Cuando estábamos debatiendo en Madrid sobre los objetivos climáticos a nivel mundial durante la pasada COP-25, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, hizo un anuncio que, no por esperado, fue menos relevante. En su presentación, el 12 de diciembre de 2019 ante el Parlamento Europeo, se refirió al Pacto Verde Europeo como "nuestro hombre en la Luna", una comparación que ya de por sí debería evocarnos a todos que estamos ante un momento destacado en la Historia.
La lucha contra el cambio climático se ha convertido en un elemento clave en la agenda internacional que ha ido alcanzando la importancia que se merece gracias al impulso de científicos, entidades no gubernamentales, ciudadanos, gobiernos y empresas. El hecho de que la presidenta del mayor bloque económico mundial se refiriera al propósito de hacer de Europa un territorio climáticamente neutro, en el fondo debería asemejarse menos al alunizaje del 21 de julio de 1969 y más a la declaración de John Fitzgerald Kennedy en 1961 donde desafió a la nación a llevar astronautas a la Luna a finales de la década. La Nasa cumplió dicho desafío con el programa Apolo; los europeos debiéramos alcanzar el nuestro con el Pacto Verde Europeo. Como dijo Kennedy aquel día desde la tribuna del Congreso de los Estados Unidos, y podía haber parafraseado Von der Leyen: "Sus peligros son hostiles para todos nosotros. Su conquista merece lo mejor de toda la humanidad, y es posible que su oportunidad de cooperación pacífica nunca vuelva a presentarse".
El desafío del cambio climático es grande y, quizás por ello, importante que la estructura con la que se combata dicha emergencia climática sea robusta y la apuesta importante. Hasta la fecha, la conceptualización de esta iniciativa europea muestra esas cualidades que van más allá de un empuje sectorial en materia de generación de energía. Tiene un planteamiento global que abarca a todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y diversas industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las tecnológicas, el textil y los productos químicos. Plantea la idea de establecer un impuesto en la frontera sobre el carbono para que los agentes privados que avancen en la senda de la descarbonización no padezcan competencia desleal durante dicho proceso de parte de los que actúen desde otros ámbitos donde el compromiso y la acción climática sea demasiado laxos.
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La plasmación de esa realidad requiere empujes legislativos y de investigación, desarrollos tecnológicos y proyectos que los hagan realidad mediante una fuerte inversión privada. La actividad económica en general debe transformarse paulatinamente hasta convertirse en una economía baja en carbono; generando, obviamente, ganadores entre aquellos que sepan ver las oportunidades, y perdedores, a los que habrá que proteger. De ahí que las decisiones de política económica que este Pacto Verde Europeo representa puedan ser claves para alcanzarlo.
En el fondo, se trata de una estrategia de crecimiento que, en gran medida, persigue la reubicación de prioridades de inversión mediante incentivos públicos y cambios normativos; pero también una política que debe generar importantes ahorros, y no sólo en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero. Debe evitar enormes costes que la inacción ante la emergencia climática ocasionaría en caso de seguir en la misma senda que hasta ahora.
Por ahora, su plasmación financiera en los instrumentos comunitarios es significativa. El Marco Financiero Plurianual aprobado por el Consejo Europeo en su reunión de julio supondrá la movilización de más de 1 billón de euros en el periodo 2021-2027. El programa Next Generation EU, acordado en la misma reunión, siendo un 25% inferior constituirá la plasmación de una estrategia financiera europea para la recuperación económica durante los próximos cuatro años. Nunca el Presupuesto comunitario había alcanzado esas magnitudes y el 30% del mismo deberá destinarse a la lucha contra el cambio climático a través de programas enmarcados en el Pacto Verde Europeo. Hablamos de casi 550.000 millones de euros, asignables a proyectos y actividades en los 27 estados miembros para transformar en plenamente la economía de la UE.
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Es verdad que el mecanismo de determinación empleado en el pasado de lo que es climáticamente sostenible es mejorable, como concluía un informe del Tribunal de Cuentas europeo de 2016. No obstante, el mismo Tribunal concluía recientemente que fijar tales objetivos puede representar una medida eficaz para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión. Una parte importante del éxito o fracaso de dicha medida dependerá de los proyectos que se desarrollen. Los programas de apoyo a la cohesión y la Política Agraria Común actualmente en vigor permiten gastos con un impacto potencialmente perjudicial sobre el clima o supuestos positivos sin una justificación válida. La política de investigación, otro pilar presupuestario en la UE, presentaba lentos progresos para alcanzar su objetivo climático. Son imprescindibles, por lo tanto, mejoras en este sentido.
Un impulso adicional parece que vendrá por la parte de la generación de recursos propios. La financiación del programa de recuperación de fondos europeos se basará parcialmente en el establecimiento de nuevos impuestos verdes como el referido a los plásticos de un solo uso o el ya citado ajuste de carbono en frontera. La ampliación del mercado de carbono europeo (EU-ETS) también reportará ingresos mientras contribuye al objetivo planteado por el Pacto Verde Europeo. Además, y más allá de las aportaciones de cada uno de los estados miembros, parece que el recurso al endeudamiento comunitario, que será la primera vez que ocurra, se obtendrá parcialmente a través de la emisión de bonos verdes, convirtiéndola probablemente en la mayor emisora mundial de este tipo de productos financieros finalistas. El Banco Europeo de Inversiones ha aumentado sus compromisos en esta misma línea, lo que debería redundar en un mayor impacto positivo de su financiación en este ámbito.
Finalmente, en un contexto en el que es necesario conjugar el corto y el largo plazos o, dicho de otra forma, la aplicación de políticas de recuperación ante los destrozos económicos causados por la lucha contra la pandemia y la atención de las prioridades de futuro, es clave saber si se podrán atender al mismo tiempo ambas prioridades. Desde luego, necesidad sí hay, como han mostrado distintos manifiestos ciudadanos en Europa y España.
La evidencia empírica muestra que la inversión verde (en infraestructura para la electrificación, en energía renovable, en eficiencia energética y en investigación en tecnologías limpias, entre otras) tiene un efecto multiplicador muy potente sobre el crecimiento del PIB y del empleo. Hemos experimentado con crudeza el coste de no estar preparados ante eventos catastróficos, por lo que la mejor alternativa para España y para el conjunto de la Unión Europea es ligar de manera decidida la respuesta a la emergencia económica con el Pacto Verde Europeo y nuestro Programa Nacional Integrado de Energía y Clima.
Aprovechemos la oportunidad que nos brinda la apuesta decidida de la Comisión Europea y del Consejo Europeo para invertir en un crecimiento sostenible. El Pacto Verde Europeo debe ser un referente en política económica, financiera e industrial de futuro para todos nosotros. Una apuesta en beneficio de todos.
(Este análisis forma parte del proyecto Green Deal. La oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de Hablamos de Europa)
