Hemos tenido noticia de que el agua ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. Ésta es la visión del mundo del mercado, donde todo se convierte en mercancía, incluso un recurso fundamental para la vida humana y del planeta. Frente a este enfoque, las voces de muchos lugares del mundo se levantan y miles de poblaciones resisten. El agua para nuestros pueblos y comunidades es un derecho humano que debe ser garantizado superando la visión mercantil. Es un bien público y un recurso estratégico que debe cuidarse para las futuras generaciones. Es fundamental en la naturaleza, y en Ecuador tiene derechos constitucionales propios.
Este análisis se inscribe en la disputa por el agua en la ciudad de Cuenca (Ecuador). En ese marco, el 4 de diciembre el Consejo Nacional Electoral aprobó en Pleno convocar una consulta popular sobre la cuestión para el 7 de febrero próximo.
Es importante contextualizar la realidad económica nacional, afectada por un abaratamiento del petróleo en el mundo que ha golpeado profundamente los ingresos del Estado ecuatoriano. Los últimos gobiernos han apostado por un cambio de la matriz productiva y de la política económica basado en el desarrollo de grandes proyectos de minería metálica, con el argumento de que ésta es la salida a los problemas económicos. Con este propósito, se aprobó una ley de minería que facilita la inversión de capitales transnacionales, y los ministerios de Minería y de Medio Ambiente han otorgado concesiones y licencias ambientales a innumerables empresas. A marzo del 2018, en el cantón Cuenca, estaban concesionadas para minería 47.314 hectáreas y en trámite otras 22.252, lo que representa el 21,77 % del territorio cantonal.
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La expansión de la extracción minera ha provocado graves daños ambientales y sociales en Ecuador mediante la territorialización y el despojo de los suelos a las comunidades asentadas en estas zonas, generando contaminación y violando los derechos colectivos de sus habitantes. En Azuay, las comunidades campesinas de Quimsacocha y Río Blanco, ubicadas en la Reserva de la Biosfera del macizo del Cajas debido a su especial ecosistema de humedales, están amenazadas porque es justamente ahí donde los proyectos mega-mineros intentan desarrollarse. El 100% de las concesiones de minería metálica en el cantón Cuenca está en áreas de páramo que ostentan la Declaración de Bosques y Vegetación Protectores, según el Registro Oficial de agosto de 1985. La Municipalidad de Cuenca elaboró un informe según el cual, de no tomarse medidas urgentes, perderá pronto un 60% de sus humedales y, por lo tanto, su dotación de agua.
Las cuencas hidrográficas del Azuay se nutren de las fuentes de agua ubicadas por encima de los 2.800 msnm (metros sobre el nivel del mar) y, actualmente, más del 35% del área del Macizo del Cajas está concesionado para minería. Otro 35% sufre los efectos de la ampliación de la frontera agrícola. En total, el 70% se encuentra en grave riesgo. La gran mayoría de los proyectos mineros entra en conflicto en territorios con fuentes de agua, ecosistemas frágiles de alta biodiversidad y presencia de pueblos ancestrales. La estrategia de las empresas extractivas se nutre de dividir a las comunidades mediante regalos y la destrucción de la cultura; amenazan y generan miedo, ofertan trabajos temporales, acosan a los miembros de las organizaciones comunitarias y sus dirigentes...
Los impactos ecológicos generados por el extractivismo serán múltiples y a perpetuidad, destruirán el paisaje, expulsarán a la población, contaminarán. Según James Kuipers, consultor de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés): "Las operaciones mineras propuestas presentan una posibilidad significativa de impacto tanto en la calidad como en la cantidad de agua, debido al potencial de drenaje ácido y lixiviación de metales, y a su proximidad a los recursos hídricos subterráneos y en la superficie". "Esta contaminación, no terminará con el cierre de la mina, porque continuará saliendo agua ácida contaminada y durará de forma indefinida y hasta perpetua" (Ordóñez G. Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca); es decir, los daños pueden persistir por siglos, milenios o periodos todavía mayores. El principal impacto a perpetuidad es el drenaje ácido de mina, que arrastra metales pesados altamente tóxicos como el arsénico o el mercurio.
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Las fuentes que nacen en estos páramos y humedales de Cuenca abastecen el agua para el consumo humano, riego, abrevadero de animales, acuicultura, centrales hidroeléctricas y caudales ecológicos. Para el año 2030, cuando Cuenca cuente con 661.000 habitantes, la demanda de agua para consumo humano será de 4.160 l/s. La demanda total, incluyendo riego y caudal ecológico, será de 7.397 l/s. Por tanto, el déficit será de 1.671 l/s. Para 2050, con una población de 1.035.000 habitantes, la demanda de agua potable será de 4.453 l/s, y el déficit puede adelantarse y/o agravarse por usos indebidos del suelo en los páramos, especialmente por los impactos de la minería metálica.
América Latina afronta problemas de sostenibilidad que serán críticos para 2050: pérdida de los páramos, desaparición de la frontera agrícola, urbanización descontrolada, contaminación industrial, abuso del vehículo particular, mala gestión de los desechos, etcétera. Cuenca no se libra de estas amenazas. La apuesta por la sostenibilidad del planeta y de las ciudades andinas tiene que ser radical. Implica un cambio civilizatorio, un salto cualitativo de transformación racional, integral y holístico de la sociedad y del Estado a todos sus niveles. Cuenca no debe arriesgar sus zonas de recarga hídrica, pues está en juego su existencia futura y la de las nuevas generaciones.
Por otro lado, las esperadas regalías y ganancias por la inversión minera son irrisorias, según datos compartidos públicamente por el mismo Estado y las empresas: se estima que los proyectos mineros estratégicos que se encuentran en manos de multinacionales de China, Canadá, Chile, Suecia y Australia, ingresarán un total de 132.432 millones de dólares en las próximas décadas, de los cuales sólo 27.486 millones quedarían para el Estado ecuatoriano. A ello hay que sumar pasivos ambientales de miles de millones de toneladas de lodos contaminados (relaves) y de desechos sólidos acumulados en escombreras generadoras de drenaje ácido de mina, según las estimaciones construidas con base en la información obtenida de Acosta, Cajas- Guijarro, Hurtado-Caicedo y Sacher (2020).
Desde hace dos décadas, diversos sectores han manifestado su preocupación por el cuidado de nuestras fuentes hídricas. La población de las comunidades de Quimsacocha y Río Blanco, junto con organizaciones sociales y ecologistas agrupadas en el Cabildo por el Agua de Cuenca, luchan por la defensa de las fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles del cantón; y presentaron, junto con el Gobierno local, un proyecto de consulta popular recientemente calificado por la Corte Constitucional, para que la ciudadanía se pronuncie sobre la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara, y a mediana escala en la zona de recarga hídrica del Rio Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal Etapa.
Una aclaración: no se está en contra de la minería en general, sino de la metálica en fuentes de agua. En realidad, los azuayos nos enfrentamos al importante dilema entre permitir que la inversión capitalista y la tecnología de las grandes empresas extractivas inviertan en estas zonas o resistir y apostar por alternativas respetuosas de la naturaleza.
Los datos aquí expuestos son producto del trabajo de los integrantes del Cabido por el Agua de Cuenca, con la finalidad de documentar las razones de su lucha y argumentar las motivaciones constitucionales para la consulta popular que se celebrará el próximo 7 de febrero. En ella esperamos que, finalmente, la vida triunfe sobre el capital.
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