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Cuando vendimos nuestras vidas a Eulen

Marga León

3 de Septiembre de 2017, 21:38

Para un país que deposita las mayores esperanzas de prosperidad económica en el turismo, las colas en los controles de seguridad en uno de los mayores aeropuertos a principios del mes de Agosto se ha convertido en un problema político de primera magnitud.  En un momento en el que la clase trabajadora pierde fuerza a raudales, la huelga convocada por los trabajadores de Eulen, encargados de la seguridad del aeropuerto de Barcelona, parece paradigmática. Mientras empleados de la multinacional de servicios asumen los riesgos de un paro para denunciar sus pésimas condiciones laborales y pérdida de poder adquisitivo, el Ministerio de Fomento decreta unos servicios mínimos del 90% el mismo día en que el paro se convierte en indefinido. El gobierno justifica el laudo arbitral por una supuesta colisión entre el derecho a huelga de estos trabajadores y la pacífica convivencia con otros derechos fundamentales, en concreto nuestra libertad de movimiento y nuestra seguridad (para un análisis detallado del laudo arbitral lean a Daniel del Prado.

Resulta entonces que estos "servicios esenciales" están por encima de los intereses individuales de quienes facilitan su ejercicio. Y así es con otros servicios también esenciales, claro. El estado tiene que garantizar el buen funcionamiento no sólo de los aeropuertos, también tiene que velar por nuestro derecho a ser atendidos en un hospital por personal sanitario, o rescatados de un incendio por el cuerpo de bomberos, o asegurar la escolarización aunque vivamos en el último cerro. Es precisamente por esta razón por la que las profesiones vinculadas a estos servicios esenciales están protegidas y cuidadas con unos convenios colectivos dentro del sector público que proporcionan estabilidad y condiciones dignas. O estaban. La externalización de la gestión de servicios de titularidad pública ha corrido como la pólvora desde que comenzó a aplicarse a nivel estatal, autonómico y municipal, en los años duros de la crisis. Esta progresiva y opaca desinversión pública tiene una razón y al menos dos consecuencias. Las subastas de bienes colectivos al mejor postor reducen costes, esta es la simple razón. Como las opciones de las empresas en estas pujas se limita a la competitividad en precios y además se trata de sectores de mano de obra intensiva, el margen de beneficio es estrecho y fuertemente dependiente de los costes salariales. La consecuencia número uno por tanto es que existe una relación directa entre la externalización de servicios y el deterioro de las condiciones laborales. La consecuencia número dos es que con cada una de estas operaciones perdemos la capacidad de salvaguardar estos bienes y servicios colectivos de las fauces del mercado. Cada vez que Eulen (o equivalente, porque no es la única) consigue una licitación, unos pocos ganan y todos perdemos.  El Secretario de Estado de infraestructuras declaró en el mes de Agosto que la petición de aumento salarial de los trabajadores del Prat estaba fuera de lugar por no ajustarse a la realidad. Calificó la petición de imposible e hizo un llamamiento a la racionalidad. A la racionalidad.

Detrás de cada adjudicación de servicios de seguridad, escolares, extraescolares, socio-sanitarios o sanitarios encontramos personas que trabajan por salarios de miseria, con jornadas interminables y tareas imposibles. Estas condiciones comprometen ineludiblemente cualquier criterio de calidad y sacrifican la legítima aspiración de vivir en una sociedad más justa, solidaria y responsable. Extraña racionalidad.

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