7 de Enero de 2016, 08:21
El PSOE se encuentra en una situación semejante a la que el Presidente Lyndon B. Johnson se encontró desde mediados de su mandato. Johnson tenía un ambicioso programa social -el más potente de la historia estadounidense- que poco a poco fue aprobando y que transformó el país, llevándolo hacia cotas de justicia social desconocidas en su historia: Ley de Derechos Civiles de 1964, Medicare, Medicaid, Ley de derecho al voto, Guerra contra la pobreza, Immigration and Nacionality Act... Al mismo tiempo que lanzaba todo ese conjunto de medidas socialmente progresistas, poco a poco, casi sin darse cuenta, fue aceptando medidas que el gran entramado industrial-militar le proponía en relación con los conflictos de Vietnam. Cuando se dio cuenta, a finales de 1965, ya eran más de 100.000 los efectivos desplazados al país asiático y se habían destinado 1000 millones de dólares para el envío de casi diez millones de toneladas mensuales en suministros y equipo. Todo esto no era sino el comienzo de una pesadilla que destrozaría el mandato de Johnson y le impediría presentarse a la reelección. En suma, decisiones que aparentaban ser menores, dejaron al país embarrado en una guerra terrible y sin capacidad económica y anímica para acabar de dar el salto definitivo hacia la Gran Sociedad que se anunció al inicio del mandato.
El PSOE, a través de decisiones aparentemente menores, se está embarcando en una guerra civil de dimensiones trágicas y olvidando su mayor activo: sus políticas sociales, sus excelentes cuadros y su completo programa de mejora de calidad democrática. Olvidemos tiempos anteriores, y la dificultad de aceptar, por parte de los perdedores, a los sucesivos Secretarios Generales que se han sucedido desde la salida de Felipe González. Centrémonos en la situación presente. En la semana previa a las elecciones de diciembre, las encuestas situaban al PSOE a punto de ser superado por PODEMOS y con un porcentaje de voto que apenas superaba el 20%. En ese momento, numerosos dirigentes locales y regionales comenzaron a moverse para preparar un recambio en la Secretaría General y generar una nueva mayoría. Mientras el candidato dedicaba toda su energía a ganar las elecciones, le llegaban constantes informaciones sobre los movimientos para destituirle. Y lo peor, esos movimientos eran filtrados a la prensa dejándole como un candidato sin apoyo interno y puramente provisional. Ciertamente, Pedro Sánchez había hecho bastante para revitalizar la guerra interna con sus decisiones sobre la lista de Madrid.
Pero cuando los primeros resultados empezaron a llegar y se vio que la debacle no era tanta y que, más aún, podía haber un gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez, la euforia interna en su equipo más cercano se desató y, en un rapto de nefasta precipitación, se organiza la contra-ofensiva. Pedro Sánchez quiere manos libres para negociar un gobierno y necesita retrasar el Congreso al que, además, se presentará de nuevo como Secretario General. Esta apuesta, con 121 diputados del PP y 92 del PSOE (a las 9 de la noche) es coherente y hasta bastante factible, más allá de los errores en las formas y la debilidad interna con la que se afronta. Pero la pérdida de dos diputados en los últimos estertores del recuento cambia bastante la situación. Ahora, ya no basta un acuerdo de izquierdas, sino es ya necesario un acuerdo con nacionalistas para poder gobernar. Más aún, dada la línea roja, que inmediatamente lanza PODEMOS, de exigir un referéndum sobre la independencia en Cataluña (para empezar), el acuerdo ya se hace extremadamente difícil.
Sin embargo, estos cambios de entorno no son adecuadamente procesados por el Secretario de Organización ni por Pedro Sánchez, los cuales plantean en la Ejecutiva la estrategia diseñada al calor de los resultados de las 9 de la noche. Obviamente, la respuesta de los dirigentes que ya la semana previa estaban diseñando la salida del Secretario General no se hace esperar. Su ataque se dirige contra los dos pilares de la propuesta de Pedro Sánchez; primero, no se le reconocen manos libres para negociar, pues la política de pactos se decide en el Comité Federal; segundo, no admiten el retraso en la convocatoria del Congreso y exigen su celebración en tiempo y forma. El primer pilar ha sido demolido con cierta facilidad, pues el propio Pedro Sánchez ha reconocido la imposibilidad de aceptar un referéndum de independencia para ponerse a negociar con PODEMOS y ha definido de forma inequívoca su rechazo a apoyar a Rajoy, en consecuencia, se han pactado de forma unánime cuáles serían las líneas rojas de la negociación por parte del PSOE y se ha dejado al candidato la estrategia y táctica concretas de negociación. En este marco estamos cuando se escriben estas páginas. Ante ello, se plantean dos grandes alternativas y una tercera pequeña y difusa puerta de salida de difícil concreción.
La primera alternativa es que los "barones y baronesas" decidan exigir un Comité Federal donde se apruebe la celebración del Congreso ordinario en las fechas que más se acerquen a lo legalmente exigible, en suma, probablemente marzo. Al tiempo, Pedro Sánchez verá cómo Rajoy se estrella en su intento de conseguir una mayoría de gobierno e iniciará su turno, pero sin saber si va a seguir siendo Secretario General y candidato del PSOE a las previsibles elecciones anticipadas a celebrar en mayo-junio. Es decir, se le hace prácticamente imposible negociar y se deja al país sin posible candidatura alternativa. Los meses de enero y febrero serán meses de guerra interna en el PSOE, pues es evidente que Pedro Sánchez no va a aceptar irse sin más, máxime cuando es su primer intento y el resultado podría haber permitido un gobierno por él presidido (otra cosa es que fuera un gobierno contra-natura e inmanejable). Como la opción de elección será entre candidaturas que se seleccionan por voto libre y abierto entre afiliados los resultados previsibles no son claros. Más aún, no existe una candidatura alternativa expresamente definida y concretada. La opción más lógica, la de la Presidenta de Andalucía y Secretaria General del PSA es extremadamente arriesgada. Esencialmente, porque si ganara la elección, inmediatamente después tendría que presentarse a unas elecciones a las que el PSOE llega desangrado y sin nuevos datos o propuestas que lleven a votarlo por parte de quienes no le votaron antes. Dejar Andalucía para este empeño es, sencillamente, suicida. Y si no es Susana Díaz ¿quién puede ahora mismo aglutinar una mayoría alternativa a Pedro Sánchez en el PSOE? ¿Podría dejarse en manos aventureras este partido centenario en estas dramáticas circunstancias? Más aún, soñar con un Congreso lleno de debates inteligentes, sensatos y profundamente democrático es de ilusos, sobre todo porque, además, la agenda mediática y su sistema de selección de issues hará que sólo se hable de quién gana y quién pierde, no de qué dicen sobre España unos y otros.
La segunda alternativa es que se retrase el Congreso hasta después de las elecciones anticipadas o, en su caso, hasta después de que se conforme un gobierno. En este caso, se deja a Pedro Sánchez ante un reto apabullante, pero que él parece dispuesto a asumir. Primero, el de intentar un acuerdo con la izquierda y la abstención de todo el resto de la cámara, excepto el PP. Segundo, el intento de acuerdo con Ciudadanos y la abstención de todo el resto de la Cámara para permitir este gobierno minoritario. Tercero, incluso la abstención de una parte de diputados socialistas para que gobierne el PP y lleve adelante su presupuesto en este año, dejando la puerta abierta a una posible redefinición de circunstancias en 2017. Finalmente, si nada de esto es posible, ante la convocatoria de elecciones anticipadas sería Pedro Sánchez quien afrontaría el reto de ser cabeza de lista, aunque muy previsiblemente se le definirían unos requisitos en la conformación de las listas de manera que estas estuvieran equilibradas en su selección y se evitaran bloqueos posteriores a nuevas mayorías en el partido. Esta alternativa parece que evita el espectáculo de la pelea interna, obliga a acuerdos internos en la definición de programas y listas y sitúa al PSOE como un partido que intentó generar gobierno pero que no pudo y actuó responsablemente. No son las mejores galas pero parecen mejores que las de la alternativa inicial.
La tercera salida, la más difícil y arriesgada, sería aceptar un gobierno de gran coalición en la que el PP asuma la Presidencia los dos primeros años de gobierno (inicialmente sin Rajoy a la cabeza, aunque esto sería muy difícil) y el PSOE, en su caso, los dos siguientes, con un acuerdo por parte de los barones y la actual dirección en que el Congreso de mayo definirá quién será el/la Secretario/a General y, con ello, el Presidente/a de Gobierno cuando le toque, además de decidir si se convalida o no el acuerdo. Para ello, Pedro Sánchez y los barones tendrían que asumir el acuerdo y defenderlo ante las bases, debería dejarse claro que la candidata alternativa sería Susana Díaz y debería asumirse que, si no se convalida el acuerdo, quien gane el Congreso tendrá que asumir la búsqueda de una moción de censura. El riesgo evidente es el de la victoria de un bloque alternativo a las mayorías existentes que generaría enorme incertidumbre y promovería el descontrol interno en cada federación.
Tras todo este análisis, parece que el PSOE se aboca a un proceso de convulsión y lucha por el poder muy destructivo y dañino también para el país. La sensatez debe primar y, por ello, las prioridades entendemos que, por este orden, deben ser las siguientes: 1. Paz interna o, al menos, evitar ahora la lucha cainita, posponiendo el Congreso, aunque sea dudosamente democrática la opción; 2. Buscar todas las alternativas posibles de gobierno sin el PP y sin independentistas. 3. Aceptar las elecciones anticipadas sin cambio de candidato pero con listas consensuadas. 4. La gran coalición, siempre que sea aprobada por los militantes y se asegure un periodo de presidencia igual entre los dos partidos. Ninguna de estas opciones son las que desearíamos en un mundo ideal, pero la ética de la responsabilidad es lo que recomienda o, al menos, esto es lo que podría defenderse desde un sincero ejercicio de neutralidad. Al final, de lo que se trata es de aprender mutuamente a convivir en un partido centenario en tiempos de pluripartidismo. La actual dirección deberá entender que no puede ya tomar decisiones importantes sin pactarlas con las/os dirigentes territoriales y las/os dirigentes territoriales deberán entender que estos tiempos exigen dirigentes con manos libres para la negociación en el marco de una estrategia compartida. Y, lo esencial, ambos grupos deberían aprender a poner por delante los intereses del país y del partido por encima de sus odios, ambiciones o, incluso, sus legítimas discrepancias.
