A dos años de la promesa del regreso del Ejército a los cuarteles, la pacificación del país y la disminución de la violencia se han quedado en palabras vacías. Ante el incremento de aquélla y la falta de resultados, mejor vale la pena preguntarse si contamos con una estrategia coherente de seguridad pública o nos sigue arrastrando la brutal inercia desde 2007. Es decir, ¿podemos identificar con claridad un esfuerzo federal sistemático y articulado para dar paz, seguridad y justicia a las familias mexicanas? Parece que no, porque ya estamos en 2020 y seguimos a puro 'balazo'. En 2019, México reportó la cifra anual más alta de homicidios de los últimos 20 años; y, aun con el distanciamiento social, siguen al alza las muertes asociadas a grupos delictivos.
Así como cuando de niños jugábamos a juntar los puntos secuencialmente y, de esta forma, dibujábamos una figura, conectar la serie de decisiones que se han tomado en los últimos dos años en materia de seguridad es un buen ejercicio para determinar si lo que tenemos frente a nosotros es una imagen desordenada de episodios de violencia y abuso de los derechos humanos o, por el contrario, es posible distinguir un camino claro hacia la pacificación del país.
Empezando por el primer punto, están los recortes policiales: mayores recursos y más opacos para los militares, mientras los cuerpos de seguridad civil carecen de recursos y preparación para patrullar el país. En el Presupuesto federal de 2021, los perdedores de los recortes son las policías locales y la atención a las víctimas de la delincuencia. Es clara la predilección por la opción militar desde las finanzas federales, y da a entender que se está preparando a las Fuerzas Armadas para permanecer en las calles.
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Conectemos con el siguiente punto: la creación de una corporación de seguridad civil dependiente de la Guardia Nacional (GN). En junio de 2020, más del 80% de los miembros de este cuerpo fueron desplegados sin contar con las certificaciones necesarias para servir a la ciudadanía. Y peor aún, Animal Político reveló que una tercera parte de sus reclutados no son civiles, sino elementos captados, pagados y entrenados por las Fuerzas Armadas.
No es difícil. Aunque se vistan de civiles, si en el fondo son verdes; se entrenan como si fuesen verdes; reciben su sueldo y, desde octubre, están bajo control operativo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), verdes se quedan. Desde ese punto, trazamos otra línea y llegamos a una GN con mandos del Ejército, soldados en sus filas y bajo control militar explícito. Un ejemplo de las consecuencias de esta decisión se puede ver en Sonora, donde cinco comisarios de policía fueron reemplazados por militares con el siguiente resultado: según datos del Observatorio Sonora por la Seguridad, los homicidios dolosos se han disparado un 65% con respecto a 2019.
Un último punto, y quizá el más preocupante, es el despliegue militar en funciones básicas del Estado. Por decreto presidencial, los verdes patrullan ahora las calles, detienen a familias migrantes en nuestras fronteras, distribuyen medicamentos, vigilan puertos, construyen carreteras, bancos y aeropuertos. Algunos hasta están administrando las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) durante la crisis de salud más profunda que ha vivido el país. Peor aún, las Fuerzas Armadas tienen actualmente el control de la prisión preventiva en procesos penales.
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La historia de América Latina nos ha enseñado más de una vez que es fácil para los políticos subrogar responsabilidades civiles en los militares. El reto es hacerlos rendir cuentas como se hace con los cuerpos civiles y reducir su participación en la vida pública una vez que han sido desplegados. El Ejército y la Marina son dos instituciones que cuentan con los niveles más altos de confianza ciudadana en México. Son efectivos, disciplinados, y por esa misma razón no deben seguir usándose como un parche para tapar la falta de inversión en salud, seguridad e infraestructuras. Investigaciones como las de Zorayda Gallegos sobre el desvío de recursos desde instancias del Ejército y la captura de altos mandos del mismo por brindar apoyo a organizaciones criminales nos enseñan también que no son inmunes a la corrupción.
Casos exitosos como el de la localidad de Escobedo, en Nuevo León, o el de la ciudad de Chihuahua demuestran que sí existen alternativas al statu quo. Más inteligencia, inversión en tecnología, mejoras salariales, certificaciones y modelos basados en prevención y proximidad son el camino para construir instituciones civiles de seguridad. La opción fácil y rápida es la vía militar. Sin embargo, no es el camino más seguro, ni el mejor para la rendición de cuentas y la estabilidad democrática del país.
Llegamos al final, juntamos los puntos y nos queda una imagen devastadora. Un México que se pinta de olivo no es la región más transparente, sino un mosaico arbitrariamente unido por diferentes puntos de violencia. Trece años de brutalidad y falta de justicia lo demuestran. Va de nuevo: ¿qué fue de los abrazos?
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