El Poder Legislativo en Argentina vuelve a debatir la legalización del aborto. Como sucedió en 2018, este jueves 10 de diciembre los y las diputadas volverán a reunirse para decidir si otorgan o no media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, saldando así una deuda histórica del Estado con las mujeres. Sin embargo, es posible identificar algunas diferencias con respecto a la experiencia de hace dos años.
2018 dejó el debate instalado en la calle. Esa batalla
ya se conquistó. En aquella oportunidad, cientos de ponentes participaron exponiendo sus argumentos a favor y en contra de la legalización del aborto, lo que nos permitió como sociedad adentrarnos en las verdaderas causas y argumentos que movilizan a quienes están de un lado y del otro.
'Con mis hijos no te metas'
Uno de los lemas utilizados por parte de los grupos que se oponen a la legalización del aborto ha sido
Con mis hijos no te metas, que sintetiza la concepción de que es una atribución exclusiva de los padres brindar a sus hijos e hijas información sobre Educación Sexual Integral (ESI); como si los niños y niñas no fueran sujetos de derechos y que, independientemente de las creencias religiosas y personales de sus familias, deben tener garantizado el acceso a la información en las escuelas.
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Los grupos que han vehiculado esta demanda son los mismos que se han opuesto en reiteradas ocasiones a la distribución gratuita de métodos anticonceptivos por parte del sistema público de salud.
Sin embargo, cuando se trata de debatir la interrupción legal del embarazo, alegan que el enfoque debiera orientarse hacia la prevención en lugar de avanzar en la legalización, siendo justamente la educación sexual integral y el acceso a los métodos anticonceptivos dos de las herramientas fundamentales para evitar embarazos no deseados. Este ejercicio de prestidigitación argumentativa no hace sino dejar en evidencia la incoherencia de estas posiciones.
Salvemos las dos vidas
El proyecto que se está debatiendo este año ha llegado, además, acompañado del
Plan de los 1.000 días, consistente en una asignación monetaria por cuidado integral. Esto significa que aquella persona que decida voluntariamente continuar con su embarazo estará especialmente acompañada y protegida por el Estado. Y quien decida interrumpirlo, lo hará en condiciones sanitarias seguras y adecuadas.
Lo que llama la atención es la absoluta ausencia de debate en torno a ese Plan de los 1.000 días por parte de quienes se oponen a la legalización del aborto, a pesar de que una de sus principales reivindicaciones es "salvar las dos vidas". La cuestión es que a lo que verdaderamente se oponen es a la autonomía de decisión en relación al rol reproductor por parte de las mujeres y cuerpos gestantes, bajo la idea de que
ser madre es un mandato divino encomendado. Por ello, pueden ampararse en una posición de superioridad moral y, al mismo tiempo, despreocuparse cuando esos niños y niñas vivan en condiciones de pobreza y exclusión. En Argentina, se estima que el
60% de los niños y niñas son pobres, según datos de Unicef.
Este año la situación de la pobreza, desigualdad y exclusión se ha visto fuertemente exacerbada por la pandemia del coronavirus y esto, trasladado a la salud sexual y reproductiva, tendrá graves consecuencias. El confinamiento ha provocado el cierre de servicios ambulatorios de salud (donde generalmente se obtienen gratuitamente los anticonceptivos) y ha disparado las denuncias por violencia de género y abusos. Teniendo en cuenta que numerosos trabajos indican que la mayor parte de los agresores pertenecen
al círculo familiar y social cercano, cabe suponer que muchas mujeres, jóvenes y niñas se han visto obligadas a pasar el confinamiento bajo el mismo techo que ellos. Todo lo anterior tendrá un preocupante impacto sobre el embarazo no intencional, como ya auguró Naciones Unidas en un
reciente trabajo. De eso no hablan, o no les preocupa, aquellos que están en contra de avanzar con la legalización del aborto en el país.
El papel de la religión
Las dos ideas anteriores arrojan luz no sólo sobre la incoherencia de buena parte de los argumentos esgrimidos por los grupos opositores a la legalización, sino también sobre su hipocresía. En el fondo,
esconden ni más ni menos que un innegable componente ético-religioso, que busca racionalizar con argumentos espurios una posición dogmática en la discusión y elaboración de políticas públicas en el marco de un Estado democrático, laico y de derecho. Y lo hacen a sabiendas de que esa posición afecta negativamente a la vida de la mitad de la población, pretendiendo tutelar la capacidad de decidir de las mujeres e imponiendo una posición aun en contra la propia evidencia científica.
El poder de este posicionamiento dogmático se entiende mejor si indagamos sobre el papel de la religiosidad en este debate. En un artículo académico en desarrollo, nos preguntamos cómo este factor se relaciona con la propensión a apoyar la legalización del aborto en un grupo de países de la región, entre ellos Argentina. A partir del análisis de una
encuesta del Pew Research Center (2014), hemos identificado que la religiosidad sólo aparece como un factor explicativo del nivel de apoyo a la legalización en aquellos países donde la discusión sobre el aborto forma parte de la agenda pública. Una vez que los movimientos sociales consiguen abrir el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en un contexto marcado por una
secularización cada vez más profunda, los colectivos más alejados de la doctrina religiosa son los primeros en asumir como propios los argumentos pro-abortistas. De la misma forma, no es de extrañar que, como se observa en el caso argentino,
el uso de los argumentos morales-religiosos constituya el último subterfugio del que en su día fue el discurso hegemónico anti-abortista.
Hacer historia
El aborto clandestino, una de las principales causas de mortalidad materna evitable, constituye un grave problema de salud pública frente al cual el Estado tiene dos opciones: puede afrontarlo, ya que la interrupción del embarazo ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, garantizando que se realice en las mejores condiciones posibles y con un acceso equitativo; o puede seguir haciendo lo que hasta ahora, desentenderse del asunto y condenarlo a la cruel, fría e insegura clandestinidad.
Los argumentos ya los conocemos. La decisión ahora será política, y ésta debe atender a la sociedad en su conjunto, independientemente de las creencias personales de quienes la formulan. Nada nos ha hecho mejores como sociedad que conquistar derechos. Que sea Ley.
