19 de Noviembre de 2017, 10:56
Una de las causas de la inestabilidad política y creciente desafección ciudadana hacia la Unión Europea tiene que ver con la crisis económica más grave del último medio siglo y con sus devastadores efectos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad. Durante los años más duros de esta crisis, el impacto de la política europea de austeridad, disfrazada de las (mal llamadas) reformas estructurales en el ámbito nacional, fue aceptado con resignación por amplias capas de la población como una corrección, en parte, necesaria ante la magnitud de la adversidad económica; y, en parte, justificada por la extensión de la idea de que el sobredimensionamiento de los Estados de bienestar en los países europeos había, como mínimo, contribuido a agravar las dificultades, si no a generarlas.
En un contexto económico distinto más favorable, por mucho que persistan multitud de problemas y que, desde luego, no esté exento de riesgos, la carga de profundidad de algunos de los cambios llevados a cabo durante los últimos años empieza a ofrecer unos resultados preocupantes, por ejemplo, en términos de precariedad laboral o de desigualdad. Y, de este modo, la población sale poco a poco del aturdimiento provocado por los efectos más dramáticos de la crisis y comienza a tomar conciencia de la magnitud de los recortes que se han producido a lo largo de este periodo crítico.
La respuesta política en el ámbito de la UE se ha hecho esperar. Tras un proceso que solo se inicia en septiembre de 2015, los líderes europeos acaban de aprobar en la cumbre social de Gotemburgo el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esta declaración institucional, no vinculante, recoge veinte grandes principios articulados en torno a dos grandes ejes. Uno, relativo a las garantías de los trabajadores, defiende la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y la preservación de unas condiciones laborales justas. El otro, de vocación más amplia en lo subjetivo, reivindica un nivel de protección social adecuado y sostenible.
Tiempo tendremos para analizar detenidamente su contenido. Basten de momento estas sintéticas reflexiones acerca de tres aspectos que la Comisión tuvo muy presentes al impulsar esta iniciativa política (véase la Comunicación de 8 de marzo de 2016).
En primer lugar, la declaración parte de la constatación de que el proceso de construcción europea, indiscutiblemente centrado en la convergencia económica en torno a un mercado único, ha dado también lugar al desarrollo de un acervo sociolaboral destacable cuya importancia ha quedado demostrada durante el periodo de crisis económica. A pesar de los recortes, no solo ha servido para amortiguar las consecuencias sociales de la caída de la actividad y el aumento del desempleo, sino que ha actuado también como estabilizador automático de la economía para preservar la capacidad de consumo evitando un frenazo económico aun de mayor entidad.
En segundo término, la iniciativa apunta igualmente a la necesidad de adaptar la articulación de estas instituciones típicas de protección social y laboral a un contexto marcado por la profunda transformación de las sociedades europeas (progresivo envejecimiento de la población por el alargamiento de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del baby boom) y del mundo del trabajo (digitalización de la economía, superación de las notas tradicionalmente características de la relación laboral). La supuesta obsolescencia de algunas de estas respuestas tradicionales abre un debate acerca de la necesidad de su reformulación o, al menos, de su adaptación a un entorno socioeconómico distinto.
Y, tercero, se considera que la consagración de un pilar social, como apuntalamiento de unos rasgos compartidos por los sistemas de protección sociolaboral, ha de contribuir de forma decisiva a la consolidación de la unión económica y monetaria. Parece reflejarse que la relegación de este componente constituye uno de los defectos originales de carácter estructural en el diseño del Euro que explican las enormes dificultades y dramáticos sacrificios que han debido afrontar algunos países, con Grecia como caso más destacado.
Como conclusión, es evidente que el nuevo Pilar Social, esa imprescindible respuesta que debían ofrecer las instituciones de la UE para reenganchar a millones de ciudadanos al proyecto europeo, llegue ya demasiado tarde para aquellas personas que más han sufrido las consecuencias de la crisis y de la política de austeridad a ultranza. Y parece casi seguro que en la actual configuración como declaración interinstitucional sin valor jurídico su capacidad para fortalecer la dimensión social de la Unión Europea resultará insuficiente. Hoy sigue siendo evidente la subordinación del componente social en un proyecto de marcado carácter económico. Pero no puede negarse que es un paso adelante y quizá un anhelado punto de inflexión en el proceso de integración europea.
