17 de Diciembre de 2020, 17:55
El próximo 7 de febrero, Ecuador acudirá a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos para un período de cuatro años. Varios países de la región han optado por postergar sus comicios a la espera de la vacuna de la Covid-19; no es el caso de Ecuador, considerando que la Constitución establece fechas determinadas para que el Ejecutivo (24 de mayo) y el Legislativo (10 días antes) tomen posesión. Los 17 binomios presidenciales inscritos hasta la fecha reflejan la fragmentación del electorado, sin propuestas programáticas e ideologías claras.
Pongamos en contexto las características básicas del sistema electoral. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años, y facultativo para jóvenes de 16 y 17, mayores de 65, ecuatorianos en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las personas con discapacidad.
En cuanto al árbitro, por mandato constitucional le corresponde al Consejo Nacional Electoral organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente estos procesos, garantizando en cada una de sus etapas el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los sujetos. Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral es el responsable de conocer y resolver los recursos electorales, los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas y sancionar el incumplimiento de las normas. Sus fallos y resoluciones constituyen jurisprudencia electoral y son de última y definitiva instancia. Las organizaciones políticas son los partidos y los movimientos públicos no estatales, constituyen la expresión de la pluralidad política y sustentan concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.
El calendario electoral comenzó el 19 de junio, con la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas. Los comicios se convocaron el 17 de septiembre, a partir del 18 y hasta el 7 de octubre se inscribieron las candidaturas y en este momento transcurren los plazos para la apelación de las mismas. La campaña electoral arrancará el 31 de diciembre y se prolongará hasta el 4 de febrero. La primera vuelta se celebrará el domingo 7 de ese mes. Si ningún binomio logra la mayoría absoluta o el 40% de votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos sobre el segundo, habrá segunda vuelta el 11 de abril.
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Tras las elecciones seccionales de marzo de 2019, organizaciones de sociedad civil, de la Academia, analistas, medios de comunicación y las propias organizaciones políticas impulsaron reformas del Código de la Democracia. Para ello, fue necesario llegar a consensos y los actores políticos debieron analizar con criterio amplio los posibles beneficios desde perspectivas diversas y hasta contrarias. A pesar del disenso, hubo buena predisposición, la Asamblea Nacional priorizó un acuerdo entre bancadas y, en diciembre de 2019, aprobó las reformas en segundo debate, después del veto presidencial como co-legislador. Finalmente, entraron en vigor el 3 de febrero pasado.
Las principales reformas son:
a) La democracia interna: las organizaciones políticas tienen un plazo determinado para realizar las elecciones entre sus afiliados y adherentes previo a su inscripción en el ente electoral; de no hacerlo, no podrían inscribir a sus candidatos.
b) Listas cerradas y bloqueadas: hasta la fecha, el voto era preferentemente entre listas abiertas y desbloqueadas. Con la reforma, la votación por asambleístas y parlamentarios andinos se realizará a una sola lista; de lo contrario, se anularía el voto.
c) Asignación de escaños: la reforma eliminó el método D'Hont y lo reemplazó por el de Webster, con el argumento de que éste favorece la inclusión de las minorías.
d) Bancarización de los gastos: es obligación de las organizaciones políticas hacerlo con todas las aportaciones que reciban para la campaña e informar del manejo de esos recursos cada 15 días. Se ha agregado la figura del jefe de campaña registrado por las organizaciones y candidatos, que asumirá la responsabilidad solidaria en este manejo junto con el representante legal y el candidato.
e) Participación de los jóvenes: cada lista debe incluir al menos un 25% de mujeres u hombres entre 18 y 29 años.
f) Debates obligatorios para los candidatos a la Presidencia.
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En el actual Parlamento, la aportación de las mujeres asambleístas fue crucial porque lograron, junto a sus pares varones, un acuerdo justo y el consenso necesario y urgente en pos de la democracia paritaria. Todas las bancadas votaron por incorporar las siguientes reformas electorales que garanticen la participación igualitaria de la mujer:
a) Encabezamiento de listas; está en vigor la acción afirmativa de que al menos el 50% de todas las listas pluripersonales y unipersonales estén encabezadas por mujeres; de la siguiente forma: el 15% en 2021, el 30% en 2023 y el 50% en 2025.
b) Paridad de género: las elecciones de binomios se integrarán con la participación de una mujer y un hombre o viceversa, aunque en el caso de presidente y vicepresidente entrará en funcionamiento en 2025.
c) Sanción por violencia política: será considerada como infracción electoral muy grave, y el órgano encargado de administrar justicia (el Tribunal Contencioso Electoral) podrá multar con entre 21 y 70 salarios básicos unificados, destituir o suspender de derechos de participación de dos a cuatro años.
Un mes después de la entrada en vigor de estas reformas electorales, Ecuador, al igual que la mayoría de países de la región, inició el confinamiento por la crisis sanitaria. La pandemia profundizó la desinformación en las redes sociales, aunque la campaña electoral se incrementó en ellas en las redes, con las estrategias de las organizaciones políticas y sus candidatos para captar el voto del electorado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 6.240.889 personas utilizan redes sociales desde su smartphone. Este consumo en Ecuador está marcado por la fuerte presencia de plataformas como WhatsApp (el 83,76% la usa) y Facebook (80,58%), YouTube (71,29%), Instagram (60,63%) y Twitter (34,87%).
En el escenario actual, es necesario promover la mayor participación ciudadana posible cuidando, al mismo tiempo, la salud y sin que ello signifique vulnerar sus derechos políticos. El ente electoral trabaja en una propuesta de segmentación del electorado para que acuda a las urnas sin tantas aglomeraciones. Organizar las próximas elecciones en Ecuador implica grandes desafíos y dificultades jurídicas, políticas y técnicas; entre ellas el posible debilitamiento del apoyo a la democracia, la apatía manifestada en una baja participación, la dificultad para fiscalizar la financiación de las campañas (considerando las reformas para el control de los fondos y la transparencia en el uso de dinero), lo complicado de vigilar el cumplimiento de los mecanismos de democracia interna de las organizaciones políticas y de la paridad de género en las listas electorales, la confianza en la implementación de nueva tecnología electoral y los nuevos mecanismos para garantizar la integridad y la transparencia, así como la gran cantidad de concentraciones sin distancia social y medidas de bio-seguridad. Organizaciones de la sociedad civil han emprendido varias iniciativas para vigilar todo este proceso.
Nos acercamos al inicio de la campaña el 31 de diciembre entre acusaciones mutuas de los candidatos sobre las estrategias para perjudicar o beneficiar determinadas candidaturas. Sin embargo, según varias encuestas, la indefinición de los electores es muy alta y se observa gran cantidad de concentraciones que vulneran las medidas contra la propagación de la Covid-19.
Al igual que la mayoría de los países de la región, Ecuador ha tenido a lo largo de la historia una democracia incierta y débil. Una de las causas ha sido la injerencia político-partidista en los órganos electorales. Se tiene por costumbre ponerlos en entredicho, dudar de su independencia y desprestigiar sistemáticamente a las personas que lo conforman.
La transparencia en el próximo proceso electoral es una condición necesaria de confianza en las instituciones democráticas. Los ecuatorianos exigen su derecho a la integridad de los comicios. No obstante, se percibe cierta tendencia a preparar un escenario de duda sobre los resultados de la jornada de febrero de 2021.
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