23 de Noviembre de 2015, 05:18
Con motivo de la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del 7N, el gobierno declaró que los fondos destinados a combatir la violencia de género no solo no habían disminuido sino que habían aumentado. Veamos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los últimos años y comprobemos si es verdad. Es cierto que fue hace dos años, en 2014, cuando el presupuesto alcanzó su nivel más bajo: 21,8 millones de euros, y que desde entonces el presupuesto para la violencia de género se ha incrementado, exactamente en un 8,6% en 2015 y en un 6,3% para 2016. Pero la partida presupuestaria para 2016 es de 25,2 millones de euros, un 26% más bajo que en 2010, año en el que se alcanzó el máximo de financiación con 31,5 millones. Esto significa que si continuamos incrementando los fondos destinados a prevenir la violencia de género a igual ritmo, no recuperaríamos el nivel de 2010 hasta el año 2022. La insuficiente dotación de fondos explica que hayamos pasado de 73 mujeres con orden de protección de cada 100 mujeres que la solicitan en 2008 a solo 56 en 2015, a pesar de haber descendido las denuncias y órdenes de protección solicitadas. Como estamos comprobando estos días los recortes en la lucha contra la violencia machista son mortales.
Por otra parte, la evolución durante estos últimos años de la partida presupuestaria destinada a las políticas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido aún peor. El presupuesto se ha reducido en más de la mitad desde 2008, al pasar de 43,2 millones de euros a 19,7 millones en 2016. Y aunque ha aumentado levemente desde su mínimo de 18,9 millones en 2013, a este ritmo de crecimiento anual necesitaríamos 56 años más, hasta el año 2072, para alcanzar el nivel de 2008.
Los recortes en los presupuestos para igualdad y violencia han sido denunciados, entre otras entidades, por la Plataforma Impacto de Género Ya! que realiza anualmente una revisión del impacto de los PGE en las desigualdades de género. El Manifiesto feminista sobre los PGE 2016, presentado por la Plataforma este año y firmado por más de 100 asociaciones, destaca que desde el inicio de la crisis se ha recortado mucho más en políticas de igualdad de género y de prevención de la violencia machista que en otras políticas públicas, a pesar de que suponen solo el 0,0103% del PGE. El Manifiesto señala también otros impactos esenciales de los recortes presupuestarios en la vida de las mujeres. Uno de ellos es la insuficiente dotación de fondos para las políticas de atención a la dependencia o cooperación al desarrollo; dos ejemplos, el importe destinado al pago de los intereses de la deuda es 100 veces mayor que lo que se gasta en conjunto en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia, y la Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene estancada en el 0,17% del PIB, el mismo porcentaje que a principios de los años 90. El análisis de la Plataforma también apunta al recorte del 22% en prestaciones por desempleo, y su impacto sobre el aumento de la pobreza, sobre todo de las mujeres al tener éstas una tasa de cobertura de desempleo inferior a la de los hombres. La pérdida de universalidad sanitaria; la suspensión por quinto año de la ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas; la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la ausencia de cualquier mención al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en la LOMCE son otras de las cuestiones que denuncian.
La Plataforma pretende con su manifiesto anual subsanar el deficiente Informe Oficial de Impacto de Género (IIG) que acompaña al proyecto de los PGE. Desde 2009 el IIG acompaña al PGE como elemento fundamental para la implementación del principio de transversalidad o mainstreaming y para la mejora de la calidad y de la evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, el informe se ha convertido más bien en un mero trámite en el que se enumeran programas presupuestarios vinculados con los objetivos de igualdad de género sin realizar ni un análisis de la cuantía en euros ni de las variaciones respecto a años anteriores, ni una valoración en profundidad del impacto de los presupuestos en la consecución del objetivo de igualdad de género. Asimismo, el informe no contempla el estudio de los fondos de la Seguridad Social ni los ingresos, aun cuando sabemos que la fiscalidad tiene un impacto de género muy relevante.
Además de los déficits que presenta el informe de impacto de género, un paso más en una verdadera incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas sería la realización de lo que se conoce como presupuesto sensible al género o presupuesto con enfoque de género, que analiza el proceso presupuestario público con objeto de determinar el impacto desigual de las políticas públicas sobre las mujeres en comparación con los hombres. Los presupuestos con enfoque de género constituyen herramientas estratégicas muy potentes para alcanzar la igualdad de género al visibilizar cómo las distribuciones de cada una de las partidas de gasto y de ingresos públicos afectan a las oportunidades económicas y sociales de mujeres y hombres por separado.
Los presupuestos con enfoque de género no son herramientas nuevas sino que comenzaron a aplicarse a mediados de los años 80, por lo que ya contamos con numerosos ejemplos y varias metodologías desarrolladas. El país pionero fue Australia y actualmente existen más de una cincuentena de iniciativas de presupuestos con enfoque de género en el nivel estatal, regional y municipal. Entre otros, países europeos como Suecia, Francia, Noruega, Alemania o Suiza los elaboran, o Emilia Romagna, donde tanto la propia región italiana como varios de sus municipios integran en sus presupuestos el enfoque de género con el enfoque de las capacidades o del desarrollo humano. En España, destacan el País Vasco desde 2002 o Andalucía desde 2003 como buenas prácticas de desarrollo de la presupuestación con enfoque de género.
La elaboración de presupuestos con enfoque de género es aún más relevante en el contexto actual de privatizaciones y amplios recortes en el gasto público que perjudican gravemente el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y que nos están haciendo retroceder en los avances realizados. Afortunadamente, el acceso de partidos con origen en movimientos sociales y plataformas ciudadanas al gobierno de muchos ayuntamientos está impulsando la demanda de herramientas que contribuyan a la rendición de cuentas y a la transparencia de los poderes públicos, como los presupuestos con enfoque de género o las auditorías ciudadanas de la deuda. Un ejemplo reciente es el del Ayuntamiento de Madrid.
