29 de Julio de 2017, 20:41
Mientras (no sólo) el Partido Popular descalifica la apuesta de Pedro Sánchez por el Estado plurinacional, la prensa explica que tras la reunión confidencial del pasado miércoles 19 de julio entre el Presidente del Gobierno y el Lehendakari se ha abierto la negociación para desbloquear el traspaso al País Vasco de las competencias sobre gestión del régimen económico de la seguridad social.
Este movimiento político del Gobierno permite a los estudiosos del estado autonómico plantear una nueva definición de nación o, si se quiere, de entidad política con un régimen específico, privilegiado, en el modelo autonómico vigente: accede a tal régimen aquella Comunidad que cuenta con un sistema de partidos propio en el que el Gobierno autonómico corresponde al partido que se sitúa en una posición decisiva para alcanzar la mayoría en el Congreso de los Diputados. Este concepto de nación (que sorprenderá a los negociadores políticos mucho menos que a los expertos) tiene muchas ventajas: no requiere reforma constitucional, no despierta críticas en el partido que está en el gobierno central (sea cual sea), no se limita al etéreo ámbito cultural, no es necesariamente generalizable (sí, existen precedentes no generalizados: el cálculo del cupo, los Mossos dEsquadra, tantos aspectos canarios y hasta especialidades aragonesas y gallegas, en su momento; y otros que sí lo han sido, de inicio o posteriormente: la participación en asuntos europeos, elementos del sistema de financiación común, consultas "no referendarias" ), no tiende a la independencia formal y, last but not least, es de constante, aunque aleatoria, actualización en cada convocatoria electoral.
Probablemente muchos lectores creerán exagerado comparar el traspaso de la gestión económica de la seguridad social (de nombre tan técnico y oscuro) con la (tan política y trascendente) afirmación de la plurinacionalidad. Lejos de mí la osadía de definir qué sea la gestión económica de la seguridad social y, menos aún, sus efectos sobre el sacrosanto principio de caja única, curiosamente no citado en la Constitución Pero desde luego ambos conceptos han sido hasta hoy inescindibles para todos los gobiernos (incluso los que rompían España, cuanto más para los del Partido Popular!), que se han resistido a las reclamaciones del País Vasco, envueltos en la bandera constitucional y la igualdad entre todos los españoles.
Y hay que decir que argumentos no le faltan a la Comunidad Autónoma: la Constitución reconoce al Estado competencias en materia de seguridad social limitadas a la legislación básica (esto es, sólo a dictar las normas fundamentales) y al régimen económico, pero "sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas" (art. 149.1.17); y crean que distinguir entre ejecución y gestión no es fácil ni para los más creativos de los juristas; y el Estatuto Vasco, como todos los estatutos, afirma que en materia de seguridad social corresponderá a la Comunidad Autónoma "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social" (art. 18.2).
No hay que descartar que la perspectiva de acuerdo no sea más que otras "lentejas" a ignorar posteriormente, en la mejor tradición de los recientes pactos del PP. Ni que los expertos de los gobiernos central y vasco hayan encontrado una fórmula creativa (o hasta "astuta") que permita compaginar lo que hasta hoy se consideró imposible: régimen económico descentralizado y unidad de caja (pues parece que en otros países lo habían conseguido ya, con alguna fórmula secreta). Lo sorprendente es que por un lado se defienda que lo que afirman la Constitución y el Estatuto no es sostenible pero, a la vez, no se proponga su reforma; y que lo que hoy se plantea como constitucionalmente inasumible mañana, según el correspondiente paisaje "nacional" del Congreso de los Diputados, pase a ser constitucionalmente posible, cuando no obligado.
Quizás ese reforma "federal" de nuestro modelo territorial, tan enigmática para algunos, tenga un posible contenido: acabar con algunas ambigüedades que permiten tan distintas lecturas (y frustraciones) en nuestros textos constitucionales y estatutarios; o, de paso, expresar la para mí invisible vinculación entre gestión económica de la seguridad social y derechos históricos vascos; pues si ésta no existe a la negociación entre el Lehendakari y el Presidente o la Vicepresidenta del Gobierno debiera invitarse a otras Comunidades; o hasta plantearse en una Conferencia de Presidentes! Claro que esa conclusión vale sólo para quienes no acabamos de asumir la identificación de un régimen especial con la posición clave en el Congreso de un partido de ámbito autonómico.
