La del manguito, o prenda manga sobrepuesta para preservar sus camisas, ha representado por mucho tiempo la imagen clásica del funcionario de oficina. El célebre vuelva usted mañana de Mariano José de Larra hacía referencia al proceso siempre inacabado de añadir algún timbre al documento gestionado por el empleado público detrás de una siniestra ventanilla. Ahora, nuestra sociedad se enfrenta a un dilema de proporciones inaplazables. La alternativa no es otra que acentuar las malas prácticas heredadas de los tiempos de la Administración decimonónica napoleónica, cuando el país decayó en el concierto internacional de las naciones por su incapacidad de modernización, amén de sufrir el caudillismo paralizante del ordeno y mando.
La crisis de la Covid-19 nos emplaza a procurar, sin mayores dilaciones, la cabal digitalización de nuestra Administración. No pocos empleados públicos se aferran desesperadamente al deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes de 2020. Temen por su inevitabilidad y quieren preservar sus puestos de trabajo del pasado. Craso error. No sólo se trata de un enfoque antediluviano y reaccionario (por opuesto a la innovación, que debiera ser bienvenida), sino que sus efectos sólo pueden provocar deslegitimación hacia lo público democrático y propiciar privilegios hacia la mercantilización privada en el
regimiento de la cosa pública.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, pretendía regular los contactos ciudadanos con la Administración Pública. Pero hasta que no se adecúen convenientemente a los contenidos de una ley voluntarista, pero con tibia voluntad de implementación, los efectos de las previsiones relativas, por ejemplo, al registro electrónico de apoderamientos, punto de acceso general de la Administración y archivo único electrónico se producirá a partir del 2 de abril de 2021.
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Podrá argüirse que la conmoción socioeconómica provocada por la Covid-19 ha trastocado muchas cosas en el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos; ciertamente. Pero ello
no justifica las carencias de gestión en la implementación de políticas públicas, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital. Los retrasos y las confusiones administrativas lastran un programa necesario para la supervivencia material de las familias más precarias que lo han solicitado. La iniciativa política es agua de borrajas si no se garantiza su aplicación como política pública aplicable y aplicada.
Como herramienta científica de
observación participante, valga la ilustración del silencio telemático y presencial de la Administración en la tramitación de la pensión de jubilación (como es el caso de uno de los coautores de ese artículo). Tras varios y frustrantes intentos de contactar y acceder telemáticamente --o personalmente-- a los servicios de la Seguridad Social, resulta que el peticionario ha debido de utilizar los
tradicionales servicios postales (aunque eficaces, al haber obtenido una repuesta) para reclamar por correo certificado la aplicación de sus derechos pasivos.
La implantación de una ágil y comprensiva digitalización de la Administración Pública choca con la decepcionante frustración de su confusa puesta en vigor. En 2006, se introdujo el DNI electrónico, con un coste cercano a los 350 millones de euros. ¿Qué porcentaje de los lectores de estas líneas lo ha utilizado? Según los economistas
Miguel Almunia y Pedro Rey, apenas el 0,2% de los trámites con la Administración se realizan hoy utilizando el DNI-e. Entre otros menesteres, y para poder firmar electrónicamente, los ciudadanos tenemos que ir presencialmente a una oficina para obtener un certificado al menos una vez cada cuatro años.
El certificado digital se promovió como fichero electrónico que vincula unos datos de verificación de firma a un ciudadano, de forma que únicamente puede firmar éste y confirmar, así, su identidad. Resulta que para su correcta utilización se debe hacer desde el mismo punto terminal del ordenador del solicitante.
Alternativamente se debe adquirir un portátil. El ultimísimo medio habilitado para identificarse electrónicamente en las relaciones es
cl@ve.
Paradójicamente, para hacerlo operativo hay que solicitar un PIN que se recibe postalmente.
Conviene resaltar con este ejemplo la falta de eficiencia de la Administración multi-nivel española, sin ningún indicador político que mejore esta falta de efectividad. Como mostraremos más abajo, hay países con sistemas de
e-funcionariado muy capaces, los cuales no necesitan medidas arcaicas como las
claves antes mencionadas. ¿Cómo es posible que se puedan realizar todo tipo de operaciones bancarias (incluyendo inversiones en fondos o en bolsas europeas o españolas) con una clave auto-generada y el sistema electrónico de la Administración Pública permanezca en el
pleistoceno de la comunicación telemática?
Nuestra experiencia como investigadores con retribución a cargo del erario público nos impele a constatar que
el incremento de la burocracia atenaza el desarrollo normal de la actividad científica; y, en no pocos casos, hasta la imposibilita. Y es que se establecen de continuo filtros administrativos que son desincentivos para conseguir fondos en las convocatorias competitivas, a las que los propios investigadores deben concurrir para obtener los recursos que les permitan realizar sus estudios y actividades científicas. Ni es lógico ni funcional que para la compra, pongamos por caso, de un ordenador se tarden más de tres meses de tediosos e innecesarios trámites administrativos. Se alega que deben cumplirse las normas establecidas, las cuales constituyen el gran instrumento de control y poder de aquellos funcionarios con manguito que, antes de cualquier otra consideración, temen por su futuro profesional con la digitalización tan promocionada por la UE.
Tráigase a colación la declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último
discurso sobre el estado de la Unión, donde estableció un cambio de ciclo al que denominó la "Década Digital". Apuntó que, de los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, un 20% irán dirigidos a acciones en el ámbito digital entre las que cabe resaltar la conectividad 5G. La Comisión anima a eliminar los obstáculos administrativos innecesarios y a aumentar la velocidad de despliegue de las redes de muy alta capacidad. La oportunidad histórica que representa el fondo europeo de recuperación confronta con el hecho de que España no tenga la capacidad para tramitar a tiempo la cantidad de dinero que se ha puesto a su disposición.
La investigación científica puede y debe coadyuvar a hacer posibles tan ambiciosos objetivos. Mucho nos tememos, sin embargo, que con el concurso de una parte de los directivos de nuestra Administración Pública (abogados del Estado o antiguos
TACs), que se han pasado años preparándose para superar oposiciones memorísticas como auténticos
papagayos de recitación en la más rancia tradición procedimental napoleónica, el objetivo de modernización digital aparece poco menos que como
misión imposible. Con este tipo de
burocracia, no hay Ciencia.
De poco serviría hacer el esfuerzo que propone el
economista Andreu Mas-Colell: "En 10 años podríamos incorporar 7.000 investigadores. Esto puede cambiar un país". A la luz de lo que nos muestra la evidencia empírica,
si no digitalizamos la gestión de la Ciencia, disponer de más investigadores sólo puede retroalimentar las mala práctica de volver a exigir más trámites
retardatarios y hasta inútiles para una actividad investigadora eficiente. "Resulta paradójico, pero a la Administración le cuesta muchos recursos gastarse su propio dinero", apuntaba en un reciente
artículo José Amérigo, socio de PwC Tax & Legal, quien alertaba de que los atascos administrativos son inevitables si los fondos no se canalizan adecuadamente. Se apunta, en suma, a que los funcionarios sustituyan sus habituales "criterios defensivos" por una visión más "audaz".
Como acertadamente exponía Víctor Lapuente en su artículo
'Esclavos de la Ley', el interés primordial del empleado público no es hacer algo bueno, sino evitar hacer algo malo. Su insistencia en que se cumplan las siempre crecientes normas procedimentales esconde, además, una mentalidad no sólo de manguito para evitarse problemas con sus superiores funcionariales. Según comentaba Lapuente, si un funcionario inventara un algoritmo para tramitar en tiempo récord el Ingreso Mínimo Vital, podría tener problemas por saltarse los procedimientos establecidos y no se le premiaría por su creatividad y eficiencia. Ello limita la capacidad para innovar en España. Los cientos de miles de personas trabajando con estos procedimientos en nuestras administraciones puede que sean tan o más innovadores que sus colegas holandeses, pero tienen miedo.
A veces, las comparaciones son odiosas; y, en otros casos, pueden ser iluminadoras. Hacemos seguidamente referencia al caso de
Estonia como país más avanzado del mundo en robotización digital de su Gobierno. Lo es a tal nivel que el 99% de los servicios gubernamentales se puede ejecutar digitalmente por internet. Los funcionarios de carne y hueso han sido remplazados por un
bot conversacional (
chatbot) que interactúa con la persona para resolver sus dudas.
En Estonia se puede votar por internet, se puede renovar el pasaporte y hasta se puede inscribir telemáticamente un nacimiento en el Registro Civil. En realidad, dichas gestiones cabe realizarlas desde las
apps en los teléfonos móviles. Otros trámites incluyen, por ejemplo, la solicitud de la prestación de desempleo o la de ayuda asistencial presencial para un familiar o un amigo discapacitado, lo cual es muy aconsejable en tiempos de pandemia.
Los estonios no han tenido que acudir presencialmente a ninguna oficina física de la Administración Pública en los últimos 20 años. ¿Se imagina el lector la situación de no ver presencialmente la cara del funcionario humano? De hecho, en este país está prohibido por ley solicitar un dato más de una vez. Es decir, si se introdujo alguna vez, ya esta en la
cadena de bloques (
blockchain) y, por lo tanto, el programa de inteligencia artificial ya lo encontrará si hace falta para otra gestión, aunque sea 100 años más tarde.
En el país báltico se preocupan mucho por la seguridad digital y, por eso, el Gobierno usa
blockchain para preservar la privacidad del ciudadano mediante la
tecnología KSI, desarrollada por los propios estonios. Todos los sistemas de gobierno están conectados digitalmente y las bases de datos, entrelazadas. Los servicios educativos y sanitarios están altamente digitalizados y se encuentran disponibles las 24 horas del día, sin ventanillas ni filas de espera. Todo se puede hacer desde el teléfono móvil. Estonia empezó ya en los años 90 a sentar las bases de un Gobierno digital sin funcionarios humanos. Hay que recordar que este país fue donde se inventó Skype.
¿Queremos en España seguir aumentando la oferta de empleo público para funcionarios sin la instrucción básica para hacer operativa la progresiva digitalización de nuestra Administración Pública? Aquellos ciudadanos sin la debida formación para superar las oposiciones públicas tendrán que confrontar la disyuntiva de lograr un mayor y mejor incremento de su capital humano individual. La digitalización implicará la desaparición de viejos puestos de trabajo inútiles y que son dañinos para preservar el bienestar y el bien común de nuestras sociedades. A la postre, si se quedasen sin el
puesto fijo como funcionarios, los aspirantes siempre podrían acudir, como último recurso, a la percepción del Ingreso Mínimo Vital, si este programa estuviese bien gestionado digital y telemáticamente. Huelga decirlo.
