4 de Febrero de 2016, 07:15
Esta semana, coincidiendo con la presentación del Indice de Percepción de la Corrupcion 2015 elaborado por Transparencia Internacional, la corrupción en España ha vuelto a ser tema de portada. La macro-redada que ha conducido al encarcelamiento de varios altos cargos del PP de la Comunidad Valenciana por el caso Imelsa, el estallido del caso Acuamed de presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados y la sentencia del Tribunal Supremo que anula la venta de acciones de Bankia o el juicio por el caso Noos y el mantenimiento de la imputación de la Infanta Cristina son sólo los últimos casos que han centrado la atención mediática de entre las más de 1700 causas por corrupción política que están siendo investigada actualmente en España.
¿Significa ello que España es un país profundamente corrupto? Depende.
Sí, si lo que tenemos en cuenta son las percepciones, empezando el Índice de Percepción de la Corrupción. Según este índice que está elaborado a partir de las opiniones de empresarios y analistas, España obtiene una puntuación de 58 puntos, la más baja desde 2007 -momento a partir del cual empieza haber datos sistemáticos- y se sitúa en la posición 36 de un ranking de países ordenados de menor a mayor percepción de corrupción. Estos datos proporcionados con los expertos coinciden plenamente con la percepción de los ciudadanos españoles. Los datos que mensualmente aporta el CIS muestran que la percepción de la corrupción como uno de los principales problemas de España está disparada desde enero de 2013, momento en que estalló el caso Bárcenas. Expertos y ciudadanos perciben que hay mucha corrupción y ello en parte se debe a que cuanto mayor es la atención que dedican los medios de comunicación a los escándalos de corrupción mayor es la percepción ciudadana de la corrupción como problema.
No tanta, si lo que se tienen en cuenta son los índices de victimización. Como ya he explicado anteriormente en España las personas que declaran haber asistido o haber sido víctimas de un caso de corrupción es relativamente bajo y se sitúa en torno a un 8 por ciento, una cifra que no dista de la del resto de países europeos. Lo singular del caso español es la distancia entre la corrupción percibida y la corrupción vivida. Y ello en parte se explica porque la corrupción en España es naturaleza política y no administrativa. Y como la mayor parte de ciudadanos no tiene contacto con lo político no la sufren directamente, aunque no por ello dejan de verse afectados por sus consecuencias.
