La palabra
recortes suele suscitar vívidas emociones. El hecho de que se produzcan activa todas las alarmas de quienes se sienten preocupados por el futuro del Estado de Bienestar. En ciertos sectores de la opinión pública, un recorte es la prueba inexorable de que estamos transitando hacia un nuevo modelo de bienestar, donde el sistema de protección público desempeña un papel cada vez menos relevante. No les falta razón a quienes se preocupan por este tipo de ajustes, especialmente en el período de crisis. Los recortes en algunos programas han dejado sin protección a colectivos necesitados de ella, que muchas veces tienen dificultades para procurársela por otros medios. Además, los recortes han privado de fondos a programas de inversión social que, más allá de la protección, contribuyen a cimentar sobre bases sólidas la cohesión y el futuro de la competitividad en un país, como la escuela infantil, la lucha contra la pobreza de niños y jóvenes o los programas de activación juvenil. Ahora bien, no está de más recordar que en esta crisis no todo han sido recortes sociales. Hay programas que han visto cómo su dotación presupuestaria crecía y lo hacía mucho, a ritmos superiores a los de antes de la crisis. Es más, en su conjunto, el gasto social se sitúa a niveles sin precedentes (en relación al Producto Interior Bruto) y por encima del volumen absoluto de gasto social (en paridad de poder de compra) que existía antes de la crisis. Muchos lectores estarán pensando en el incremento de gasto provocado por estabilizadores automáticos como la prestación por desempleo. Y, ciertamente, el gasto en esta partida se ha incrementado en correspondencia con necesidades crecientes provocadas por la crisis laboral, aunque el aumento presupuestario ha sido contenido por reformas que han ajustado los criterios de elegibilidad, la generosidad de las prestaciones y la inversión en
políticas activas. En términos absolutos ha crecido bastante más el gasto en pensiones contributivas, que en el período 2007-2015 han aumentado en 27.872 millones (o lo que es lo mismo, un 54%). También se ha incrementado de forma destacada el gasto en pensiones de viudedad: 5004 millones (o un 31%).
Fuente: Proyecto de Presupuestos 2015. Cifras y Datos, p. 109
Evidentemente, estos aumentos reflejan que hoy tenemos más pensionistas que en 2007; pero no sólo. La parte del león del aumento de gasto se la lleva el mayor importe de las pensiones que se pagan hoy. En 2007, la contributiva de jubilación media era de 760 euros mensuales, lo que equivale a 863 euros de 2015 (ajustando variaciones de IPC). En enero de 2015, un jubilado con pensión contributiva cobraba de media 1.011 euros. Es decir, tiene mayores recursos. Por otro lado, en 2007 la pensión de viudedad media (que hay que recordar que es compatible con el cobro de ingresos derivados del trabajo o de otras pensiones) era de 498 euros (566 euros de 2015). En 2015, esa misma media es ya de 627. No hace falta abundar en
los efectos, de sobra conocidos, de estas mejoras.
Se dirá que estas partidas honran derechos adquiridos de las personas vía contribuciones realizadas, y contra eso tengo poco que alegar, salvo que en el caso de las pensiones de viudedad los derechos los adquiere la persona de forma derivada (
por ser esposa/o de) y otros derechos adquiridos han sido recortados sin demasiados miramientos (como las prestaciones contributivas por desempleo). Mientras esto sucedía, los derechos de otros colectivos (generalmente no ligados al sistema contributivo) sufrían recortes, en algún caso muy lacerantes, porque afectaban a capítulos de gasto ya de por sí
poco dotados. Uno de los más afectados es el dedicado a infancia, donde según estimaciones del Centro de Estudios Económicos Tomillo para
Unicef, el Estado se gastaba en 2007 aproximadamente la mitad de lo que gastaba en pensiones (incluyendo educación, salud, prestaciones sociales y bienestar social) y en 2013 se gastaba, en cambio, una tercera parte. Los recortes se han concentrado en el período 2010-2013, donde el gasto total ha descendido 7.775 millones de euros (un 16,4%). El resultado es el gráfico que puede observarse a continuación.
Las partidas que las Administraciones Públicas se emplean en infancia han perdido peso relativo en el conjunto del gasto que realizan tanto las comunidades autónomas (responsables del grueso del gasto) como el Estado central. Estamos construyendo un
Estado de bienestar gerontófilo, muy capaz de defenderse frente a intentos de ajustar presupuestos en partidas que benefician a grupos de edad avanzada, pero muy vulnerable cuando las políticas en juego afectan a colectivos con intereses menos homogéneos o que, directamente, no tienen representación política. Por este camino no vamos a salir de la crisis necesariamente con
menos política social, sino con
otra política social.
