Se han cumplido los peores pronósticos. Hace sólo 72 horas advertí que la huída de Puigdemont y otros ex-consellers a Bélgica iba a ser muy contraproducente para ellos mismos y para el resto de encausados. Los evadidos acabarán más pronto que tarde ante la justicia española y con toda seguridad serán enviados a prisión provisional, cosa que hubiera sido muy poco probable que sucediera de haber permanecido en España. Además, tras ese viaje a Bélgica, el resto de imputados corrían un riesgo tremendo de ser ingresados también en prisión al observar la juez la actitud de los que se fueron a ese país. Y los primeros presos, los Jordis, si bien lo más probable es que quedaran en libertad provisional una vez convocadas elecciones autonómicas, ven consolidada indebidamente su situación de prisión. Un auténtico desastre bien previsible. Varios de los abogados de los hoy presos han hecho declaraciones en este mismo sentido.
Dicho lo anterior, hay que afirmar inmediatamente y con serena vehemencia que la prisión es completamente improcedente por varias razones estrictamente jurídicas. Repasando el auto de la magistrada, la parte más extensa del mismo se centra en elaborar un relato que sustente un delito de rebelión. Se extiende la instructora en que existía una acción coordinada y que implicaba a muchas personas para articular un proceso independentista, cosa que nadie duda y que, por cierto, en derecho es perfectamente legítima, siempre que no se vulnere norma legal alguna, no hay que olvidarlo. Es como pretender la república o cualquier cambio de régimen, siempre que no se quiera avanzar hacia una dictadura. En democracia se puede instar y movilizar a la población en este sentido. Si no se vulnera norma legal alguna para ello, nada hay que decir.
Pero tras ello se centra el auto en justificar que ha concurrido violencia, cuando la misma no ha existido desde ningún punto de vista. Digámoslo claro: la violencia son barricadas, pedradas, armas, amenazas y otros muchos medios que causa escalofríos siquiera mentar. Nada de ello ha existido en las movilizaciones independentistas, como han reconocido todos los actores internacionales. Sólo se han registrado algunos absurdos desórdenes y muy puntuales daños al patrimonio, pero nada que se asemeje en absoluto a la violencia propia de una insurrección. Absolutamente nada. Cualquiera de las muchas movilizaciones antisistema -esas sí son insurreccionales- de las últimas décadas han venido acompañadas de auténtica violencia, y no de actos de movilización o, a lo sumo, de resistencia pasiva que nada tienen que ver con execrables actos de agresión. Las múltiples -aunque siempre puntuales- movilizaciones independentistas han sido sistemáticamente pacíficas.
En consecuencia, como no hay violencia no existe rebelión, ni tan siquiera sedición porque ninguna de las movilizaciones pretendía poner a nadie al margen del ordenamiento jurídico. Es decir, que el delito por el que hoy han ingresado en prisión los diversos imputados simplemente no existe. Y no existiendo tal delito, no procede la prisión. Tampoco la de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ojalá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrija estas resoluciones manifiestamente erróneas con la misma meteórica celeridad imprimida a los ingresos en prisión.
Pero lo más grave, con diferencia, del auto, es la explicación del riesgo de fuga que justifica la prisión provisional. En este punto ha primado en la magistrada el factor humano, y es que alarmada muy probablemente por la huída de Puigdemont -así lo reconoce expresamente el auto- se dicta la prisión del resto de imputados. Es decir, que se ha juzgado el riesgo de fuga de unos en función de la conducta de otros, asumiendo que actúan de forma coordinada, cuando más bien parece todo fruto de un comportamiento tremendamente precipitado -y esencialmente absurdo, por no decir algo peor- propiciado por el temor a la prisión de un grupo de imputados. Esta decisión judicial es contraria a la imprescindible individualización de la conducta de los imputados, ineludible en una medida tan grave como la prisión provisional.
En estos momentos lo más sencillo es usar la demagogia hablando de presos políticos y hacer críticas extrajurídicas a la actuación de la magistrada, así como explicar los previsibles efectos de este auto en la opinión de los votantes catalanes en pleno período electoral. Voy a hacer un ruego: dejemos a la política y a los políticos en paz. Aquí estamos en presencia de un auto en mi opinión erróneo a todas luces, y no, en ningún caso, ante una medida represiva propia de una dictadura. Confiemos en la Justicia para corregir sus propios errores, también en este caso. Se me podrá llamar iluso, pero no albergo ninguna duda acerca de que el error de hoy se va a corregir, y hasta quizás lo hará -ojalá- la propia magistrada, que como cualquier juez posee criterio más que suficiente para corregir sin problema alguno sus propias decisiones, también en este caso.
Por último, con el máximo respeto que, pese a la clara discrepancia, tengo por el criterio de la magistrada, querría añadir unas líneas sobre la estrategia de defensa de los imputados. Los mismos pueden mantenerse, faltaría más, en la opción política del independentismo, porque así lo permite el ordenamiento jurídico español, profundamente democrático en este punto como no puede ser de otra forma. Pero convendría mucho a su defensa que manifestaran su voluntad expresa de defender este objetivo dentro de las vías estrictamente legales, renunciando a toda desobediencia. La razón es sencilla, y no es un desdoro de sus posiciones. Es evidente para cualquier observador que la independencia por vías extralegales simplemente no es posible. No ha conseguido ningún reconocimiento internacional en absoluto, lo que resulta imprescindible en estos casos. Sé que los diferentes imputados no van a hacer una declaración semejante, aunque no debieran olvidar que legitimaría enormemente su causa ante los ojos de una increíble pluralidad de ciudadanos independentistas y no independentistas.
No es ninguna derrota someterse a las leyes. Es el fundamento esencial de la democracia. En todo caso, debe advertirse muy claramente, esa renuncia no puede influir en su situación de prisión en ningún caso, puesto que esa prisión es, créanme que lamento decirlo, absolutamente desproporcionada por las razones que ya han sido expuestas.
