Es sorprendente que una de las democracias liberales más antiguas del mundo siga presentando llamativas deficiencias en materia electoral por lo que hace, por ejemplo, al rediseño de las circunscripciones o a los requisitos burocráticos a menudo disuasorios para ejercer el derecho de voto en algunos casos. Todo ello se explica en gran medida por el hecho de que la competencia de los asuntos electorales es de los estados, teniendo la Federación una escasa capacidad de intervención al respecto; de ahí que más que de 'una' elección, sería más apropiado referirse a 50 elecciones por las singularidades regulatorias locales y por sus diferentes dinámicas políticas.
Un reciente estudio de la Universidades de Sidney y Harvard, coordinado por la prestigiosa politóloga Pippa Norris, ha señalado las grandes diferencias sobre la integridad del voto entre, por ejemplo, los estados de Nueva Inglaterra o los de la costa norte del Pacífico (con buenos estándares democráticos) y algunos del medio oeste y, sobre todo, del sur que presentan serias carencias. De entrada, el sistema electoral de EE.UU. sobrerrepresenta a los estados menos poblados, algo que hoy favorece especialmente a los republicanos: en el Senado la Cámara más relevante, los demócratas tienen 47 senadores (45, más dos independientes próximos) mientras que los republicanos disponen de 53, y ello pese a que los primeros representan a 13 millones más de ciudadanos. Además, en la redistribución de escaños de la Cámara de Representantes que se hace cada 10 años en función de las variaciones del censo, los republicanos se han visto aún más beneficiados en 2020.
Otra singularidad que no deja de ser una traba es el hecho de que los ciudadanos deban inscribirse en el registro electoral para poder votar, no operando de modo automático el mero censo administrativo de nacionales residentes (como en Europa); algo disuasorio, en particular, para las personas que tengan alguna posible irregularidad. Esto afecta en especial a los latinos, pero también a una parte de la comunidad negra a la que no se le facilita la participación política: el Tribunal Supremo (TS) federal sentenció en 2013 que la ley de derechos electorales de 1965, que exigía a los estados con antecedentes discriminatorios que sometiesen a control judicial previo cualquier cambio en su legislación electoral, ya no procede pues el racismo habría quedado atrás. Además, el TS se ha inhibido frente a la práctica manipulativa del gerrymandering que varios gobernadores republicanos han hecho al rediseñar los distritos: en 2019, dos sentencias ('Rucho versus Common Causes' y 'Linda Lamone v. John Bonisek') consideran que esta cuestión es política y, por tanto, fuera del alcance de los tribunales.
Por último, no puede dejar de mencionarse el distorsionador papel del dinero: las campañas electorales estadounidenses tienen unos costes disparatados y ahora casi totalmente liberalizados por el TS: la sentencia 'Citizens United v. Federal Election Commission', de 2012, y la de 'Mac Cutcheon v. Federal Election Commission', de 2014, han supuesto la práctica liquidación de los límites de las donaciones a los PAC (Political Action Committees) y a los partidos. Todo ello ha sorteado las moderadas prescripciones de la ley Hava (Help America Vote Act) de 2002, que procuró mejorar los estándares administrativos en este ámbito.
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No obstante, lo más llamativo y polémico en la elección más importante de todas, la del presidente, es la existencia del Colegio Electoral (de 538 miembros, y que es el órgano que elige al candidato que al menos consiga 270 compromisarios). Esta fórmula para la elección indirecta del presidente a través de compromisarios elegidos por los ciudadanos en los estados es una herencia histórica de los Founding Fathers, obsesionados por asegurar los checks and balances: con el Colegio Electoral se trató de controlar los impulsos populares irreflexivos y establecer un filtro institucional; todo ello muy en consonancia con su ideario elitista, pues dejaron claro que su propósito había sido el de configurar una república, pero no una democracia. En el Colegio Electoral, los comicios presidenciales son fuertemente desproporcionales, pues el candidato ganador en un Estado se lleva todos los compromisarios del mismo (winner takes all) salvo en dos (Maine y Nebraska), en los que el reparto es proporcional. Con ello, el Colegio Electoral da más importancia a los estados que a los ciudadanos y una interpretación originalista de la Constitución (que asume la flamante nueva magistrada conservadora Amy Coney Barrett) bloquea cualquier posible cambio.
Por lo demás, es cierto que en unos pocos estados se admite que los compromisarios puedan decidir libremente, con independencia de los deseos de sus electores. Pero, al margen de que los casos de indisciplina han sido anecdóticos, en la gran mayoría (33) esta posibilidad no existe y el TS ha confirmado la obligatoriedad para los compromisarios de acatar en ellos la voluntad de los electores.
Esta fórmula ha resultado ser defectuosa pues, aunque no sea muy corriente, ha permitido que en algunas ocasiones un candidato con menos votos populares, pero más compromisarios, se haya hecho con la Presidencia. Al margen de la elección de Quincy Adams de 1824 (elegido por el Congreso), la situación mencionada se produjo en cuatro ocasiones con Rutheford Hayes (1876), Benjamin Harrison (1888), George W. Bush (2000) y Donald Trump (2016); por cierto, todos ellos republicanos. El último caso es el más asombroso por la enorme diferencia en votos populares, ya que Hillary Clinton obtuvo casi tres millones más que Trump, que sólo ganó a su rival por unos 85.000 votos en tres estados clave (Pensilvania, Michigan y Wisconsin).
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Como muy bien señaló el gran politólogo Robert Dahl, con el Colegio Electoral ni se cumple el principio democrático de que debe primar la voluntad de la mayoría, ni tampoco el principio equitativo de que todos los votos 'pesen' lo mismo, pues el de los pequeños estados cuenta más. En suma, no tiene sentido que la elección presidencial pueda decidirse en un puñado de estados (algunos de ellos escasamente poblados) con independencia del deseo mayoritario de los electores de todo el país.
Ante todo, ello, ¿qué hacer con el Colegio Electoral? Históricamente, se calcula que se han llegado a elaborar nada menos que unas 700 propuestas legislativas para suprimirlo o corregirlo, pero el acuerdo siempre ha resultado imposible. La propuesta Bayh-Celler de 1971 iba en el sentido de introducir la proporcionalidad e incluso una eventual segunda vuelta, pero acabó decayendo. Un cambio en profundidad es inviable porque requiere la reforma constitucional, una carrera de obstáculos (mayoría de 2/3 de las dos cámaras federales y confirmación de tres cuartos de los estados). Además, los republicanos y los estados menos poblados se oponen a cualquier cambio en este sentido.
Habría una posibilidad menos costosa y viable: hacer proporcional el reparto de los compromisarios en todos los estados, como en Maine y Nebraska, pero es evidente que el actual clima político tan polarizado de Estados Unidos lo hace prácticamente imposible.
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