Si algo puede aventurarse de la gestión de Alberto Fernández hasta el día de hoy es que había un plan y que, pandemia mediante, ese plan siguió a paso firme (aunque quizás no a la velocidad prevista) para satisfacción de los propios y disgusto de los ajenos.
En ese plan, esbozado en la campaña de 2019 y ratificado en el discurso de apertura legislativa en marzo de este año, había algunos objetivos más urgentes que otros, con el eje transversal de la inclusión y la ampliación de derechos.
En él tuvo un rol protagónico el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, en todas las dimensiones, junto a una agenda amplia de políticas de género.
La gran y heterogénea coalición que llevó al Frente de Todos a la Casa Rosada incluía (e incluye) una militancia por la ampliación de derechos para las mujeres y las disidencias, que estaba ganando cada vez mayor protagonismo en sus juventudes. Son ejemplos de ello la creación y/o continuidad de áreas específicas de género dentro de los ministerios, la constitución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el envío al Congreso de la Nación, para su aprobación, un Presupuesto para 2021 que incorpora de manera integral la perspectiva de género.
La necesidad de poner en evidencia la aportación de las mujeres al desarrollo fue también una estrategia que cruzó trasversalmente las políticas vinculadas a la gestión de la pandemia (con mayor o menor éxito), con un hito importante en la publicación de un
informe de la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía que daba cuenta de que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados aporta hoy en Argentina más que la industria, representando un 15,9% del PIB.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Pero esta agenda se quedaba corta para un feminismo nacional de los más amplios, formados y empoderados de la actualidad, y cuya lucha en los últimos años se ha convertido en bandera y ejemplo para otros movimientos de todo el mundo. Y es que, en su discurso de apertura legislativa, el presidente anunció que enviaría al Congreso para su aprobación un proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo (entendida como la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre su propio cuerpo, autonomía sobre la que reside la posibilidad de todas las demás) que, ya llegados a noviembre, ha quedado relegado por las urgencias planteadas por la pandemia y, por qué no, por los condicionantes estratégicos del próximo periodo electoral en 2021.
Pero si algo puede afirmarse de la gestión de Fernández hasta ahora es que había un plan y el pasado 17 de noviembre anunció en sus redes sociales
el envío de dos proyectos de ley para su tramitación en el Congreso:
el citado sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia con el objetivo de garantizar el acompañamiento y la protección de las mujeres y otras personas gestantes en sus proyectos de vida. De esta forma, no sólo se honraba la promesa de campaña atendiendo a los reclamos del movimiento feminista, sino que al enviar ambos proyectos juntos se brindaban argumentos a los legisladores indecisos.
La historia
Puede afirmarse en la Argentina actual que
no habrá fuerza política que pueda adjudicarse en el futuro la sanción de la interrupción legal del embarazo como bandera única y propia. Y es que el movimiento feminista argentino atraviesa todas las épocas y todas las fuerzas. Desde Alicia Moreau de Justo, Eva Perón (hay quienes discuten su condición de militante feminista, pero sus acciones empoderaron a las mujeres como sujeto político capaz de pelear por sus derechos y autonomía) y Florentina Gómez Miranda, pasando por las innumerables referentes feministas de los movimientos sociales, la historia por lograr la autonomía plena de las mujeres y la igualdad de género es vasta, rica, diversa, pero sobre todo constante y persistente. Y la autonomía sobre el propio cuerpo la ha puesto este movimiento sobre la mesa en los últimos años, de una forma u otra. Sería una lectura maniquea y equivocada interpretar el resultado del reciente proyecto presentado al Congreso, o los votos a favor o en contra de éste, como un apoyo, o no, al oficialismo actual. Se trataría, intencionadamente o por desconocimiento, de negar la historia del movimiento feminista argentino. De hecho, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado por primera vez en el Congreso en 2007 y, posteriormente, en siete oportunidades más hasta que, en 2018, fue tratado por primera vez.
La historia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina comenzó en 1886, cuando se penalizaron todos los casos de aborto sin excepción. Con la reforma del Código Penal de 1903, se materializó una primera salvedad al despenalizar la tentativa de materializarlo. Pero fue la de 1921 la que
viajará hasta nuestros días. En ella se establecieron los casos en los que no se debía penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido "sobre una mujer idiota o demente".
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció, mediante el fallo 'F.A.L', sobre el aborto por violación, resolviendo que las mujeres violadas, sean "normales o insanas", pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención con la sola necesidad de una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona. Este fallo abrió la puerta a que, en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación desarrollara el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (
'Protocolo ILE'), retomando los lineamientos de aquél y agregando consideraciones vinculadas al concepto de salud. Sin embargo, aún hoy existen
diferencias sustanciales entre las provincias que se han adherido al Protocolo nacional (dada la institucionalidad federal argentina), y otras aún no cuentan con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921.
Finalmente, el hito histórico más importante de los últimos años, y que marcó los límites del federalismo argentino y su diseño institucional al movimiento a favor de la legalización, fue la tramitación del proyecto en 2018. Entonces tuvieron lugar 15 audiencias públicas, con un total de 738 oradores a favor y en contra, y si bien obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, se frenó en la Cámara de Senadores de representación territorial.
De ahí la necesidad que, desde los sectores del feminismo, impulsan para el reconocimiento de el derecho de contar con una ley nacional que vaya un paso más allá de la despenalización, asegurando su legalización en todo el territorio y el derecho a la autonomía sobre su propio cuerpo para todas las personas gestantes. Y aun cuando hay
diferencias entre el proyecto impulsado por el colectivo de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito y el presentado por el Ejecutivo Nacional, este último se valora desde el movimiento feminista como un avance en la lucha por los derechos de las mujeres y como una amenaza por los sectores contrarios.
De la llegada del proyecto a las próximas semanas
Tal como afirmaba Julio Montero, en su dosier para la revista
Phrónesis en 2002, la discusión debiera plantearse no en términos polarizadores, de posiciones éticas o religiosas irreductibles, sino como un problema político: si el Estado democrático tiene derecho a castigar penalmente a las mujeres que decidan practicarse un aborto. Este enfoque, aseguraba, tiene la ventaja de renunciar a confrontar doctrinas generales e inconmensurables entre las cuales el diálogo es imposible, y
traslada la discusión al terreno secular, institucionalizándola en términos democráticos. Pero a juzgar por los acontecimientos de días pasados, donde hay legisladores que
han sido o
serán escrachados por el sentido de su voto futuro, esto parece todavía lejano, aun cuando estas prácticas merezcan la reprobación de todos los sectores con representación política institucional.
Y es que como ocurre a menudo en Argentina, la grieta en este caso no es partidaria, sino federal y (una novedad de los últimos años)
etaria. De acuerdo con
una encuesta realizada por la consultora Opinaia y difundida por el diario
La Nación, cada vez que la interrupción voluntaria del embarazo entra en la agenda pública el rechazo social crece. Pero este rechazo no aumenta en las provincias metropolitanas ni entre los más jóvenes, sino en las provincias del interior, especialmente en la región norte y cuyana, justamente
de donde provienen la mayoría de los y las senadores que renovarían su escaño en las elecciones de 2021 y votaron en contra en 2018, y la mayoría de los diputados en la misma condición.
Quizás por los escraches públicos a los y las legisladoras que se manifiestan a favor del proyecto, y por la posibilidad de que expresar una opinión a favor o en contra afecte la posibilidad de entrar o no en las listas para las elecciones de 2021 (y, por tanto, poder salir reelegidos, en la actualidad, al contrario que en el debate de 2018, no se difunden desde la militancia a favor del proyecto los famosos
poroteos (el recuento minuto a minuto de los votos legislativos con nombre y apellido).
En este escenario y con esta historia, la Cámara de Diputados ha comenzado este 1 de diciembre a tramitar en plenario de comisiones el proyecto de legalización del aborto. Esta vez,
participarán del debate 50 ponentes (25 a favor y 25 en contra), entre los que se encuentran científicos, sanitarios, médicos, referentes religiosos y juristas. Ese mismo día tiene lugar una reunión informativa en la que funcionarios nacionales presentarán el proyecto. Se espera que participen los ministros de Salud y de Desarrollo Social (Ginés González García y Daniel Arroyo) y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia (Vilma Ibarra), para dar luego paso a la ronda de expositores. El jueves, en plenario de comisiones, diputados y diputadas de las cuatro comisiones a las que se
ha remitido el proyecto brindarán sus argumentos y, si todo sigue el cronograma, el viernes 4 de diciembre estarían en condiciones de firmar el dictamen para que, la semana siguiente, pueda ser tratado en el Pleno. De esta manera, la Cámara que le dio media sanción en 2018 puede acelerar el paso para un pronto tratamiento por parte de la Cámara más difícil para el proyecto, la de Senadores, dado que ahí cada provincia tiene un peso idéntico en votos, independientemente de su población. Está previsto que esto ocurra en febrero, tras el receso parlamentario de verano.
Por lo tanto, esta instancia será clave para los sectores a favor y, especialmente, para el oficialismo actual, que tendrá que tener presente el pulso de las idiosincrasias provinciales y el escenario electoral de 2021. Una nueva derrota legislativa para el movimiento a favor de la legalización del aborto, con mucho peso en el seno de la coalición gobernante, puede ser a futuro un problema de confianza interna y hacia el electorado metropolitano. Pero aventuramos que Alberto Fernández tiene un plan; y quizás, como pasó con la renegociación de la deuda, las cosas salgan como está planeado.
