Las energías renovables, claves en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, son ya en su mayoría competitivas y no necesitan apoyo público. Sin embargo, la necesaria apuesta y promoción de estas energías en el pasado la financian en la actualidad íntegramente consumidores de electricidad. Es decir, somos todos nosotros los que, a través de nuestras facturas de la luz, pagamos por la retribución que reciben las renovables instaladas hace años.
Esa cantidad ascendió en 2019 a más de 7.000 millones de euros y no se prevé que vaya a descender en los próximos años. En otras palabras, son los consumidores eléctricos los que están asumiendo la mayor parte del coste de la transición energética. Siendo la electricidad la fuente de energía que en mayor proporción puede producirse de manera limpia, no parece razonable que sea ésta la manera más adecuada de favorecer la deseada transición energética.
Por ello, el Gobierno acaba de presentar un anteproyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el objetivo de dar más estabilidad al sistema y cambiar la forma de financiación de los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, que pasaría a estar costeado por todos los operadores del sector energético, incluyendo a los sectores del gas y del petróleo. Así, el nuevo fondo responde a la necesidad de que más sectores energéticos aporten a la 'descarbonización' de la economía y da las señales económicas adecuadas para favorecer la electrificación de nuestra economía y, por lo tanto, acelerar la transición energética.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
Uno de los impactos más relevantes que tendrá el anteproyecto de ley es la reducción del precio de la electricidad, que el Ejecutivo estima que puede ser de hasta un 13%. Esta bajada es, sin duda, una gran noticia para las familias más vulnerables. En España, los datos muestran que las familias que menos ingresos tienen gastan en electricidad un gran porcentaje de su renta, mientras que para los hogares más ricos este consumo es relativamente más bajo. De este modo, podemos asegurar que todo el abaratamiento beneficiará notablemente a los hogares más vulnerables y con menores recursos.
Según el anteproyecto, los productores de petróleo asumirán el 43,7% del fondo, y no es improbable que buena parte de esos costes acaben siendo repercutidos sobre los precios finales de la gasolina y el diésel. Esto mismo puede pasar con el resto de bienes energéticos gravados. No obstante, este efecto no tiene por qué reducir la progresividad de la ley.
A pesar de lo mucho que se incide en el debate público sobre la regresividad de aumentar los precios de los combustibles fósiles, como ya ocurrió en el reciente sobre el diésel, lo que muestran los datos de consumo de los hogares españoles no apunta en esa dirección.
En España, son los hogares de renta media los que dedican mayor parte de sus recursos al transporte privado, mientras que los más pobres son los que menos gastan proporcionalmente. Además, muchos de los hogares vulnerables o de rentas bajas no disponen de vehículo privado o no hacen uso del mismo, especialmente aquéllos que residen en zonas urbanas y disponen de alternativas de transporte, por lo que no se verán afectados por los mayores precios de los combustibles, mientras que sí observarán un impacto positivo por el abaratamiento de la luz.
No obstante, sí cabe mencionar el posible efecto negativo sobre algunos hogares vulnerables muy dependientes del vehículo privado y sin alternativas. Para ello, será importante identificar a estos colectivos y diseñar medidas compensatorias. Aunque ya se apuntan en el anteproyecto medidas a tal efecto, será necesario diseñarlas cuidadosamente para asegurar la justicia social de la reforma.
En resumen, podemos concluir que el anteproyecto de Ley es un importante paso en la buena dirección en, al menos, dos aspectos fundamentales: por un lado, reconoce la necesidad de que todos los sectores energéticos participen en la financiación de las renovables anteriores, lo que genera incentivos a la electrificación y la descarbonizacion de la economía; y, por otro lado, la creación del fondo aliviará a los hogares vulnerables de parte del coste que soportan en sus facturas de la luz, haciendo que la transición energética pueda ser socialmente más justa.
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