“Hace tiempo que sabemos que ninguna transición es gratis: todas tienen ganadores y perdedores.
Pocos temas hay más ideológicos y políticos en estos momentos que el modelo de transición ecológica; porque significa remover y repensar nuestro modelo de desarrollo. Tenemos que debatir sobre los diferentes modelos que hay, porque son muchos y puede haber muchos más”. Así iniciaba su intervención
Cristina Monge, politóloga experta en transición ecológica y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, en la jornada
La Transición Ecológica en el campo y las ciudades, organizada recientemente por Agenda Pública en Madrid; un espacio para el debate y la reflexión, lleno de matices y articulado mediante tres mesas redondas para analizar la complejidad y ambición que plantea este tema.
Impacto y asimetrías sobre la vertebración territorial
Monge puso el foco en el concepto de transición justa: "Llevamos mucho tiempo hablando de transición ecológica justa. Pero, ¿qué es?". "Es hora de que reconozcamos que la transición ecológica tiene una enorme dimensión política e ideológica" y de que empecemos "a debatir sobre esos modelos" diferentes sobre los que desarrollarla; pero hacerlo, "sobre todo, sin ocultar la realidad, y es que estamos ante una apuesta con profunda visión política", señaló.
Asimismo,
Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, destacó que, como consecuencia de la actual crisis de los precios de la energía,
se ha pasado de hablar "de que todo son beneficios a que todo sean costes". Reconoció que los tiene, pero también se mostró convencido de que "son mucho mayores las ventajas que los inconvenientes" y, además, que "los inconvenientes siempre se pueden mitigar" si se aprueban las políticas adecuadas.
Sin embargo, Pedro Linares, catedrático de ICAI, director de
Economics for Energy y miembro de la Comisión de Expertos que elaboró el informe de recomendaciones para la transición energética de 2018, hizo referencia a la investigación realizada junto con Marta Suárez-Varela y José Carlos Romero Mora en la que evaluaban
las implicaciones distributivas del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, una propuesta con la que los costes del régimen retributivo específico de las energías renovables que hoy pagan todos los consumidores en su recibo de la luz pasarían a ser financiados por los operadores de todas las industrias energéticas (petróleo, gas, electricidad). Linares apuntaba a que sus resultados encontraban un “componente territorial evidente” y que, tras la reforma, las zonas donde los hogares consumen los combustibles fósiles pasarían a tener costes energéticos más elevados que el resto; y que estas zonas de mayor consumo coinciden con las áreas rurales del interior de España. "En Teruel la gente gasta mucha más calefacción que en Algeciras", puso como ejemplo.
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Aunque estos resultados se refieren a una política concreta, sus efectos son extrapolables: "Si queremos hacer una transición que abandone los fósiles, lo lógico es que éstos se encarezcan, pero es evidente que eso castiga más a la población que depende más de ellos", dijo.
En la misma línea, Linares agregó que "cualquier transición debe tener en cuenta no sólo el componente territorial, sino también el temporal. A largo plazo, si esta transición se hace bien puede ser estupenda, pero a corto plazo a lo mejor es muy dura para mucha gente", especialmente para la que vive en las "zonas más frías", en las "rurales donde no hay transporte público y siguen utilizando su vehículo de combustión" y para los hogares que "usan butano", entre los que se incluyen aquéllos "más vulnerables" al estar el precio de la bombona "subsidiado".
Jesús Villamón, coordinador del grupo de trabajo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe y portavoz de la plataforma de La España Vaciada, advirtió sobre los peligros de no abordar el impacto específico que la transición ecológica puede tener en las zonas rurales. Afirmó que, en el caso de la provincia de Teruel, la transición "está muy lejos de ser justa". "
Hemos sido perdedores en esa fase de desmantelamiento de la 'carbonización'", refiriéndose al cierre de la central térmica de Andorra, "y lo que palpamos ahora es que también lo estamos siendo en la implantación, porque no vemos placas fotovoltaicas en los tejados, sino
mega-instalaciones de energía renovable destinadas a generar energía en territorios deprimidos para transportarla a territorios desarrollados".
Las palabras de Villamón encontraron una primera réplica de Fresco, que advirtió de que "uno de los problemas de esta transición es que hay que correr contra el tiempo". Ante esta situación de emergencia, remarcó que "
que hay que instalar energías renovables, como concepto, como idea, no es debatible. El qué y el cuánto no se pueden debatir".
Por su parte, Monge reconoció que "
tenemos un problema de gobernanza política y social" en relación con el despliegue de las renovables en el territorio, y que "basta con que un proyecto empiece a generar rechazos y suspicacias para que ya la sombra de la duda planee sobre todo el sector". En su opinión, el reto ante esta creciente conciencia social sobre los grandes proyectos renovables pasa por garantizar la adecuada "gestión de la biodiversidad", abordar "los problemas derivados de la instalación de grandes parques" que han hecho "de la naturaleza un activo económico" y asegurar la efectiva "participación del territorio".
Retos y oportunidades para el desarrollo de la economía
Alejandro Dorado Nájera, portavoz y consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, y
Miguel Gil Tertre, jefe de la Unidad de Análisis Económico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, protagonizaron la segunda sesión de la jornada sobre los retos y las oportunidades para el desarrollo de la economía que conlleva la transición ecológica. Lo hicieron desde dos perspectivas muy diferentes, pero complementarias: la de una Unión Europea con una amplia heterogeneidad de necesidades e intereses y la de una comunidad autónoma como La Rioja con un mundo rural y un sector agrario con un peso muy relevante.
Gil Tertre citó el Pacto Verde Europeo, al que definió como "un cambio radical de la estructura económica, de las maneras en que usamos la energía y el transporte, en que la industria fabrica y la agricultura produce alimentos". Por supuesto, no será sencillo: "Hay una toma de conciencia no sólo desde la Comisión, sino también desde cada vez más actores, sobre que
este cambio sólo se puede abordar si se tienen en cuenta los impactos macroeconómicos, los costes sobre las distintas regiones, capas sociales e industrias. No se pueden analizar estas cuestiones sólo desde el punto de vista
micro de cada sector, o como si fuera un cambio tecnológico más. Es un cambio realmente masivo y, por lo tanto, tendrá costes".
Aun así, se mostró convencido de que merecerá la pena. "Será positivo para la sociedad, pero no podemos cerrar los ojos a los costes en determinados sectores", señaló. Por esta razón, consideró que hay que impulsar medidas para mitigar o compensar los eventuales impactos negativos: "Es muy necesario saber cuáles son, porque tendrá que haber una acción distributiva para que aquellos más afectados vean compensado ese coste. La Comisión ha hecho varias propuestas y los planes de recuperación
NextGenerationEU también ofrecen oportunidades”, concluyó.
El consejero Dorado afirmó que "el coste de no hacer nada es mucho mayor que el de no hacerlo". Aun así, el proceso no será igual para todos: "La transición tiene que ser acompañada para que no haya un bloqueo social o económico, y la sociedad ha de acompasarse a este cambio con información y, también, con ayudas". Además, advirtió sobre algunas posibles interpretaciones del concepto de transición justa: "A veces,
si dices transición justa parece que asumes que la situación actual es justa; pero no lo es en términos generacionales ni geográficos".
Asimismo, Gil Tertre señaló que "es evidente que el incremento del precio del CO2 es un coste, pero la transición energética te lleva a precios más baratos en otros aspectos". Respecto a la actual crisis energética por el encarecimiento del gas, apuntó que
“si hubiéramos contado con una mayor penetración de las renovables, el impacto habría sido menor". En su opinión, existen dificultades para
descarbonizar directamente desde el carbón para muchos países europeos, y consideró también que el gas natural puede tener un papel durante esta transición.
En paralelo, Dorado puntualizó que "la transición es beneficiosa para luchar contra la crisis energética" dada su capacidad para "abaratar la energía y ser más independientes”. Reivindicó también el papel de las comunidades autónomas en el liderazgo de la transición ecológica: "En España, una parte importante de las competencias de medio ambiente recaen en ellas. Es lo que estamos intentando, por ejemplo, respecto al desarrollo ordenado de las energías renovables y el autoconsumo".
Garantías sociales para una Transición Justa
La tercera y última mesa de la jornada centró su atención en el impacto social de las transformaciones que implica la transición ecológica, así como sobre las garantías necesarias para que sea justa. Marta Suárez-Varela, economista experta en el tema, indicó que
no se puede ignorar que hay hogares que no poseen los recursos necesarios para afrontar los cambios exigibles. "Se da la paradoja de que los hogares con rentas más bajas son los que suelen habitar en viviendas más antiguas, peor aisladas y con menor eficiencia energética. Es cierto que se ha propuesto una solución, consistente en dar una subvención mayor o una deducción fiscal superior, pero se me plantea la duda de si cualquier subvención que no sea del 100% será suficiente", planteó.
Lo mismo sucede en el caso del vehículo eléctrico: "Hay una alta probabilidad de que las ayudas acaben concentradas en hogares de renta alta. Los de menos recursos apenas compran coches nuevos, mientras que los acomodados lo hacen en una proporción 200 veces mayor", planteó. "Hay medidas regulatorias que tienen consecuencias graves, como las zonas de bajas emisiones, con las que al final estamos limitando el acceso al centro de las ciudades a hogares de rentas bajas", concluyó.
En paralelo, Wilfredo Miró, responsable de Medio Ambiente del sindicato UGT, puso el foco en las divergencias de intereses y expectativas entre los distintos actores y colectivos cuando hablamos de transición ecológica. "En Glasgow se ha visto muy claramente la brecha que existe entre lo que demanda la Ciencia, lo que demanda parte de la sociedad y lo que están acordando los gobiernos". También se mostró convencido de que, aunque el balance neto de la transición ecológica para el empleo acabará siendo positivo, el reto está en dar respuesta a los trabajadores de los sectores y territorios afectados en el proceso.
"Las nuevas tecnologías verdes generarán empleo, seguramente más del que van a destruir, pero nuestro problema es ajustar la ecuación espacio-tiempo". En ese sentido, puso en valor el papel de los sindicatos para garantizar la equidad en las transformaciones que tendrán lugar. "El concepto de transición justa tiene un origen sindical", recordó.
José Moisés Martín Carretero, economista y consultor, remarcó su "optimismo" pero, también, que “la transición tiene que ser rápida, porque tenemos unos imperativos climáticos que están encima de la mesa; tiene que estar bien hecha" para que sea eficaz. Esto plantea un trilema, porque
si se hace rápido y bien "es imposible que sea barata". Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta su coste:"¿Cuánto cuesta la inversión para renovar toda la infraestructura energética, cuánto la rehabilitación energética de los edificios? Las cifras son mareantes:
podemos estar hablando del 2% del PIB mundial durante 30 años; para la Unión Europea sería el doble del 'NextGeneration' cada año. El nivel de inversión es tan grande que cuesta pensar que no llevará aparejada la generación de empleo".
Como cierre de su intervención y de la propia jornada, Martín Carretero puso cifras y perspectiva a la magnitud del impacto de transición ecológica para la economía global: "La crisis del 2008 generó una caída del PIB del 0,1%; la de la crisis del Covid ha sido del 4%; con lo que se espera del cambio climático, puede llegar a ser del 20%". "Estamos en un momento en el que tenemos que tomar las decisiones correctas y eso es posible, porque ya lo hemos hecho otras veces en el pasado; por eso hemos llegado hasta aquí. Se van a hacer las cosas bien, se van a poner los medios y se van alcanzar los consensos políticos y sociales necesarios".
Un mensaje de esperanza para abordar los grandes retos de una transición ecológica llena de complejidades con la que afrontamos el principal reto colectivo que hoy tenemos como sociedad.
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