La ‘caja de herramientas’ energética, una respuesta europea a medias

Por otra parte, se acerca la cumbre de Naciones Unidas para el clima, la COP-26, donde nos jugamos el futuro del planeta. En Glasgow, las diferentes partes deberán trazar juntas una trayectoria de reducción de emisiones coherente con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, a dos semanas de la cumbre, los líderes europeos se reunirán para discutir el incremento de los precios energéticos en los próximos días. Incluso los ministros de Energía han convocado un Consejo extraordinario solo unos días antes de la COP, manifestando la excepcionalidad de esta situación.

Como uno de los países que indudablemente ha sufrido más con la subida de precios, España ha sido el Estado miembro más proactivo de los Veintisiete, proponiendo soluciones de alcance europeo. "Ésta no es simplemente una cuestión nacional", decía el Gobierno en una carta enviada a la Comisión Europea, añadiendo que los estados miembros "no podemos seguir improvisando medidas ad hoc" cada vez que los precios se disparan. El marco regulador de los precios de la electricidad se ha determinado en Europa, así que la solución a esta crisis debe hallarse en Europa.

Entre otras medidas, España ha urgido a la Comisión Europea reformar el actual mercado marginalista de la electricidad, en el que todos los productores venden al precio de la energía más cara. Pero otras ideas, como la compra conjunta de gas para acumular reservas estratégicas y "ganar poder de negociación" han generado interés entre los diplomáticos de los Veintisiete. El Gobierno también se ha mostrado crítico ante la subida masiva de los precios del CO2 (que en un año se han incrementado de unos 25 euros por tonelada de CO2 a más de 61 euros) y ante la creciente especulación dentro del mercado de carbono (EU ETS).

Una 'caja de herramientas'

Sin embargo, la respuesta de la Comisión Europea ha sido tajante: en el corto plazo, los estados miembros (quienes, al fin y al cabo, deciden sus propios mixes energéticos) están mejor posicionados para resolver esta crisis. La Comisión presentó el pasado miércoles la llamada caja de herramientas para abordar el incremento de precios energéticos, pero no ha propuesto ninguna medida especialmente novedosa o extraordinaria, o ningún instrumento excepcional para regular esos precios.

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Por el contrario, la Comisión simplemente ha brindado una guía a los Veintisiete sobre cómo utilizar instrumentos nacionales y europeos ya existentes para protegerse de la subida de precios y mitigar el impacto en los ciudadanos y empresas, desde ayudas estatales a una reducción de impuestos sobre la energía y el uso de ingresos del mercado europeo de carbono para proteger a los ciudadanos más vulnerables. 

A medio plazo, la Comisión plantea un abanico de medidas, entre las cuales destaca la intención de pedir a la Agencia para la Cooperación de Reguladores Energéticos Europeos (Acer) que estudie los beneficios e inconvenientes del mercado eléctrico actual, quizá inspirada por las demandas españolas; todo ello a pesar de que la Comisión se ha mostrado en numerosas ocasiones en contra de reformar el sistema vigente.

Además, la Comisión se muestra abierta a la compra común de reservas estratégicas de gas, además de revisar las regulaciones actuales sobre la seguridad de suministro energético y estudiar cuáles son las zonas europeas con un mayor riesgo de sufrir una crisis de abastecimiento. Aunque el Gobierno español quería medidas más concretas y palabras más firmes por parte de Bruselas, puede que en diciembre la UE proponga reformas al mercado del gas para atenuar el riesgo de próximas crisis.

La Comisión prevé para mediados de ese mes la presentación de un conjunto de medidas legislativas sobre el gas, con el objetivo de alinear el llamado tercer paquete energético con los nuevos objetivos europeos de cara a 2030, además de incentivar la producción de los llamados gases renovables y reducir las emisiones de metano que resultan de quemar hidrocarburos. Según indicó la comisaria de Energía Kadri Simson, un plan para acumular reservas estratégicas comunes de gas puede formar parte de este nuevo paquete legislativo para su descarbonización.

Objetivo 55%’

España también tendrá la oportunidad de defender sus ideas para reformar el mercado europeo del CO2 en los próximos meses.  En julio, la Comisión propuso una serie de reformas en el EU ETS para que el mercado de carbono refleje el nuevo objetivo climático de la UE para 2030, como parte del paquete Objetivo 55% (Fit for 55). La revisión de la directiva se encuentra en proceso de negociación en el Parlamento Europeo y los estados miembros.

La reforma del EU ETS deberá reducir de forma gradual el número de derechos de emisión en circulación para alinear el mercado de carbono con el nuevo objetivo climático para 2030 de la UE, así como la inclusión de nuevos sectores económicos dentro del sistema: el transporte marítimo y por carretera y los edificios. Se prevé que los precios puedan llegar a los 90 euros por tonelada de CO2 de aquí al final de la década, lo que debería meter presión a las compañías energéticas para dar el adiós definitivo al carbón, incentivar el uso de combustibles limpios y la descarbonización de nuestra industria.



Pero el número de fondos de inversión participando en los mercados de CO2 ha aumentado exponencialmente en el último año, en gran parte porque los derechos de emisión se han convertido en la nueva commodity de moda, lo que ha llevado a los precios a dispararse. Los hedge funds y otros inversores ya han anticipado que los precios van a seguir subiendo ahora que la UE ha adoptado un objetivo climático más ambicioso, y son cada vez más los que están apostando por este mercado.

El encarecimiento repentino del CO2 ha alarmado a numerosos estados miembros, especialmente en Europa del este, donde el carbón todavía es una fuente de energía presente en muchos de los mixes energéticos de la zona y donde a muchas empresas les está costando cumplir con sus obligaciones de comprar los derechos de emisión en el EU ETS. Pero España también ha sido muy dura con la creciente especulación en el ETS, argumentando que éste es un mercado que debería limitarse a las compañías energéticas, industriales y aéreas que están obligadas a cumplir con este sistema.

Bruselas siempre se ha mostrado reticente a intervenir en el mercado y coartar la entrada de inversores, dado que su presencia aporta liquidez al sistema y demuestra la madurez del mercado de carbono. Aun así, la Comisión se ha comprometido como mínimo a investigar posibles "conductas anti-competitivas", y pedirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (Esma) que investigue la creciente especulación en el EU ETS.

Ante la crisis de los precios del gas, España se ha anticipado a proponer un abanico de soluciones europeas; y Bruselas está dispuesta, por lo menos, a estudiar la mayoría de ellas. Pero a corto plazo se va a ver obligada a tirar de la caja de herramientas que la Comisión ha propuesto, y capear esta crisis estará en las manos del Gobierno.

En los próximos meses, España tiene la oportunidad de seguir defendiendo estos intereses y propuestas en las negociaciones de los paquetes europeos de energía y clima. Con ello, no deberá perder de vista el objetivo final: una economía descarbonizada y una reducción drástica en el consumo de hidrocarburos en la próxima década. Sin esta vista a medio plazo, ni España ni la UE podrán lograr el Objetivo 55%.