5 de Noviembre de 2018, 20:52
Todos los países de la UE tienen establecidos mecanismos de revalorización de las pensiones que garantizan, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Con la única excepción de Irlanda, que carece de un criterio definido, el resto de estados miembros se agrupan en tres colectivos.
Los más prudentes en la también denominada indexación de pensiones son los que vinculan a los precios la evolución de sus cuantías: Francia, Italia, Austria, Hungría y Eslovaquia, junto a otros que refuerzan la subida anual con algún indicador adicional como el PIB o similar (Portugal, Bélgica y Grecia). Los más generosos revalorizan sus pensiones conforme al incremento de los salarios lo que, según la OCDE, permite a los pensionistas ganar poder adquisitivo: son los casos de Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Malta y Lituania, al lado de otros como Suecia y Alemania en los que la referencia salarial se combina con otros criterios que modulan, a la baja, la intensidad de la subida. Entre ambos grupos se sitúan aquellos otros países en los que el criterio de revalorización de las pensiones es una combinación de los dos anteriores, precios y salarios (Finlandia, Estonia, República Checa, Estonia, República Checa, Letonia, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania y Chipre).
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Ante este panorama, la fórmula de indexación unilateralmente aprobada por el PP en 2013, en contra de la Recomendación 2ª del Pacto de Toledo, es una anomalía. No sólo porque desnaturaliza la revalorización utilizándola como un mecanismo de ajuste presupuestario desvinculado de la evolución de los precios; sino, aun más grave, porque condena a los pensionistas españoles a una acelerada pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, al empobrecimiento. Hoy sabemos por el Banco de España, Fedea o Airef que, durante un largo periodo, las pensiones subirán un pírrico 0,25% cada año frente a la evolución de la inflación que se ha de situar, de media, en el 2%. Gracias, por tanto, al índice de revalorización vigente los 930 euros mensuales de pensión media hoy equivaldrán sólo a 754 euros dentro de apenas 10 años, 34 euros menos que la actual pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.
Este atajo hacia la sostenibilidad financiera del sistema se articula a través de un drástico recorte de la cuantía de las pensiones. Pero con ello sacrifica otras dimensiones de la sostenibilidad que son igualmente imprescindibles: la social, porque genera un riesgo de insuficiencia y pobreza; la jurídica, porque una regulación así tiene difícil encaje en nuestro marco constitucional; y la política, porque el coste electoral del empobrecimiento de nueve millones de pensionistas en un contexto de crecimiento económico es insoportable para cualquier gobierno.
Vuelvo al principio. No son sólo Bélgica y Hungría, como decía Rajoy el pasado miércoles: el poder adquisitivo se garantiza en todos los países europeos. España debe dejar de ser la excepción.
