¿Referéndum antidemocrático?

Es recurrente la opinión de que hacer un referéndum consultivo de tipo materialmente autodeterminista en Cataluña no sólo es inconstitucional, sino incluso antidemocrático (así lo ha afirmado recientemente Antonio Arroyo en El País, 7-4-16). Es cierto que pueden albergarse dudas sobre el encaje jurídico formal de un tipo de consulta así, pero- en cambio- resulta sorprendente el segundo argumento. Desde el primer punto de vista, la expresión "todos los ciudadanos" del art. 92.1 de la Constitución parecería cerrar la opción a celebrar referéndum consultivos en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, pero no está de más recordar que el 30.1 impone el deber a los españoles de defender a España y, sin embargo, el servicio militar obligatorio se suprimió sin reformar ese artículo mediante una interpretación flexible del mismo. En todo caso, si la autorización de un referéndum consultivo autonómico necesitara un cambio explícito no puede olvidarse que  la reforma exprés del art. 135 ha sentado un precedente al respecto.

Al margen de las cuestiones legales, lo más relevante es dilucidar si un referéndum de estas características es o no democrático. La primera objeción habitual es la de señalar que es imposible porque afecta a la mítica soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español y no se puede "trocear", de ahí que- en todo caso- sólo sería admisible una consulta de tipo autodeterminista si pueden participar todos los ciudadanos españoles. Sin embargo, el carácter consultivo del referéndum implica que no es jurídicamente soberano (decisorio) y, por tanto, sólo sirve para revelar una opinión. Si un referéndum de este tipo diera una mayoría secesionista muy clara, eso tendría un fuerte impacto político, pero no afectaría (aún) a la soberanía nacional española puesto que- en todo caso- haría falta una reforma constitucional profunda a continuación que implicaría un referéndum vinculante de todos los ciudadanos españoles. Por tanto, es verdad que un referéndum consultivo autonómico no sería jurídicamente vinculante (por tanto, no sería soberano), pero también es cierto que ignorar un resultado muy claro sería suicida (precisamente por ello habría que precisar antes muy bien los tipos de quórum y la o las preguntas). El problema de fondo existe y no se puede soslayar y, además, ha venido para quedarse: hubiera sido mejor no haber llegado hasta aquí, pero el caso es que así ha sido y, por tanto, guste o no, el escenario (hoy lejano) de un referéndum consultivo de tipo autodeterminista posiblemente acabará llegando a medida que la correlación de fuerzas en España vaya cambiando a favor del mismo, lo que llevará su tiempo.

El argumento de que un referéndum de este tipo es antidemocrático no se sostiene si se consideran los impecables ejemplos de Quebec en Canadá y Escocia en el Reino Unido puesto que nadie puede negar las sólidas credenciales democráticas de ambos Estados. Por tanto, la demagógica tesis de Felipe González durante la campaña electoral de diciembre de que la autodeterminación defendida por cierta izquierda sería una ilusión a tenor del uso manipulativo que el estalinismo hizo de tal principio es una simplificación tan esquemática que se descalifica por sí misma. Finalmente se añade que la autodeterminación no tiene cabida en un Estado democrático y de derecho porque sólo está prevista internacionalmente para situaciones coloniales o dictatoriales. Es cierto que el Tribunal Supremo canadiense consideró que la autodeterminación, como principio formal, no tiene cabida en su país, pero ha reconocido que una demanda independentista tras una consulta con una pregunta clara y una mayoría clara obligarían a todas las partes a negociar una eventual separación. Por tanto, cuestiones semánticas aparte, a efectos prácticos materiales tal consulta no dejaría de ser una forma de autodeterminación, algo mucho más claro que el tan confuso "derecho a decidir"- que nunca se precisa bien- defendido por el soberanismo catalán.

Más bien, la postura un tanto incómoda es la de los partidos que defienden tal consulta para pedir el no a la secesión (Podemos y una parte de Catalunya sí que es Pot) puesto que se abre una vía que indudablemente es muy conflictiva y divisiva para defender, al final, mantener la unidad estatal. En otras palabras, es totalmente congruente que los independentistas defiendan la autodeterminación puesto que su estrategia es la de romper con el Estado, mientras que la de los favorables a tal derecho, pero contrarios a la secesión, sólo pueden argumentar asumir un paso tan drástico como ese por híperdemocratismo ya que una gran mayoría de la opinión pública catalana desea ser consultada. Por todo ello, tal vez cabría pensar hipotéticamente en la posibilidad de un referéndum que dejara abiertas no dos, sino tres posibilidades ya que- puestas así las cosas y a tenor de las encuestas- el escenario más probable sería el de la victoria en Cataluña de más autogobierno que el actual sin necesidad de llegar a la secesión.

En conclusión, en un mundo interdependiente y en una Unión Europea nada favorable a la creación en su seno de nuevos Estados procedentes de los actuales, el famoso "encaje" de Cataluña en España podría abrirse paso con tres objetivos: reconocimiento de Cataluña como comunidad nacional, exclusividad competencial en lengua, cultura y educación y un nuevo sistema de financiación mucho más autónomo que el actual. Es más, tal vez para conseguir todo esto ni siquiera necesariamente habría que llegar a un referéndum autodeterminista si la mayoría de los actores políticos concordaran razonablemente sobre tales objetivos, salvo que incluso así el apoyo social a hacer esa consulta siguiera siendo muy mayoritario (en cuyo caso sería insoslayable). Sin duda, todo muy difícil, complejo y hasta incómodo, pero no antidemocrático y, además, algo más factible  a largo plazo que la ensoñación de la independencia exprés en quince meses.