18 de Diciembre de 2015, 12:03
Todo análisis de un sistema tributario debe centrarse, al menos, en dos cuestiones: la suficiencia y la equidad.
En efecto, lo primero que se ha de dilucidar es si los ingresos que se obtienen son suficientes para sostener los gastos públicos. En nuestro país, la respuesta ha de ser negativa, como pone de manifiesto la existencia de un abultado déficit público que, en la previsión del Gobierno para este año, se elevará hasta el 4,5% del PIB (unos 47.000 millones de euros). Este desfase presupuestario, que supone un incumplimiento de la normativa comunitaria, solo puede remediarse reduciendo los gastos o aumentando los ingresos (o realizando ambas cosas a la vez). A ese respecto, se ha de tener presente que el gasto público en España es, en términos relativos, inferior al de la media de la Unión Europea, tal y como se ilustra en el Gráfico 1 (44,5% PIB frente al 48,2%). Igualmente, se ha de constatar que en nuestro país se recauda menos, con una diferencia aún más acusada, que en la media del resto de países europeos, como se pone de manifiesto en el Gráfico 1 (38,6% frente a 45,2%). En opinión de la mayoría de expertos, esta baja presión fiscal podría equilibrarse a través de la ampliación de las bases imponibles (que se lograría principalmente por medio de la reducción de beneficios fiscales), así como mediante la reducción del fraude fiscal, cuyo volumen siempre incierto parece ser claramente superior al de los países de nuestro entorno.
Gráfico 1. Ingreso y gasto públicos en relación con el PIB en la UE (2014)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
Por otro lado, la justicia de un sistema tributario dependerá evidentemente de los valores políticos de los que se parta. En todo caso, en la última legislatura se pueden constatar las siguientes tendencias: se ha elevado sustancialmente el tipo de gravamen del IVA (pasando del 18 al 21%); se ha producido un claro aumento en los tipos de gravamen máximos del IRPF, aunque esto se ha atenuado sensiblemente en el último año (así, el tipo máximo en 2011 se elevaba al 45% mientras que para 2015 se ha establecido en el 47%); el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades se ha reducido en dos puntos, si bien también se ha procedido a la eliminación de la mayoría de las deducciones; las diferencias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones siguen siendo muy relevantes a causa de las decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas y, por último, el Impuesto sobre el Patrimonio se exige ahora en todo el país (con la única excepción de la Comunidad de Madrid).
Así las cosas, resulta muy interesante conocer las propuestas de los partidos políticos para saber cómo esperan conseguir en su caso nuevos ingresos públicos y, sobre todo, cómo quieren repartir la carga tributaria entre todos los contribuyentes.
