este texto, pero es importante entenderla, en parte, como consecuencia de una superación de las tradicionales formas de interacción que los partidos han mantenido con la ciudadanía y la –aún tímida– aparición de innovaciones para participar de manera más directa. La irrupción de las nuevas tecnologías, que permiten una relación más cercana y constante entre ciudadanía y partidos políticos, y la irrupción de novedosos mecanismos de participación –muchos de ellos, sustitutos de la tradicional militancia– han contribuido decisivamente a este cambio de paradigma en la representación política. ¿Pero para qué sirven unas primarias? Aunque son básicamente un mecanismo de elección de candidatos, su alcance real es mucho mayor, desde el aumento de la participación interna y la reconfiguración de las ideas y líneas de pensamiento del partido hasta la llegada y ascenso de nuevos líderes e ideas políticas. Existen muchos interrogantes tanto sobre sus potenciales efectos negativos como positivos, pero su intención a largo plazo es clara: abrir los partidos a sus bases, simpatizantes e incluso votantes, y democratizar la manera en la que los mismos se rigen. Aumentando su democracia interna y su transparencia, debería reforzarse también la confianza en los mismos. Sin embargo, un sistema de primarias requiere superar muchos obstáculos y retos para cumplir realmente su objetivo. Muchos de ellos tienen un carácter económico, y de ahí la importancia de incluir la financiación pública de las mismas en el texto aprobado en la Comisión. Haciéndolo así, se puede potencialmente facilitar que las mismas cumplan su objetivo último, aumentar la cercanía entre partidos y ciudadanía. Aun así, es importante entender que la financiación pública de los partidos en general, aunque busca una competición política más equilibrada y limpia, es objeto de crítica y puede aumentar, en vez de disminuir, la desafección de la ciudadanía. Aun teniendo en cuenta lo anterior, la financiación pública puede atajar muchos de sus principales problemas. Uno de los principales es la superioridad de los candidatos con acceso a mayor financiación, ya que pueden más fácilmente desarrollar campañas electorales internas. La otra cara de esta misma moneda es la dificultad para acceder a fondos de los miembros menos conocidos y peor conectados del partido. Esto favorece, potencialmente, a tres diferentes actores: por un lado, a aquellos que ya se encuentren en los cuadros directivos del partido, ya que su exposición mediática les hace partir con ventaja para los votantes de las primarias. En segundo lugar, aquellos candidatos con apoyos capaces de financiar una campaña para hacerse con el control. Por último, las mujeres tienen, de manera sistemática, mayores problemas para acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo una carrera política. Esta misma dificultad se verá replicada internamente para el supuesto de unas primarias. Para que un mecanismo adecuado de financiación pública resuelva estos problemas debe actuar tanto por arriba como por abajo, ayudando a igualar el terreno de juego para todos los candidatos a través de la fiscalización, la limitación del gasto y el apoyo a los candidatos con menos recursos. Puede, por ejemplo, asegurar unos ingresos mínimos para todos los que presenten un número determinado de avales y subvencionar la presencia en los medios y debate público de las campañas, al igual que se hace durante las elecciones generales, o crear fórmulas para incentivar la presencia de mujeres como cabezas de lista, o al menos la paridad absoluta en las listas. Al mismo tiempo, y como medida de contención del gasto, el mecanismo de financiación pública puede poner un límite a las aportaciones privadas –o prohibirlas por completo–, obligar a una transparencia total en los gastos e ingresos de campaña de todos los contendientes o crear mecanismos para abaratarlas, como por ejemplo que tuvieran lugar de manera secuencial en las diferentes comunidades autónomas y sólo se pudieran conocer los resultados al final; en cierta manera, como el modelo electoral indio. Muchos de estos elementos están a día de hoy mucho más al alcance de la mano gracias a ciertas innovaciones tecnológicas. Un registro de gastos e ingresos en un blockchain privado controlado por la Junta Electoral permitiría, por ejemplo, un control total y transparente. Del mismo modo, métodos innovadores para la comunicación a través de redes sociales podrían al mismo tiempo dinamizar y abaratar la campaña, haciéndola llegar a más gente con menor gasto. Aunque las elecciones primarias no son una panacea, como han demostrado ampliamente muchos países de America Latina, y no pueden solucionar de golpe algunas de las carencias que los partidos políticos tienen a día de hoy, sí son un poderoso instrumento de innovación política. Decidir candidatos y candidatas a través de este mecanismo no es una novedad. Con distintos métodos y calado, los tres partidos propulsores de la iniciativa ya lo han utilizado para elegir a sus candidatos –si bien Ciudadanos no las materializó al haber sólo un candidato con avales suficientes. Lo que sí sería novedoso es elaborar una legislación que sustente y financie este esfuerzo, y que busque la mejora de la calidad democrática. Aunque poco popular, la financiación pública puede ser, sin duda, la clave para que las primarias cumplan su objetivo, que es que los partidos sean más abiertos y logren una mayor confianza de la ciudadanía. Nuestra democracia necesita innovación y partidos que representen de manera fidedigna a la población. Dedicar recursos públicos a ello es, por  tanto, primordial.
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