Recientemente, la Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó al juez de distrito Gregorio Salazar Hernández una orden de aprehensión contra 31 científicas y científicos por los delitos de haber creado una asociación ilícita para delinquir mediante la apropiación de 244 millones de pesos mexicanos de propiedad estatal entre 2013 y 2019, el uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las personas acusadas afrontan más de 82 años de prisión. Encabeza la lista Enrique Cabrero Mendoza, destacado cientista político y ex director de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la agencia de investigación de México). Los restantes son integrantes del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil contemplada en la Ley de Ciencia y Tecnología y el Estatuto Orgánico del Conacyt, razón por la cual recibía desde hace 18 años financiación anual de dicho organismo.
Hace dos años, Conacyt decidió cortar esa financiación, ante lo cual el Foro recurrió de amparo, recibiendo una sentencia favorable de la Justicia. Ante ello, Conacyt modificó en 2020 su estatuto orgánico, traspasando las funciones del Foro a la propia institución estatal. Hasta aquí una contienda administrativa y financiera derivada de un cambio de política sobre quién debe cumplir la función consultiva, y un incumplimiento en cuanto a traspaso de recursos por parte de Conacyt antes de su modificación estatutaria.
Sin embargo,
la orden emanada de la FGR convierte la gestión del Foro y del Conacyt durante el periodo anterior en una actividad delictiva tan peligrosa que solicita al juez distrital la prisión preventiva de los imputados en una cárcel de alta seguridad mientras dure el juicio.
El juez ha denegado la solicitud, por considerar "que los recursos económicos que recibió el Foro por parte del Conacyt en el periodo 2013-2019 a través de sus directivos lo fueron con todas las facultades y bajo la legalidad establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en el momento de los hechos". Ante esa respuesta, Conacyt la recurrió en septiembre pasado ante un juez federal, con el
mismo resultado. Actualmente, la Fiscalía plantea recurrir por tercera vez ante la Justicia contra las y los científicos. Cuenta para ello con la denuncia de Conacyt (de 10 de agosto 2020), el apoyo de la directora general del organismo, Elena Alvarez-Buylla y la anuencia del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), quien señaló que "quien nada hace nada teme".
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La base de las acusaciones surge de un reportaje titulado
'La Mafia de la Ciencia' (el mismo nombre que usa el presidente para referirse a este asunto), del periodista Ricardo Balderas y publicado en marzo de 2020. La arista judicial de dicho reportaje ya quedó zanjada por las resoluciones de los jueces mencionados más arriba, pero
queda en pie la voluntad política del mandatario, la directora de Conacyt y el fiscal general.
¿Quién es el fiscal acusador? Se trata de Lorenzo Gertz Manero, un funcionario que ha colaborado con tres gobiernos (los del PAN, el PRI y ahora Morena) y que desde hace 11 años intenta ingresar en el Sistema Nacional de Investigación. Los comités de pares han rechazado su incorporación hasta en cinco ocasiones. Sin embargo, bajo la actual Administración la directora Alvarez-Buylla estableció un Comité
ad hoc, formado por tres personas, sólo para revisar este caso y que decidió incorporarlo al nivel 3, el de mayor jerarquía, sin pasar por los dos niveles anteriores, como es la práctica de la carrera académica en México. Resulta evidente, por tanto,
el conflicto de interés y el intercambio de favores que está teniendo lugar entre Alvarez-Buylla y Gertz Manero; a costa de algunos de las y los científicos más destacados del país. Pero no es todo: el periodista Guillermo Sheridan publicó un
reportaje donde estableció que Gertz Manero plagió textos ajenos para sus libros.
Ante estos hechos,
614 académicas y académicos reclamaron el final de la persecución y que se acatara la resolución de la Corte Suprema que "ya había sentenciado el 17/8/2021 (sentencia MI/SS/D/9941/2021) que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su
operación desde 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020". Lo propio hizo el rector de la Universidad nacional Autónoma de México (Unam), Enrique Graue, que consideró la acusación como "un despropósito inconcebible".
A modo de contexto,
el presupuesto para Ciencia y Tecnología se reducirá un 11,6% en 2022. El presidente mexicano ha afirmado que los científicos que se quejan porque ya no son apoyados por el Conacyt lo hacen porque "ya no se permite robar", y "manipulaban mucho y siguen manipulando". Durante su (diaria)
conferencia matutina, Amlo señaló que los que sienten nostalgia y añoranza son "los capos de la intelectualidad, del hampa, de la política y del periodismo; eso es lo que sucede realmente". El 24 de septiembre volvió a respaldar a la directora de Conacyt y a atacar a los científicos "supuestamente perseguidos", presentando un tuit ofensivo hacia su persona de alguien que no pertenece al grupo de los acusados pero que el presidente hizo pasar como tal (resultó ser un
trol).
En el caso de
Amlo, estamos en presencia de prejuicios anti-científicos, acusaciones genéricas y manipulación mediática. La directora Alvarez-Buylla se ha mostrado relativamente elusiva ("no sé de que me hablan", respondió recientemente a los periodistas), pero ha sustentado las denuncias aun después del fallo de la Corte Suprema y el cambio de estatuto que resolvía el diferendo. El fiscal actúa de manera arbitraria, contumaz y a todas luces excesiva, probablemente alentado por un afán de venganza personal pero, sobre todo, por el respaldo político que encuentra en el presidente. Incluso la alcaldesa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, señalada como favorita para suceder a Amlo, ha calificado de "exageradas" las acusaciones del fiscal.
La lucha contra la corrupción, altamente valorada por el público en todos los países y muy necesaria, está sirviendo para articular peligrosas operaciones de persecución política contra la comunidad académica mexicana y, por ende, de toda la región latinoamericana.
