El 'Green Deal' de la Unión Europea, lanzado por la Comisión Von der Leyen en diciembre de 2019, ha puesto sobre el tablero de las políticas comunitarias la propuesta de un nuevo marco para el desarrollo económico y social con un horizonte a 2050 que sustituye la anterior hoja de ruta económica, la Estrategia Europa 2020. La visión del Green Deal plantea múltiples cuestiones de interés, pero quisiera poner el acento en una que me parece especialmente relevante desde el foco que asume este texto: por primera vez en el marco internacional y comunitario, se adopta un enfoque de sostenibilidad basado en principios teóricos que emergieron en los años 70 y que, sin embargo, se han plasmado de manera parcial en las políticas a lo largo de las últimas décadas.
La razón principal es que esos principios, claramente formulados desde la publicación del Informe del Club de Roma 'Los Límites del Crecimiento' (1972), requerían el desacople entre el desarrollo económico y los impactos en el medioambiente al señalar que los recursos naturales y la capacidad de recuperación del planeta eran finitos, una cuestión que ha ido retrasando la gran dependencia respecto a los combustibles fósiles y la inercia a abandonar ese camino. Sin embargo, las cosas han cambiado desde un punto de vista técnico y de viabilidad económica.
El Green Deal hace suya esa idea de desacople en un momento en el que el mismo se reconoce como posible, planteando avanzar en la mitigación del cambio climático y otros impactos ambientales. Dentro de este marco, establece un objetivo plenamente alineado con el Acuerdo de París (2015) y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (2015): la descarbonización de la economía europea a 2050, una cuestión que se entiende como desafío a abordar necesariamente en un contexto de emergencia climática y ambiental.
Este objetivo se plantea al tiempo como una oportunidad para impulsar ámbitos de la economía verde en los que la UE presenta un gran potencial en el presente, y para remarcar un claro liderazgo de la Unión en la transición verde y justa a nivel internacional. Esta visión se ha propuesto como hoja de ruta a asumir de manera inmediata por los estados miembros, ya que una de las 'líneas fuerza' es ligar los fondos europeos del Marco Financiero Multianual que iniciará en 2021, así como los fondos que se están movilizando para atender la emergencia de la pandemia (dentro del instrumento denominado 'Next Generation'), a la financiación de acciones concretas que permitan avanzar en este camino.
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Todo lo mencionado hasta aquí pone a las ciudades en el centro de la acción que se deberá acometer en los próximos años para alcanzar la visión planteada. Esto es porque, entre otras cuestiones, los núcleos urbanos son responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen en torno a un 70% de la energía global que utilizamos. En ellos viven entre el 75% y el 80% de los ciudadanos europeos (el porcentaje varía en función de la definición de ciudad que utilicemos) y se genera la mayor parte de la innovación, así como el avance en la ciencia y la tecnología. Asimismo, se calcula que las ciudades de la UE son responsables de aproximadamente el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) y que en ellas se concentra en torno a un 70% del empleo total.
A estas razones se suman cuestiones cualitativas, como el hecho de que muchas ciudades europeas han liderado en los últimas dos décadas, junto con la Comisión Europea, la acción por el clima en el marco internacional, en gran parte dentro de la red de ciudades denominada Pacto de los Alcaldes ('Covenant of Mayors'). Esta cuestión, unida a la tradicional demanda del nivel local por estar mejor representado y tener voz en los procesos de toma de decisiones, tanto en los marcos internacionales como en el contexto de la UE, ha llevado a un reconocimiento creciente del papel que pueden desempeñar los núcleos urbanos en relación a la emergencia climática, así como a otros desafíos globales; un aspecto que, por ejemplo, se hizo patente en el Acuerdo de París.
[Escuche el podcast de 'Green Deal. La oportunidad de Europa': ¿Cuáles son los incentivos económicos del Green Deal?]
A todo ello se suma la necesidad que tienen los estados miembros de la Unión para identificar rápidamente ámbitos de actuación de los fondos mencionados más arriba a partir de 2021, una función que están acometiendo en parte en el momento presente. En relación a la misma, emerge la dificultad que algunos estados, entre ellos España, encuentran para ejecutar la totalidad de los fondos que se les asigna en cada periodo de programación. Estas temáticas son claves para abordar la crisis derivada de la pandemia y asegurar el éxito del Green Deal a nivel comunitario. Todas ellas vuelven a poner las ciudades en el centro de muchas de las acciones que se debieran acometer. Las razones son varias y de diversa índole, pero me gustaría señalar tres:
Si tuviésemos más espacio, podríamos seguir señalando razones por las que las ciudades tienen que ser actores protagonistas en relación al Green Deal, y ejercer un rol en el desarrollo de las políticas que finalmente lo implementen a nivel comunitario y nacional. Esto supone una oportunidad y una innovación en la gobernanza en relación al diseño de las políticas comunitarias, así como de nuestro ámbito nacional. Supone también un desafío que se suma a las inercias y dificultades que irán surgiendo en relación a los cambios que nos exige esta nueva visión. Unos cambios que sólo podrán operarse contando con las ciudades como protagonistas, ejerciendo su papel natural de mediadoras entre las políticas macro de la UE y la implementación de estas políticas a escala local para mejorar la vida cotidiana de todos y todas en la clave integrada que supone esa ruta hacia la descarbonización.
(Este análisis forma parte del proyecto Green Deal. La oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de Hablamos de Europa)
