Han vuelto las banderas a los balcones. También ahora constituye un movimiento de reacción frente a un grave intento de romper el marco constitucional. Y aunque las circunstancias son muy distintas, quizás sea el momento de recordar aquel 6 de diciembre de 1981. Nueve meses y medio después del traumático 23-F, el tercer aniversario del referéndum constitucional, el 6-D se convirtió en una fiesta de exaltación democrática y de orgullo colectivo por haber superado la amenaza involucionista. Los cuatro grandes partidos políticos (UCD, PSOE, AP y PCE), por iniciativa propia y al margen de los canales oficiales, habían hecho un llamamiento a los ciudadanos para que ese día rindieran homenaje a la Constitución y, con tal motivo, sacaran a sus ventanas y balcones la bandera española, en un intento de romper el monopolio que pretendía ejercer sobre ella la ultraderecha. A aquel llamamiento se fueron sumando las instituciones estatales, territoriales y locales, así como los sindicatos y organizaciones sociales. Las espectaculares manifestaciones de repulsa que habían seguido al golpe de estado de febrero hacían confiar en el éxito de la convocatoria. Pero no dejaba de ser una apuesta arriesgada. ¿Sacaría la bandera la derecha más conservadora, dividida ante la decisión de Manuel Fraga de condenar el 23-F y que compartía todavía un alto índice de rechazo de las nuevas instituciones? ¿La sacaría el partido de la abstención, que se había hecho notar en las elecciones de 1979 y del que tanto había hablado la propaganda golpista? ¿La sacaría la izquierda, gran parte de la cual la había aceptado por razones estratégicas, aunque seguía guardando un amor profundo y mal disimulado a la tricolor? Para muchos españoles, pues, la decisión de colgar la bandera no resultó nada fácil. Fue objeto de conflicto en miles de hogares. Recuerdo perfectamente las dudas de un militante del PCE, educado en el recuerdo a sus familiares represaliados por defender los colores de la República. Aceptar formalmente la Monarquía y su bandera a cambio de la legalización del partido, abriendo así camino al juego democrático, había sido una cosa; ¿pero cómo se le podía pedir, decía él, ese compromiso individual de colocar en su casa la bandera que los suyos identificaban con la de los enemigos de siempre? Y recuerdo también el relato de las fortísimas discusiones en el seno de una familia de tradición castrense en la que el padre era el único de su bloque de viviendas militares partidario de poner la bandera en su ventana. El momento ayudó, sin duda, porque todavía eran tiempos de zozobra para los demócratas. Durante el mes anterior, la prensa se había hecho eco insistentemente del descontento de las Fuerzas Armadas y de la presión de éstas sobre el Gobierno de Calvo-Sotelo. Y no eran rumores infundados. Diversos actores políticos pedían un gobierno de concentración ante lo delicado del momento. Y por si fuera poco, la propia víspera, el 5 de diciembre, el Manifiesto de los Cien resucitó los fantasmas del golpismo militar. Llegó el 6-D y, después de todo, lucieron las banderas en las casas de aquellas familias a las que antes me he referido y en varios millones más. Desde luego, ese domingo España fue una fiesta. Varios periódicos habían repartido el día anterior la enseña nacional con el lema de "¡Viva la Constitución!", y en muchas tiendas de tejidos y grandes almacenes se habían agotado las existencias de bandera vendida por metros. Colocada en balcones, ventanas, vehículos de transporte público y particulares, farolas y rincones de todo tipo, gran parte de la geografía española se cuajó de rojo y amarillo. Y entonces esos colores pasaron a tener un significado nuevo en nuestra historia: por primera vez, eran símbolo y expresión de orgullo democrático, de ilusión colectiva por los valores constitucionales. Y no era una guerra de banderas; no había banderas enemigas. Como fiesta de la nación demócrata fue todo un éxito: una fiesta cívica digna de ser estudiada por Albert Mathiez. Probablemente, sus efectos no fueron ajenos a la consolidación definitiva de la democracia, ni tampoco a los decisivos acontecimientos de 1982. Pero los años pasaron: el escenario político español cambió, por fortuna para todos, y ya sin tensión, sin amenazas involucionistas, aquella espléndida movilización ciudadana fue perdiendo gas sin saber del todo por qué y ante la indiferencia de los actores políticos. Cierto es que, en 1983, el 6 de diciembre fue declarado oficialmente Día de la Constitución; pero las banderas fueron desapareciendo progresivamente de los balcones y esa fecha pasó a ser una conmemoración casi exclusivamente institucional, aparte del festivo perfecto para un puente de vacación anticipada. Quiere decirse que poco tiempo después se había dilapidado un capital simbólico inestimable y dificilísimo de conseguir; y lo que pudo ser el comienzo de un ritual periódico de cohesión de nuestra compleja España, nación de naciones y regiones, quedó en una singular oportunidad perdida. Una ley de 1987 confirmó la fecha del 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional de España (en términos similares a como lo había proclamado un real decreto de 1981). No fuimos pocos los que nos vimos defraudados por aquella decisión del legislador, sin duda bienintencionada pero poco afortunada y el tiempo parece demostrarlo-, ya que hurtaba al 6 de diciembre el protagonismo que correspondía a la Constitución, refundadora de una nación plural y democrática.Vivimos en un Estado complejo, necesitado de delicados equilibrios y deficitario en símbolos y rituales de identidad colectiva capaces de movilizar, o mejor dicho, de emocionar. Y si estamos de acuerdo en reservar alguna fecha para recordar nuestra identidad histórica y potenciar nuestro proyecto común de futuro y se supone que en eso consiste una fiesta nacional- , ninguna mejor que la del 6 de diciembre. En 2018 se celebrará el 40º aniversario de la Constitución Española, probablemente abocada por entonces a recobrar plena fortaleza mediante la activación de su procedimiento de reforma. Sería una magnífica ocasión para empoderarla, convirtiendo en fiesta nacional el día de su aprobación por la ciudadanía.
