El plebiscito del 25 de octubre es el hito que da inicio al proceso constituyente en Chile, que quedó establecido en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 entre la mayoría de los partidos políticos chilenos y que intenta canalizar institucionalmente el estallido social de octubre de ese año. Si bien el plebiscito se convocó inicialmente para abril de 2020, tuvo que aplazarse debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Como ya se ha recordado en este blog (ver, por ejemplo,
aquí), en el plebiscito la ciudadanía recibirá dos papeletas de votación. Es importante recordar que si gana (segunda papeleta) la Convención Constitucional (compuesta por la totalidad de constituyentes electos y electas democráticamente para esta función), Chile se convertirá en el primer país del mundo en
escribir una Carta Magna de manera paritaria debido al sistema electoral aprobado en marzo pasado. La otra opción (Convención Mixta: el 50% de los y las constituyentes elegidos democráticamente para este cometido y el otro 50% compuesto por parlamentarios en ejercicio) no garantiza este extremo, porque la segunda de las mitades no es paritaria debido a la poca presencia de mujeres en el Congreso, apenas un 23%.
Si bien desde marzo pasado se conocía la nueva fecha de la convocatoria, en agosto se comenzó a discutir la implementación de las medidas necesarias para llevar a cabo las elecciones de la manera más segura posible. Bajo la constante presión de diversas organizaciones de la sociedad civil, surgieron dudas sobre la seguridad de los comicios y se llamó la atención sobre la tardanza en la definición de estas medidas. Las primeras se enfocaron tanto a evitar la aglomeración de personas, porque en Chile se sigue registrando una cifra importante de nuevos casos diarios de la enfermedad del Sars-COV-2, como a asegurar la integridad electoral del proceso.
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Con este objetivo en mente, desde la sociedad civil se propuso evaluar diversas soluciones para evitar esas aglomeraciones y promover la participación electoral en el contexto de la crisis sanitaria: por ejemplo, la extensión de la jornada a dos días, el aumento de locales de votaciones y el voto por correo postal o domiciliario, entre otras. Además, algunas organizaciones pusieron el acento en la necesidad de que estas medidas fueran diseñadas e implementadas con perspectiva de género.
A pesar de las lecciones que se podrían haber extraído de la experiencia comparada, la decisión de las autoridades chilenas fue la de
aumentar el número de locales, la extensión de las horas de votación y, especialmente, introducir medidas sanitarias como la obligación de usar mascarilla al interior de los locales, uso de gel hidroalcohólico, que la ciudadanía lleve su propio lápiz para emitir el voto y la distancia física entre electores y, también, entre los vocales de mesa. Asimismo, se acaba de confirmar que
las personas que viven en los territorios en cuarentena el día del plebiscito podrán salir excepcionalmente a votar sin necesidad de tramitar un permiso especial.
Una de las medidas que más ha llamado la atención es el
horario exclusivo de votación para las personas mayores de 60 años, de las 14.00 a las 17 horas. Expertos y expertas en comportamiento electoral y diversos actores políticos han señalado que
lo mejor hubiera sido establecer esta franja horaria exclusiva por la mañana, el preferido por los adultos mayores, sobre todo en las zonas rurales del país.
Sin embargo, la decisión más controvertida de todas fue, sin duda, la de
prohibir la participación electoral de las personas con PCRs positivos. Del mismo modo que se hizo en España en las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia, el Poder Ejecutivo chileno les ha restringido el derecho al sufragio. La negativa a considerar otras opciones y el recorte de este derecho político (un derecho humano) para una elección fundacional como es el plebiscito constitucional ha dado la impresión de que, si se hubiera empezado antes a estudiar alternativas, se podría haber evitado esta limitación. El Gobierno y el Servicio Electoral han señalado que
si una persona contagiada llega al local de votación se le debe permitir ejercer su derecho, pero posteriormente puede ser sancionada e incluso detenida.
Ante el escenario incierto que produce la pandemia, acentuado por el desconfinamiento comenzado a mediados de septiembre, es fundamental que las autoridades tomen las medidas necesarias para que
esta prohibición no se repita en las elecciones del 2021, ya que es probable que aún no contemos con una vacuna. El cronograma electoral del próximo año es intenso: además de las primarias municipales que tendrán lugar en noviembre de 2020, en abril de 2021 se realizarán las elecciones municipales, las inaugurales de gobernadores/as regionales y la eventual elección de convencionales constituyentes; en mayo se definirían, de ser necesarias, las segundas vueltas de gobernadores/as regionales; en julio, las primarias presidenciales; en noviembre, las legislativas y la primera vuelta presidencial; y, finalmente, en diciembre la segunda vuelta presidencial. En este contexto, se torna indispensable permitir que todas las personas habilitadas tengan la posibilidad de emitir sus votos.
Finalmente, no deja de ser sorprendente cómo la pandemia puede terminar generando una nueva revolución del voto en el siglo XXI en América Latina, en general, y en países como Chile en particular, donde la abstención se había convertido en un gran déficit de la democracia. Mientras observamos los intentos de supresión del voto en Estados Unidos, en Chile
la incorporación de nuevos mecanismos de sufragio (voto anticipado e instancias no presenciales) podrían provocar una nueva expansión de la participación sin precedentes. La eliminación de barreras fácticas para ejercer este derecho mediante la instalación de urnas en cárceles y hospitales, o la mera posibilidad del voto postal para las personas que no se pueden acercar a los locales de votación, entre otras medidas a estudiar, pueden reducir fuertemente los costes asociados e incentivar, en conjunto, un aumento de la participación popular institucionalmente canalizada y una nueva revalorización de lo público.
