José Moisés Martín presentaba recientemente un artículo en el que establecía un paralelismo entre la actual denuncia de la "creciente desigualdad económica y social" y la que Al Gore impulsó hace unos años contra el calentamiento global. Este paralelismo resulta acertado porque, en ambos casos, se afianzan procesos de concienciación y sensibilización que buscan determinar la actuación de partidos y movimientos sociales. Resulta así relevante considerar qué diagnóstico y qué objetivos tiene el movimiento que hoy llama la atención sobre el aumento de la desigualdad.
Un nuevo informe de Oxfam ofrece algunas ideas respecto a esas dos grandes cuestiones. En su diagnóstico, la organización llama la atención sobre la "masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos", ese 1% de la población que controla política y económicamente el mundo. La respuesta que se propone para abordar esta desigualdad no sugiere sin embargo un cambio radical en los procesos de distribución de la riqueza, o en la forma pública o privada de su gestión. Se indican más bien ajustes que permitan que las personas sigan avanzando "juntas", previniendo el aumento de las tensiones sociales y el riesgo de ruptura social.
Oxfam no se dirige de hecho al 99% de la población que sufre, desde su punto de vista, las consecuencias de la creciente desigualdad para que se levante contra ella. El principal destinatario de su mensaje es el Foro Económico Mundial. Aunque esta fundación comparte la idea de que la desigualdad es una amenaza global, no deja de ser uno de los instrumentos de debate para ese 1% que se sitúa en el origen de los males asociados a la desigualdad. Lo que pide Oxfam es que los poderes políticos y económicos que dominan el mundo se reformen a sí mismos para hacer llegar los frutos del avance de la riqueza al resto de la población.
Se trata, por una parte, de incrementar su participación en el esfuerzo fiscal. A ello se orienta la petición de renuncia a la evasión a través de los paraísos fiscales y el respaldo a una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos. Así será posible "proporcionar a los ciudadanos asistencia sanitaria, educación y protección social universales", asegura la ONG. Se pide por otra parte que, en las empresas que posee o controla el 1%, se ofrezca "un salario digno a sus trabajadores", se respeten sus derechos y se eliminen las barreras a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta estrategia se completa con acciones orientadas a una mayor supervisión de la riqueza, con medidas firmes contra el secreto bancario, y a una mayor regulación de los mercados.
Como en el caso de la lucha contra el cambio climático, el movimiento contra la desigualdad cuenta con la simpatía y el apoyo de grupos intelectuales de peso en el ámbito global, por ejemplo las fuerzas intelectuales coaligadas en el Project Syndicate. En la aproximación al estudio de la desigualdad, su principal aportación es la exposición del tipo de mundo que llegará en los próximos veinte años, un mundo en el que la automatización provocará en los servicios los mismos ajustes de empleo que, en su momento, afectaron a la agricultura y a la industria.
Es en este contexto en el que, ocasionalmente, se plantean reformas de perfil algo más radical. Robert Skidelsky planteaba así en julio de 2015 al conservador George Osborne la necesidad de una Renta Básica. Y lo hacía desde la completa renuncia a considerar esta propuesta en términos de incentivación al empleo. Al contrario, en su planteamiento la Renta Básica sería un instrumento práctico para "hacer posible que la población viva sin trabajo". Esto es, para permitir la continuidad de una sociedad en la que el trabajo será una realidad cada vez más escasa.
El debate sobre la desigualdad se ve sin duda condicionado por la falta de apoyo estadístico suficiente o por las controversias metodológicas y conceptuales. Pero el trasfondo del debate no tiene nada que ver con ello. Lo que aportan Oxfam o el Project Syndicate es un llamamiento al poder económico y político mundial para que el capitalismo globalizado afronte la posible quiebra de la sociedad de bienestar.
Este riesgo es grande en un país que, como España, ha visto cómo empeoraban todos los indicadores de desigualdad a partir de 2008. El incremento de la desigualdad se vincula al mayor deterioro, durante la crisis, de la renta de la población situada en la parte más baja de la escala de ingresos (gráfico 1). Frente a una caída del 2,8% entre el 50% de población con mayor renta, entre 2008 y 2014 la reducción de la media de ingresos llega al 10,3% entre el 50% menos favorecido (excluido el 10% más pobre). Entre este 10% con menor nivel de renta, la caída de ingresos alcanza un 31,5%.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EU-SILC (Eurostat) y de la EPDS (G.Vasco)
En una sociedad en la que casi todos los sectores de la población ven caer sus ingresos, con excepción de una pequeña minoría, la tentación de aferrarse al discurso del 1% resulta inevitable. Sin embargo, la desigualdad de ingresos no puede limitarse a la dicotomía entre el 1% y el 99%. Tomando como referencia el tipo de familia conformado por una pareja con dos hijos, el gráfico 2 muestra la desigualdad en la media de ingresos mensuales por decilas de renta. Los 4.416 euros de media de los que dispone este tipo de parejas entre el 50% más rico de la sociedad española es tres veces superior a los 1.465 del 50% con menos ingresos (excluida la decila con menor renta) y 9,1 veces superior a los 485 euros del 10% más pobre de la sociedad. No hay duda de que, en países como España, la desigualdad en la distribución de los ingresos también es un problema dentro del 99%.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EU-SILC (Eurostat) y de la EPDS (G.Vasco). Los ingresos en se estiman en PPC, tomando como base el ingreso nominal en España. La media general por persona equivalente se presentan para una pareja con dos hijos menores multiplicando ese valor medio por el tamaño Eurostat equivalente (2,1).
Es probable que las medidas que se necesiten para sustentar el Estado de Bienestar en la sociedad robotizada que anticipa la ciencia requieran desbordar el tipo de prestaciones sociales que conocemos. Y que, para ello, sea necesario un nuevo modelo de capitalismo, sustentado en un muy superior compromiso fiscal del 1% que controla la economía mundial.
Pero mientras eso llega, la mitad más rica del otro 99% que conforma la población española debe preguntarse si, ella también, tiene la responsabilidad de contribuir a superar los muy bajos niveles de ingresos de la parte menos favorecida de la sociedad. Pensando en una familia con dos hijos, por ejemplo, ¿está dispuesto el 50% más afortunado de la sociedad española a seguir permitiendo que algunas de estas familias sigan viviendo con menos de 500 euros al mes? Esta es la pregunta que nos tenemos que plantear.
