Sobre Catalunya y España. Frente a los nacionalismos, pluralidad

Permítanme empezar por declarar algunas de mis preferencias políticas, aunque sólo sea para que pueda entenderse desde donde miro la realidad que está sucediendo en Catalunya. No soy nacionalista, porque soy de izquierdas y, llámenme clásico, sigo pensando que la izquierda es incompatible con el nacionalismo. La izquierda está comprometida con un nosotros que incluye a todos nuestros congéneres y que prioriza a los más desfavorecidos. El nacionalismo, en cambio, sea del corte que sea, construye un nosotros vinculado a la cultura, al país, al estado, a la etnia, etc. En definitiva, me siento más cerca del refugiado sirio o del obrero de la Nissan en Cantabria o de Opel en Figueruelas que de la alta burguesía catalana, madrileña o andaluza.

Y aunque a muchos parezca sorprenderles, tampoco creo que sea compatible con la izquierda el nacionalismo español. Asumamos de una vez que el status quo de la configuración actual de nuestros Estados es fruto de una contingencia histórica, que incluye matrimonios reales, guerras, decisiones políticas acertadas o erróneas y un largo etcétera que nada tiene de ver con un pretendido orden natural de las cosas. Podría decirse que los Estados son como las verdades científicas, eternos mientras duran. No hay naciones indivisibles (por mucho que lo digan algunas constituciones) ni es sensato liarnos en una u otra bandera en nombre del pueblo.

Tampoco soy independentista catalán. Aunque la mayoría de los independentistas fundamentan su posición en bases nacionalistas, creo que cabe sin duda abrazar la causa independentista por otras razones (que seguramente están también presentes entre los motivos de gran parte de sus defensores). Así, históricamente hemos visto independencias justificadas en la huida de persecuciones o genocidios, en desavenencias étnicas, graves desencuentros culturales, etc., y también pretensiones secesionistas basadas en razones económicas. Pero no creo que ninguna de estas situaciones se den, o lo hagan con fuerza suficiente, en la relación entre Catalunya y España.

Las organizaciones que han liderado el proceso independentista catalán, desde el ámbito partidario y desde la sociedad civil, han promovido, además, una bochornosa falta de respeto de las reglas del juego (incluidas las establecidas por ellas mismas), donde toda estratagema vale para conseguir el bien superior de la independencia, aún sin contar con el apoyo de la mayoría del pueblo catalán. Afirman, de hecho, que "sólo así se puede hacer", como si eso no fuera en sí mismo una demostración de su impotencia.

El pretendido referéndum llevado a cabo el pasado 1 de octubre no sólo es claramente inconstitucional (puesto que la competencia de su convocatoria es estatal y no autonómica) sino que se llevó a cabo sin las más elementales garantías democráticas que permitan tomar en serio sus resultados. Así se ha repetido hasta el hartazgo por parte de las autoridades estatales: es ilegal y no tiene garantías.

Pues bien, siendo las dos cosas verdad, conviene formular dos observaciones que estimo muy importantes: 1) si un acto jurídico es ilegal por no haber sido realizado por una autoridad competente decimos, en derecho, que es nulo. Pero aquí hay que recordar la diferencia entre la nulidad y la ilicitud. La nulidad conlleva la falta de efectos jurídicos, pero no necesariamente la comisión de ilícito alguno, ni la aplicación de sanción alguna y mucho menos de la represión policial. Desde luego, cabe la posibilidad de que la realización de un acto jurídicamente nulo, con apariencia de legalidad, realizado con la expresa voluntad de vulnerar o subvertir el ordenamiento jurídico, sea también constitutivo de algún delito, pero desde luego el delito sería cometido por la autoridad que lo lleve a cabo. En definitiva, podría imputarse un delito (obviemos ahora su determinación precisa) a las autoridades convocantes del referéndum, pero no a los ciudadanos que papeleta en mano pretendían votar en los colegios. Poner la papeleta en la urna no es un delito sino, en su caso, un acto jurídicamente nulo, y de ningún modo justifica las cargas policiales contra ciudadanos que pacíficamente querían ejercer su voto. Esas cargas policiales contra la población fueron un profundo error político, no tienen justificación jurídica y deben repugnar a cualquier demócrata. 2) El referéndum no respetó las más elementales garantías procedimentales que otorguen fiabilidad democrática a sus resultados, de acuerdo con estándares internacionales, españoles y ni siquiera de acuerdo con la llamada ley catalana del referéndum. Es también, como ya dije, sin ninguna duda inconstitucional; pero no estoy de acuerdo en que no quepa en nuestra constitución un referéndum pactado, convocado por la autoridad estatal competente, que ofrezca espacio a todas las voces y argumentos y que sitúe la decisión de algo tan importante donde debe estar, en la voluntad popular. Por supuesto, cabe también (y quizás es la mejor solución) que esa consulta popular se vehicule a través de un referéndum de reforma constitucional, pero es imprescindible que se haga algo claramente en esa dirección.

El punto crucial, sin embargo, es en mi opinión entender por qué la represión policial y judicial del independentismo (tanto si se dirige contra sus dirigentes políticos como contra la población) es un profundo error político. Lo es, en mi opinión, por dos razones fundamentales: 1) porque a día de hoy cerca de la mitad de la población de Catalunya se declara favorable a la independencia, de forma persistente, pacífica pero firmemente decidida. Y es un error de cálculo increíblemente burdo pensar que la represión policial y judicial contra la población o contra sus dirigentes no producirá aún mayor determinación e incluso sumar varias decenas de miles más de ciudadanos a la causa independentista. Ésta no es cosa de dos líderes políticos, sino de cerca del 50% de los catalanes. Y 2), porque muchos de los que como yo rechazamos sin dudarlo la causa independentista, creemos también que ésta es expresión de un manifiesto mal encaje de Catalunya en España, que está mal resuelto tanto institucionalmente como culturalmente. Esas son las causas de fondo de este movimiento, un malestar que han aprovechado los líderes independentistas para prometer un iluso mundo mejor, el del Estado catalán, en el que todos viviremos con pensiones más altas, respeto cultural, más infraestructuras, sin salir de la UE y hasta con el paroxismo de prometer no perder la nacionalidad española.

Por eso, si se quiere abordar seriamente el problema y no enconarlo, es imprescindible afrontar esas causas de fondo, ofreciendo a los catalanes un mejor encaje de Catalunya en una España que se reivindique y se reconozca a sí misma como plural. Vamos por partes:

Con razón o sin ella muchos catalanes (y diría que la situación no cambiará mucho para vascos o gallegos) sentimos que el reconocimiento de la diversidad cultural española es escaso o, al menos, insuficiente. Bastará aportar algunos ejemplos: A. Puede un ministro de educación español defender en el Congreso que uno de los objetivos de la ley de educación es "españolizar a los niños catalanes" sin que deba dimitir inmediatamente y ni siquiera rectificar y pedir disculpas. B. Puede decir una presidenta de la Comunidad de Madrid, ante dos ofertas de adquisición de la empresa eléctrica ENDESA por parte Gas Natural (empresa catalana) y EON (empresa alemana) que si ENDESA tiene que ser extranjera, mejor alemana. Todo ello sin que deba dimitir ni rectificar y pedir disculpas. C. Puede advertir una presidenta de Andalucía a sus conciudadanos de los peligros de tener sus ahorros en una entidad financiera catalana sin que deba dimitir ni rectificar o pedir disculpas. D. Resulta significativo que haya cerca de un centenar de cátedras de catalán en universidades del mundo (fuera de los territorios de habla catalana), pero ninguna en el resto de España. E. Como lo es, por ejemplo, que el Museo del Prado, por poner un ejemplo entre miles, tenga audioguías en una quincena de idiomas, pero no estén en catalán, euskera y gallego.

Los ejemplos podrían multiplicarse casi indefinidamente, pero no les aburriré con un memorial de agravios. Sólo quiero que sirvan para mostrar que es imprescindible construir una sólida política de reconocimiento y respeto de la diversidad cultural española, que es una riqueza a proteger, pero que demasiadas veces parece considerarse una desgracia que nos ha tocado soportar (¡con lo bien que nos entenderíamos todos en la uniformidad del castellano!).

Podrá decirse que algunas de esas manifestaciones son salidas de tono de determinado/a político/a, pero convendrán conmigo que fuera de Catalunya no produjeron la repulsa social y mediática que merecen.

Déjenme empezar por un par de preguntas retóricas: ¿alguien cree que es imaginable en España tener un presidente del Gobierno catalán, que haga gala de su catalanidad? (Y no me refiero a que sea nacionalista catalán, claro). ¿Alguien duda de que hacer expresión de anticatalanismo es políticamente rentable en una parte importante de España? Basta responder honestamente a estas preguntas para entender que un ciudadano catalán pueda sentirse ciudadano de segunda en la España de hoy.

Pero más allá de estas cuestiones algo etéreas, hay hechos políticos de primera magnitud que han humillado reiteradamente los sentimientos de muchos catalanes y los han llevado hacia el independentismo a unos y hacia la profunda incomodidad a otros. No es casualidad que en el discurso más difícil del President  Puigdemont (esperado por los suyos para celebrar la independencia y en el que, en cambio, dio un importante frenazo que abre una oportunidad de diálogo) se hiciera especial referencia a esos hechos: se trata de hitos que marcan un sentir muy transversal en Catalunya, que va mucho más allá del independentismo. Por eso, partir de ellos puede ser una buena forma de comprender la situación y de estar mejor preparados para afrontarla. Recordaré los que estimo más significativos:

1. En 2006 se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía para Catalunya, por una gran mayoría del Parlamento Catalán (con la excepción del Partido Popular). Posteriormente se aprueba por el Parlamento español, previa modificación de algunos artículos, y, finalmente, se aprueba en referéndum por los ciudadanos de Catalunya (con un 74% de votos favorables y una participación de sólo el 48% del censo).
2. El Partido Popular inicia una recogida de firmas en toda España contra el Estatuto Catalán y lo recurre al Tribunal Constitucional, se promueve un boicot a los productos catalanes y Mariano Rajoy llega a pedir en el Congreso de los Diputados que se convoque un referéndum en toda España (sin ninguna cobertura legal) sobre el Estatuto de Autonomía Catalunya. Curiosamente se recurren artículos del Estatuto Catalán que están presentes también en otros Estatutos de Autonomía no recurridos y que, en consecuencia, siguen estando hoy vigentes.
3. En 2010 el Tribunal Constitucional dicta sentencia considerando inconstitucionales algunos artículos del Estatuto y reinterpretando otros. La Sentencia se inscribe en una tendencia claramente recentralizadora, su redacción es muy poco cuidadosa con los símbolos catalanes, y llega después de una bochornosa operación de manipulación del propio Tribunal Constitucional (con Magistrados cuyo mandato había finalizado meses antes, la recusación de un Magistrado por haber hecho años antes un dictamen para la Generalitat, etc.) que hizo que no se reunieran las condiciones adecuadas para dotar de auctoritas a la decisión misma. 
4. La Sentencia del Tribunal Constitucional es un caso claro de mal diseño institucional, por cuanto no tiene sentido que el control de constitucionalidad se produzca una vez consultados los ciudadanos en referéndum. El resultado es un Estatuto que no ha sido aprobado por los ciudadanos de Catalunya, puesto que cabe entender que muchos de ellos pudieran haber votado que no a la redacción e interpretación resultante de la Sentencia.
5. Todo ello ha tenido expresión en la calle desde el año 2010, con no menos de 8 manifestaciones en las que participaron más de un millón de personas cada vez, sin que esa expresión continuada de malestar haya recibido ninguna respuesta ni se haya intentado encauzar con una imprescindible reforma federal de la Constitución española.
6. Aunque el alcance cuantitativo es discutible y discutido, nadie duda de que hay un claro desequilibrio en la financiación autonómica, que perjudica sobremanera a Madrid, Comunidad Valenciana y Catalunya, entre otras, y que ha sido aprovechada por algunos nacionalistas catalanes bajo la expresión "España nos roba". Lo injustificado y ofensivo del eslogan (a la altura de algunos de sentido contrario citados más arriba) no debe esconder la imperiosa necesidad de revisar un sistema de financiación autonómica evidentemente desequilibrado.

En resumen, no se trata ahora de negociar con quienes desde organizaciones civiles, desde partidos políticos y desde el gobierno catalán han violado todas las reglas del juego, propias y extrañas. Se trata de ofrecer un mejor encaje de Catalunya en España a millones de ciudadanos catalanes, independentistas o no, que no son ciudadanos de segunda en España y que muestre que estamos en un país que entiende y promueve la pluralidad. Eso exige finezza, altura política y pedagogía, no caer en la dinámica de acción-reacción y no aumentar la tensión ni sucumbir a la fácil provocación emocional de uno y otro lado, que sería muy difícil de reconducir.

Exige también entender que la solución no pasa en ningún caso por la represión policial y judicial. La solución requiere, indudablemente, reconocer la legalidad como campo de juego común, pero sin lugar a dudas no basta con la legalidad para resolver un problema político de primera magnitud. De hecho, puede decirse que el derecho ordena las relaciones sociales en situaciones de normalidad, pero ya hace tiempo que claramente la relación entre Catalunya y España ha dejado de transcurrir por los cauces de la normalidad. No sólo son ejemplo de ello las decisiones de la Generalitat y de la mayoría parlamentaria que forman Junts pel sí y la CUP, que "innovan" continuamente incluso respecto de las reglas por ellos mismos aprobadas. También lo son la atribución al Tribunal Constitucional de competencias sancionadoras difícilmente compatibles con ser un órgano al margen del Poder Judicial, una intervención de las cuentas de la Generalitat sin las garantías procedimentales que requiere la propia Constitución, una actuación de la Fiscalía que ha ido mucho más allá de sus funciones, la admisión a trámite de procedimientos por sedición en una Audiencia Nacional más que dudosamente competente para ello. Todos estos son ejemplos de cómo el derecho no es el mejor instrumento para abordar un problema claramente político: el derecho deberá reinar de nuevo cuando sea la expresión de la solución política encontrada.

La pausa puesta este día 10 de octubre a la carrera hacia el abismo por el President Puigdemont debería ser aprovechada para pasar de las apelaciones al diálogo a las propuestas concretas que permitan visualizar que una España y una Catalunya más amables y plurales son posibles. En estos días en que se están produciendo manifestaciones en la calle de todos los colores, si algo resulta claro es que las visiones uniformadoras son siempre fruto de reduccionismos interesados. Corresponde a la política ofrecer los cauces institucionales, con respeto de las reglas del juego, para que esa pluralidad sea reconocida. En definitiva, necesitamos que la política alumbre un nuevo marco constitucional en el que, volviendo a la normalidad, el derecho nos pueda gobernar. Estamos a tiempo, pero al borde del precipicio.