España necesita intensificar sus actuaciones contra el cambio climático para protegerse de sus impactos, cumplir sus compromisos internacionales y no perder el tren del gran cambio que se está generalizando en muchos socios y competidores. Aunque la incidencia de la Covid-19 puede plantear dudas de oportunidad para este curso de acción, un uso coordinado de recursos públicos, regulaciones e involucración del sector privado puede acelerar el proceso de transformación desde ya.
Son bien conocidas las razones por las que España debe priorizar sus acciones contra el cambio climático. Las vulnerabilidades a las que se enfrenta nuestro país son mayúsculas y es suficiente observar los efectos devastadores de la actual crisis sobre el sector turístico para imaginar algunas de las disrupciones económicas asociadas a los mayores impactos climáticos en nuestro territorio y por nuestra gran dependencia de actividades asociadas al clima. También se han citado los beneficios colaterales de mitigar el cambio climático al reducirse la exportación de recursos ocasionados por nuestra elevada dependencia energética del exterior y de otros graves problemas de contaminación asociados a la combustión fósil. Además, España es un país con un gran potencial para el despliegue de energías limpias y soluciones sostenibles basadas en la naturaleza y, en consecuencia, para el desarrollo de sectores competitivos en el mercado internacional y tractores para nuestra economía.
Sin embargo, casi 30 años después de la aplicación de las primeras políticas climáticas en algunos países de nuestro entorno, la experiencia española de las últimas décadas arroja retrasos y más sombras que luces en este ámbito. Es probable que otras prioridades socioeconómicas, inercias o la acción de grupos de presión expliquen una situación que plantea problemas adicionales. En primer lugar, porque la UE está intensificando los objetivos climáticos dentro de su estrategia de descarbonización para mediados de siglo y los deberes pendientes incrementarán los costes de cumplimiento para la sociedad española, al reducir el margen para introducir soluciones flexibles y baratas. En segundo lugar, porque corremos el riesgo de perder, una vez más, la oportunidad para estar en la vanguardia del cambio socioeconómico a gran escala que se avecina.
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Antes de la llegada de la Covid-19, decisores políticos, empresas y ciudadanos españoles se encontraban inmersos en un proceso de reconocimiento y enmienda de las sombras apuntadas, pero el extenso y profundo daño ocasionado por la pandemia sobre el tejido socioeconómico arroja dudas sobre la viabilidad de reformar un barco que navega en medio de un ciclón. No obstante, una combinación inteligente de estrategias y políticas puede facilitar el avance en la dirección necesaria. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que se mantenga el colchón contracíclico de protección social que haga viable el cambio de rumbo a medio plazo, pero sin obstaculizarlo (por ejemplo, evitando insuflar recursos incondicionados a sectores que no son compatibles en el medio plazo con la descarbonización). En segundo lugar, es importante contar con recursos suficientes para hacer posible esa reactivación verde, pero es inapelable, dada la magnitud del desafío, involucrar al sector privado mediante la canalización de fondos públicos o la adecuación del entorno regulatorio. En tercer lugar, es necesario definir políticas que acentúen y complementen los efectos conseguidos con la disponibilidad de nuevos recursos.
En relación con los recursos disponibles para la reactivación verde, el sector público español tiene un margen de maniobra limitado para asignar fondos propios por las grandes necesidades del colchón social contracíclico, por su tradicional atonía fiscal y por el elevado nivel de endeudamiento actual. Cierto es que se presenta una oportunidad única por el volumen considerable de fondos del programa EU Next Generation asignados a nuestro país, pero se trata de recursos no inmediatos y cuya obtención demandará una actitud mucho más proactiva que la observada en décadas de gestión pública de subvenciones europeas. En estas condiciones, parece recomendable ampliar el volumen de recursos disponibles del sector público español, por ejemplo a través de una reforma fiscal verde de alcance que dedique parte de sus ingresos a compensaciones distributivas. Los efectos depresivos de la crisis actual sobre el precio de los combustibles fósiles exigen, de hecho, intensificar estos impuestos para que no se desbarate lo que pueda conseguirse con la utilización de fondos públicos y privados en la reactivación. Y, por supuesto, no fiar toda la reactivación verde al uso de recursos públicos, optando por políticas climáticas (la propia fiscalidad verde) que incentiven un nuevo ciclo de inversión e innovación desde el sector privado. En este sentido, será crucial reforzar y actualizar nuestro mejorable catálogo de políticas de mitigación del cambio climático.
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Además, los limitados recursos públicos (incluyendo los europeos) exigen una adecuada priorización de proyectos de reactivación verde. No sólo se trata de evitar el café para todos, puesto que hay mucha diferencia en la contribución de los distintos sectores al problema climático, sino también garantizar la efectividad a largo plazo de la intervención pública. Así parece conveniente, en primer lugar, centrarse en aquellos sectores intensivos en emisiones donde la inmadurez de tecnologías y la efectividad de otras políticas públicas es limitada. Es probable que esto requiera favorecer amplios proyectos infraestructurales y de desarrollo tecnológico acotados en ciertas actividades poco expuestas hasta el momento a la mitigación climática, confiando al mercado y a las reforzadas políticas correctoras la consecución de objetivos en sectores, como el eléctrico, ya bastante encarrilados en su trayecto hacia la descarbonización.
También parece imprescindible, con una fábrica social tan dañada después de crisis sucesivas que han aumentado la polarización entre personas y territorios, priorizar proyectos de reactivación verde que aporten una mezcla muy equilibrada de reducción de emisiones, maximización de empleo y reducción de desigualdades. Es el momento, en fin, de vincular el tránsito a la descarbonización con el desarrollo de actividades y sectores que lleven a mayores y mejores oportunidades de empleo, competitivas internacionalmente y que garanticen un tejido económico más diversificado y resistente.
(Este análisis forma parte del proyecto Green Deal. La oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de Hablamos de Europa)
