27 de Noviembre de 2018, 19:53
Recientes declaraciones de altos dirigentes de bancos españoles alegando que la corrupción no tiene un efecto negativo en el crecimiento económico tienen fundamentos empíricos inconcluyentes. Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, declaró que la serie de casos que se están instruyendo no tiene por qué perjudicar ese crecimiento. En la misma línea, José Antonio Álvarez, de Banco Santander, dijo que pese a los casos de corrupción, "el sistema funciona, el entorno institucional es estable" y el país "tiene una seguridad alta para hacer negocios".
Los académicos llevan décadas estudiando el impacto de la corrupción en el crecimiento económico, encontrado resultados empíricos dispares. Se considera que la corrupción puede distorsionar la competencia, provocando una alza en los precios; el sobrecoste encarece el gasto público y aumenta la ineficiencia y el coste de los servicios públicos, a través de una alza en los impuestos y un coste social añadido (Murphy et al. 1991 , Rose-Ackerman 1997, Tanzi y Davoodi 1997 y Mauro 1998). Sin embargo, también hay académicos que argumentan que la corrupción ayuda a superar las ineficiencias burocráticas (Huntington 1968) o que simplemente no hay una relación linear empírica en países libres y puede llegar a ser beneficiosa en niveles bajos (Méndez y Sepúlveda 2006).
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Pese al debate académico, argumentar que en España la corrupción no afecta el crecimiento económico es una constatación simplista que subestima los efectos indirectos de otras variables. El coste social de la corrupción en España se ha calculado en 40.000 millones, entendido como el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos según la CNMC. Además, el sobrecoste relacionado con la falta de competencia se calcula alrededor de 48.000 millones.
Evidentemente, estos datos no demuestran una relación causal. Es difícil alegar que los problemas económicos que sufre España a día de hoy sean causados principalmente por la corrupción política. No obstante, argumentar lo contrario es pecar de una visión reduccionista de los problemas que deberían preocupar a nuestros dirigentes políticos. Alesina y Perotti (1992) enfatizan el peso que tiene la corrupción en la desconfianza en las instituciones y el descontento político que, a su vez, puede tener un impacto negativo en el crecimiento.
A pesar de que España no es un país con niveles de corrupción muy elevados, la percepción de la corrupción es preocupante. En el día a día, los españoles interactuamos con nuestras instituciones sin tener que pagar sobornos para ser atendidos en los servicios públicos. Sin embargo, es un país plagado de casos de corrupción política donde diferentes partidos han empleado fondos públicos para beneficio personal, malversado fondos o financiado irregularmente sus campanas. El cohecho, la prevaricación, o la financiación irregular son términos presentes a diario en los medios de comunicación.
Por lo tanto, no es sorprendente que los niveles de percepción de corrupción sean tan elevados. El informe de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 17º de los 28 países de la eurozona. Asimismo, los últimos datos del CIS apuntan a que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, tras el paro.
En términos de confianza institucional, dado que es subjetiva, son los niveles de percepción los que deberían preocuparnos como alerta sobre la salud de nuestro sistema político. Dado que los escándalos erosionan la percepción de nuestras instituciones públicas y su legitimidad, la corrupción conlleva altos niveles de desafección con el sistema (Torcal, 2014). Sin embargo, las percepciones no preocupan tanto a los inversores o empresarios como el crecimiento.
Si lo que nos preocupa es el impacto de la inestabilidad política sobre el crecimiento económico, este también es un tema que ha preocupado al mundo académico. Alesina (1996) usa datos de 113 países entre 1950 y 1982 para demostrar que el crecimiento es menor en aquellos países donde la estabilidad política es baja, y Jong-A-Pin (2009) llega a resultados parecidos. Otros académicos como Alesina y Perotti (1992) muestran cómo el ambiente de incertidumbre política tiene un impacto negativo en la inversión o altos niveles de inflación (Aisen y Veiga 2006), porque el horizonte estratégico de los políticos se reduce al corto plazo, similar al caso en un ambiente político corrupto.
Así pues, sin más medidas políticas y un marco regulativo que ayude a prevenir futuros casos, la credibilidad institucional es limitada. La creciente polarización política que está experimentando el país, y que ha llevado a partidos jóvenes a alterar el paisaje político, demuestra que los niveles de confianza en gobernantes corruptos son bajos y refleja la desconfianza en las instituciones públicas.
A la luz de los conflictos sociales, polarización política y altos niveles de desconfianza que hay en otros países occidentales como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, la importancia de la cohesión social debería ser suficiente motivación política para no perder de vista la importancia de las medidas anti-corrupción que debe adoptar el Gobierno, aunque algunos argumenten que su impacto económico es limitado. Pese a que la desconfianza y legitimidad política son variables más difíciles de cuantificar y serán siempre inevitablemente subjetivas, no debería razón de no incluirlas en el debate dado que son el mayor reto al que se enfrenta España.
