La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado marca un hito en la consolidación del primer Gobierno de coalición de nuestra democracia: tras meses de dudas, y con los Presupuestos prorrogados desde 2018, era absolutamente imprescindible que se presentara un paquete de medidas que reflejara propiamente la orientación y naturaleza de la coalición progresista que gobierna, y el presentado reúne las características para ser considerado como tal. No es de extrañar que su gestión haya sido mucho más procelosa que en otros casos y que, hasta el último momento, se haya mantenido el suspense sobre su composición y orientaciones.
Efectivamente, el proyecto de Presupuesto presentado es un fiel reflejo de la realidad política del propio Gobierno. Incluye medidas sociales incontestables (en becas, dependencia, infancia, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem), otras más cuestionables (actualización de las pensiones por encima del Índice de Precio al Consumo, IPC) y algunas directamente poco entendibles en el contexto en el que nos encontramos, como la subida general del salario de los funcionarios. Pero pese a estas medidas, todas ellas sin duda relevantes, nos encontramos ante un proyecto presupuestario que no cabe sino calificar de tímido, en la medida en que se basa en un cuadro macroeconómico que la segunda oleada se va a encargar rápidamente de mandar al trastero de las previsiones económicas.
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Si se profundiza en las medidas de restricción más allá de las navidades, y todo parece indicar que no queda más remedio, es muy probable que en el cuarto trimestre de 2020 entremos de nuevo en territorio negativo, dañando de esta manera las posibilidades de recuperación en 2021. Si esto ocurre, el estímulo fiscal dibujado en los Presupuestos puede ser insuficiente y se tendrán que tomar nuevas medidas en un país que, pese a haber sido uno de los más castigados tanto en términos sanitarios como económicos, ha sido uno de los países con un menor estímulo fiscal para rescatar su economía.
Efectivamente, y mirados en detalle, los grandes números de los Presupuestos de 2021 señalan que prácticamente todo el impulso fiscal se desarrollará gracias a los fondos europeos, que se constituyen de esta manera en la bala de plata de la política económica: o les sacamos el máximo rendimiento, o no tendremos 'plan B'. Fuera de ellos, los incrementos de gasto se concentran en las áreas sociales y de sostenimiento de rentas, pero sin apenas inversión pública adicional: si atendemos a los datos ofrecidos, de los 22.500 millones de euros adicionales en inversiones públicas (inversiones reales y trasferencias de capital, según la terminología presupuestaria), 21.200 provienen de los fondos de la Unión Europea. En otras palabras, fiamos todos los esfuerzos de recuperación al buen uso de la financiación de Bruselas.
Del lado de los ingresos, nos encontramos con una serie de medidas simbólicas, con un valor político pero con escaso impacto económico, como la subida del impuesto de la renta a las más altas o la subida del impuesto de patrimonio para las grandes fortunas. Medidas simbólicas que no permitirán incrementar en gran medida la recaudación, pero que marcan la orientación progresista del Gobierno.
Más interesantes parecen otras iniciativas impositivas que tienden a modernizar nuestro sistema fiscal; algunas de ellas incorporadas al Presupuesto, otras anunciadas y pendientes de tramitación legislativa, como los impuestos digitales, los impuestos verdes o los tributos a las transacciones financieras. De manera global, es poco probable que el año que viene las nuevas medidas impositivas incrementen mucho la recaudación, y si volvemos a tener una recaída económica, es poco probable que la estimación de ingresos sea realista, por lo que podemos esperar una desviación del déficit público previsto, que con mucha probabilidad se quedará por encima del 7,7% del PIB, cifra presentada en el cuadro macroeconómico de hace unas semanas.
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Esta insuficiencia de ingresos, en el caso de 2021, es en realidad una de las virtudes del proyecto presupuestario: si se confirman las cifras de gasto y se producen menos ingresos, el impulso contracíclico del Presupuesto será mayor, aun a costa de incrementar la deuda pública y el déficit con el que nos tendremos que encontrar en 2022. El riesgo vendrá del lado de la presión para que, probablemente a partir de primavera del año que viene, tengamos para acometer una consolidación fiscal rápida, bien por un previsible giro en la Unión Europea (que tarde o temprano volverá a establecer las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y/o bien por la presión interna generada por los defensores de las políticas de austeridad.
En conclusión, la imagen general de los Presupuestos avanza en la dirección correcta en este momento, y si se pueden tachar de algo, es precisamente de tímidos y conservadores. La evolución económica es, en estos momentos, absolutamente imprevisible, y tendremos que ver cómo se comporta durante 2021, de manera que es bastante factible que haya que revisar los Presupuestos y establecer nuevas medidas en un año que, necesariamente, va a ser tan convulso como el que estamos cerrando.
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