Internet, y en particular las redes sociales, son, qué duda cabe, un espacio donde se conforma la opinión pública y a través del cual los ciudadanos ejercen su libertad de expresión. Como ha reconocido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las redes sociales quizás sean "el mecanismo más poderoso del que disponen los ciudadanos para hacer oír sus voces", de tal manera que el acceso a esos espacios, que constituyen el más amplio foro democrático, tiene una indudable relevancia para la libertad de expresión ('Packingham v. North Carolina', de 19 de junio de 2017). Pero, ¿cómo conseguir que estos foros sean espacios auténticamente plurales y, al mismo tiempo, que no se conviertan en lodazales contaminados por mensajes odiosos y mentiras mil veces repetidas?
Este debate ha saltado a la palestra pública en España. Primero, porque en el Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, se ha aprobado una proposición no de ley sobre propagación de odio en el espacio digital. En ella se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, para que simplifique los mecanismos para denunciar contenidos en redes sociales de discurso del odio, obligando a los operadores a que en un máximo de 24 horas eliminen contenidos que inciten al odio o a la violencia, y a que aumente la colaboración entre las autoridades fiscales y policiales con los operadores.
En segundo lugar, lo que más preocupación ha generado ha sido el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. En el mismo se identifican los órganos relevantes en la lucha contra la desinformación, entre los que sitúa al propio Consejo citado, a la Secretaría de Estado de Comunicación y a otros entes, públicos y del sector privado, así como a la sociedad civil. A partir de ahí, se prevén mecanismos para el seguimiento y alerta sobre campañas de desinformación. Más allá, la Unión Europea también está promoviendo distintas iniciativas para colaborar con los operadores de Internet y garantizar la 'limpieza' de las redes sociales, tanto para prevenir las noticias falsas como la difusión de discursos extremos (discurso del odio, filo-terrorista ).
Sin lugar a dudas, que la opinión pública se desenvuelva en un espacio limpio, donde fluya información veraz y opiniones sólidas, bien argumentadas; un lugar libre de insultos, de mentiras y, si me apuran, de ocurrencias, es un desiderátum con el que todos podríamos comulgar. Qué duda cabe que, con una opinión pública así construida, podríamos levantar una mejor democracia. Ahora bien, ante una realidad que evidencia cómo aquellos espacios donde se ejerce la libertad de expresión terminan contaminados por muchos mensajes 'basura', la clave está en a quién corresponde limpiar el mismo y qué mensajes pueden ser proscritos. Y es aquí, precisamente, donde estas iniciativas políticas parten de un presupuesto muy espinoso, cuando no claramente anti-liberal y, al mismo tiempo, poco democrático: que corresponde al Gobierno o a las instituciones públicas asegurar la limpieza de Internet y garantizar el acceso a una información veraz, "porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales", en palabras de la orden aprobada por el Ministerio de Presidencia encabezado por Carmen Calvo.
La clave de bóveda de una democracia es que ésta se reconozca como una "sociedad sin padre" (Paul Fedem). El paternalismo, cuando se proyecta sobre la tutela de la opinión pública donde se forma la conciencia de los ciudadanos, es contrario al ideal democrático. Como afirmara R. Dworkin, "conservamos nuestra dignidad, como individuos, sólo si insistimos en que nadie (ningún oficial ni ninguna mayoría) tiene el derecho de sacar de nuestro conocimiento ninguna opinión argumentando que no estamos preparados para escucharla y considerarla". De ahí que la libertad de expresión haya sido, desde sus orígenes, una libertad esencialmente negativa, un derecho de defensa frente a las injerencias del Estado. Fue la libertad que reclamaron los herejes protestantes o los disidentes puritanos que se enfrentaron al absolutismo, aprovechando el invento tecnológico de la imprenta para difundir sus panfletos. Antes, como hoy, es la libertad del impertinente y del crítico, de quien quiere romper con el orden establecido. Por ello, es una libertad especialmente molesta, tanto para quienes gobiernan como para la mayoría social.
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Ello no quiere decir que no haya límites a su ejercicio. Pero una democracia exige que tales límites estén previstos en una ley y se justifiquen en el daño o puesta en peligro de otro bien jurídico constitucional: el insulto, para proteger el honor, o la creación de un peligro real de actos violentos, en el caso de la incitación, por poner dos ejemplos. Y, además, que sean los jueces y tribunales los que, a través de un proceso con todas las garantías, decidan aquello que es ejercicio de la libertad fundamental y cuándo se ha producido un exceso que merezca un reproche desde el punto de vista jurídico. En definitiva, es función de los jueces la determinación de cuándo un contenido es ilícito. Porque concretar qué es discurso del odio o cuándo un mensaje supone una incitación al odio o a la violencia es algo que dista de ser evidente; exige una valoración cautelosa de distintos elementos: el contenido del propio mensaje, el público al que va dirigido, el contexto en el que se difunde, etcétera.
De ahí que preocupe cualquier iniciativa que, como las proposiciones antes señaladas, pretendan atribuir al Gobierno o a cualquier otra autoridad distinta de la judicial la facultad, aunque sólo sea de señalar, aquello que no merece ser debatido o conocido por la opinión pública por considerarse que desinforma o que contamina con mensajes odiosos. Más aún si tales autoridades pueden instar u ordenar a las redes sociales y a los operadores de Internet para que sean éstos los que bloqueen esos contenidos. Lo cual presenta el riesgo de una censura privada de Internet, en algunos casos por delegación de la propia autoridad pública, igualmente peligrosa para la libertad y el pluralismo.
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Como se ha señalado, una adecuada comprensión de la democracia exige que sea un juez, de acuerdo con la Ley, quien decida si un mensaje es ilícito y ordene su retirada; y si se trata de contenidos lícitos, pero nocivos o tóxicos para la democracia, creo que no cabe otra respuesta que la confianza liberal en el libre mercado de las ideas. Confiar en que una ciudadanía crítica, apoyada por un periodismo robusto, serán capaces de hacer que la verdad y la razón se impongan. Como mucho, las tecnologías actuales sí que pueden demandar una colaboración público-privada para intervenir allí donde se ha demostrado que el libre mercado puede verse distorsionado por la actuación de robots y algoritmos. Lo cual puede exigir que se regulen sistemas de alerta ante campañas automatizadas y que se contemplen mecanismos para prevenir que el diseño de la propia arquitectura de las redes sociales pueda actuar como caja de resonancia de mensajes tóxicos o nocivos.
En relación con ello, una tarea pendiente es definir jurídico-constitucionalmente cuál es la posición de las redes sociales y de los operadores de Internet, y cómo se pueden proyectar sobre ellos la libertad de expresión y las exigencias que derivan del principio del pluralismo: ¿las redes sociales pueden actuar con el poder censor de un editor de un periódico o les es exigible que respeten la neutralidad y el pluralismo como si de un public forum se tratara? ¿Qué garantías y qué riesgos comporta la tendencia privatizadora donde se confía que sean las redes sociales y operadores privados los encargados de la limpieza de Internet, con el poder de bloquear o censurar aquello que estos entes consideren inapropiado, aunque pudiera ser un ejercicio lícito de la libertad de expresión? Recomiendo, a este respecto, algunas reflexiones que ya ha avanzado el profesor Víctor Vázquez (aquí y aquí), porque en la respuesta a estas preguntas nos jugamos el futuro de la libertad de expresión en el siglo XXI.
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