1 de Septiembre de 2017, 21:09
La suerte que tiene el PP es la ausencia de alternativa viable con la actual composición política de las Cortes Generales y, en este sentido, no se vislumbran perspectivas de cambio a medio plazo. Ante la tan grave crisis planteada por el independentismo catalán, la respuesta inmovilista del PP probablemente bloqueará (o casi) en lo inmediato el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero su absoluta ausencia de propuestas políticas acabará pasando factura a todo el sistema.
Esto ocurre porque el PP es un partido estructuralmente ultraconservador, incapaz de asumir que la Constitución de 1978 requiere hoy de profundas reformas. Además, con Rajoy al frente el problema se agrava puesto que ha dado reiteradas y sobradas pruebas de su incapacidad para protagonizar la modernización del Estado. El PP sabe que siempre será un partido secundario en Cataluña, de ahí que haya optado por la máxima firmeza antisoberanista puesto que ello le refuerza en el resto de España. Esta opción estratégica puede dar dividendos electorales en lo inmediato, pero es muy negativa para recuperar la legitimidad del sistema perdida en Cataluña.
El PP es un partido nacionalista español (aunque formalmente no se reconoce como tal) y su concepción del Estado autonómico es de mera descentralización administrativa, no de reconocimiento de la diversidad interior de identidades nacionales plurales y del máximo autogobierno político diferenciado. Rajoy insiste continuamente en su clásica trilogía de la "unidad de España", la "soberanía nacional" y la "igualdad de todos los españoles" para justificar su absoluta ausencia de voluntad reformadora del sistema constitucional. Aún más regresiva es su afirmación de que España es la nación más antigua de Europa con 500 años de historia puesto que, en rigor, no se puede hablar de nación española hasta la Constitución de 1812.
Por tanto, uno de los grandes problemas políticos del presente es el rechazo de fondo del PP a reformar la Constitución, un marco de hecho insuperable para este partido ya que es lo máximo que hoy puede aceptar en materia de autonomías. Maíllo sostiene que precisamente ahora no hay que reformar la Constitución, pero si no es ahora, ¿cuándo? El argumento es que cualquier reforma ya no satisfará a los independentistas: desde luego, a los fundamentalistas ( o independencia o nada) está claro que no, pero no todos aquellos forman un bloque monolítico único. Esgrimir sólo el necesario acatamiento de la ley (una obviedad en cualquier democracia seria) e insinuar vagas promesas sobre una nueva fórmula (de momento, desconocida) de financiación autonómica e inconcretos aumentos de inversiones territoriales es completamente inútil a estas alturas y es asombroso que no se vea.
En definitiva, se ha llegado tan lejos en el proceso de deslegitimación del actual sistema constitucional que su reversión (por parcial que sea) requiere de una seria y profunda reforma constitucional. Hay que abordar este debate cuanto antes por dos razones: 1) el título VIII de la Constitución se ha quedado claramente desfasado y sólo un cambio federal con todas las consecuencias podría servir para su actualización y 2) con real voluntad política de cambio sería posible ganar el apoyo de muchos independentistas tácticos que podrían aceptar de buen grado una reforma federal.
Sin embargo, el PP no lo ve así y sigue anclado en posiciones continuistas que, a largo plazo, pondrán en verdadero peligro la estabilidad de todo el conjunto. En este sentido, el inmovilismo político de Rajoy es una bendición del cielo para los independentistas porque ello les puede hacer creer que cada vez más catalanes se convencerán de que España es "irreformable" y se pasarán a sus tesis. Con todo, en este campo las perspectivas tampoco son muy halagüeñas, no sólo por sus larvadas divisiones internas (con purgas incluidas)- bien que contenidas por la primacía absoluta otorgada a la cita del 1 de octubre-, sino porque la opción de romper la legalidad y adoptar procedimientos expeditivos de corte iliberal lleva a un callejón sin salida y al aislamiento.
En todo caso, el riesgo para el sistema político español es que la errónea estrategia del PP conduzca, al final, a un inesperado refuerzo social del independentismo (hoy limitado por la manifiesta mediocridad de sus impulsores). En este sentido, el PP, que tanto afirma "amar a España", debería preocuparse mucho más de los españoles (catalanes incluidos, por supuesto). Como le dijo Rocard a De Gaulle: "general, ame menos a Francia y más a los franceses". Para la derecha es mucho más fácil adherirse emotivamente a conceptos mitificados (la nación, la patria) que velar por los intereses de los ciudadanos reales. Si no cambia la perspectiva, el PP no le hace ningún favor a su querida España, una razón más para desear otro gobierno capaz de ofrecer una alternativa razonable entre el inmovilismo regresivo y la totalmente desaconsejable secesión unilateral.
