7 de Marzo de 2016, 23:20
La necesidad de reducir el gasto público en aras de evitar un eventual colapso del Estado de Bienestar se ha convertido en un lugar común en los últimos años. En el ámbito de las políticas de igualdad de género, incluso aquella normativa que implementaba recortes específicos tales como la eliminación de organismos, mencionaba explícitamente la necesidad de racionalizar el sector público y de controlar el gasto como justificación para este significativo retroceso. Así se enmarcó por ejemplo la supresión del Servizo Galego de Igualdade, que contaba con casi 20 años de historia. Los recortes eran por lo tanto un fenómeno que se consideraba inevitable y una mera consecuencia de la crisis económica, nunca una elección. Pero, ¿son los retrocesos en materia de promoción de la igualdad solamente una cuestión de austeridad o hay otros factores relevantes?
El primer y más obvio elemento al que prestar atención serían los propios presupuestos dedicados a este ámbito. En un estudio precedente pudimos examinar aquellos correspondientes al periodo 2002-2014 para las 17 Comunidades Autónomas y el gobierno central. El análisis de hasta 192 partidas presupuestarias dedicadas específicamente a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres nos dio interesantes claves a este respecto. Efectivamente, las diferencias entre el periodo de crisis y el de bonanza son significativas. Con anterioridad al año 2009 la tendencia general fue un aumento progresivo de los recursos invertidos en esta área, mientras que posteriormente en más de un 70% de los casos se produjo una contracción del gasto. Sin embargo, la presencia de crisis económica y la necesidad de aplicar políticas de austeridad no es el único factor explicativo. Al incluir en dicho análisis estadístico el color del partido político en el gobierno, constatamos que este es también un elemento de crucial importancia. Los resultados mostraron que allí donde hay un gobierno de derecha o centro-derecha hay cuatro veces más posibilidades de que se produzca un recorte en este tipo de partidas. No es por lo tanto sólo una cuestión de austeridad, sino también de ideología y de prioridades políticas.
Esta conclusión se ve reforzada si atendemos no sólo a quien recorta sino a como se recorta. Las organizaciones feministas y de mujeres han sido especialmente efectivas en señalar que las reformas implementadas para reducir el gasto público en el gobierno central han afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Documentos como el último Informe Sombra señalan una multitud de políticas públicas que han sido reformadas sin tener en cuenta su posible incidencia en la igualdad de género. No solamente se han paralizado actuaciones con un impacto evidente en la situación de las mujeres tales como la Ley de Dependencia o el Plan Educa3, sino que se ha incidido en ámbitos como el sistema sanitario o el mercado laboral sin considerar sus posibles efectos en términos de igualdad. En cumplimiento de la Ley 3/2007 de igualdad se debería haber incorporado la perspectiva de género en el diseño de este tipo de políticas de manera que se minimizaran sus efectos adversos. Sin embargo, se optó no sólo por recortar mucho sino también por hacerlo de forma injusta.
Esta misma conclusión emerge si se explora hacia donde evolucionan las escasas políticas que sobreviven al terremoto de la austeridad. El periodo de crisis parece haber proporcionado el contexto ideal para cuestionar ámbitos de actuación que se creían consolidados. De nuevo, con un notable protagonismo de los partidos de derecha. Hemos visto como el Partido Popular ha desafiado fehacientemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y como Ciudadanos ha puesto en cuestión la normativa en materia de violencia de género, aduciendo que el género no es un elemento tan determinante en este fenómeno. Esta reorientación del discurso ha tenido sus primeras consecuencias en términos de políticas y de recursos. Si bien la reforma de la ley del aborto no fue finalmente llevada a cabo en su totalidad, el PP sí se ha ocupado de impulsar un nuevo marco normativo de materia de apoyo a las mujeres embarazadas en aquellas Comunidades que gobernaba. Más allá de su apuesta por la protección del no nacido, estas leyes han representado una significativa reorientación del gasto. Implican que una parte de los escasos recursos que todavía se dedican a las políticas de igualdad van ahora dirigidos a subvencionar a organizaciones antiabortistas como la Red Madre, que impulsaron dichas leyes y que son sus principales beneficiarias.
La austeridad parece por lo tanto un factor explicativo de importancia relativa para entender la enorme involución en materia de igualdad. Donde y como se recorta es una clara opción política, mientras que la crisis ha constituido la excusa necesaria para cuestionar un ámbito de actuación estable y con una trayectoria expansiva. Está por ver en qué grado estos retrocesos son reversibles - y a qué ritmo-, así como el impacto que tendrán los cambios de gobierno en el ámbito autonómico y previsiblemente también en el estatal.
En este artículo también ha participado Natalia Paleo
