La prometida Ley de Cambio Climático enfila la recta final de su aprobación, tras concluir las numerosas comparecencias de personas expertas que respondimos a la invitación de los grupos parlamentarios para aportar nuestra valoración. Una vez presentadas y explicadas nuestras propuestas, la pregunta queda en el aire: ¿nos habrán escuchado?, ¿van a mejorar el proyecto de ley?
Estamos ante una oportunidad histórica. Nuestro país puede dotarse, por primera vez, de una ley que dé soporte a la necesaria hoja de ruta de la descarbonización para dejar atrás la gran dependencia de los combustibles fósiles, y prepararnos para afrontar en mejores condiciones los efectos del cambio climático y aprovechar las oportunidades de la transición energética y ecológica mundial que ya está en marcha. Pero de poco sirve tener una ley si ésta no tiene la contundencia, el alcance y la profundidad que se necesita para responder a un reto de semejante magnitud.
En nuestras comparecencias insistimos en que, ante todo, los objetivos de la ley deben estar alineados con las recomendaciones científicas, cada año más apabullantes. Y, sin embargo, ni lo están en los dos anteproyectos anteriores, tramitados durante dos años y medio, ni tampoco en este último y definitivo proyecto legislativo. La Ciencia nos dice que, para evitar un cambio climático de consecuencias desastrosas, la humanidad tiene que lograr contener el calentamiento global de forma que la temperatura media del planeta no supere en 1,5 ºC los valores anteriores a la revolución industrial. Ese objetivo se plasmó en el Acuerdo de París, que España suscribió y ratificó (y, por tanto, nos obliga de forma vinculante), algo coherente con el interés nacional, como país extremadamente vulnerable al cambio climático que somos y que venimos conociendo, a través de los diferentes modelos climáticos, desde hace décadas.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
¿En qué se traduce ese compromiso? También nos lo dice la Ciencia. Para evitar ese nivel de calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse rápidamente en todo el mundo para alcanzar un nivel neto de cero a mitad de siglo. Y lo que hagamos en esta próxima década es clave, porque para 2030 ya habría que haberlas reducido a la mitad. Obviamente, no todos los países tienen la misma capacidad ni responsabilidad; por eso, los más desarrollados tenemos que asumir una reducción mayor.
En el caso de España, las emisiones en 2030 deberían reducirse más de la mitad (al menos el 55%) respecto al año de referencia de 1990. Sin embargo, el proyecto de ley se queda en un exiguo 20%, apenas elevado a un todavía ínfimo 23% en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y lo que es peor, el Gobierno trata de justificarlo con la excusa de que los ejecutivos anteriores no hicieron nada. Tampoco se hizo nada para prevenir una pandemia de coronavirus, pero eso no nos libra de tener que actuar ahora. Justificar el presente a través de los errores del pasado, aunque sean de terceros, no es motivo para no querer aumentar la ambición.
Incluso la Unión Europea, con el apoyo de España, reconoce que lo comprometido hasta ahora (exactamente el doble del objetivo de la ley española) no es suficiente. De hecho, tanto la Comisión Europea como, en mayor medida aún, el Parlamento Europeo, han propuesto elevar significativamente el compromiso actual, lo que deja el de la ley española aún más lejos. Y no sólo ocurre en Europa: el presidente del país más contaminante del mundo, China, ha prometido ante la Organización de Naciones Unidas descarbonizar su país para 2060 y adelantar la fecha de inicio de la senda descendente de emisiones a antes de 2030.
Todos esos movimientos estratégicos se han producido en apenas un par de semanas e indican un evidente cambio de tendencia hacia una mayor ambición y urgencia en los compromisos climáticos internacionales. Si los partidos que sustentan al Gobierno español son coherentes con sus promesas y no se arredran ante las presiones de las grandes corporaciones, deberían elevar significativamente los objetivos de la ley en la recta final del tramo parlamentario y no limitarse a un maquillaje cosmético de unos pocos dígitos.
Pero la falta de ambición de la ley no queda ahí. Además, es visible una falta de actuación, cuya causa es la heterogeneidad en el desarrollo y en la profundidad de los conceptos del articulado. Este hecho se visibiliza en la apuesta que hacen a favor de los mal llamados gases renovables, perpetuando las zonas grises del sector energético tradicional al exigir la neutralidad tecnológica adaptada a sus intereses, y obviando una apuesta explícita por tecnologías ya maduras y sin emisiones, como es el caso de la eólica y la fotovoltaica. Asimismo, no se le da la relevancia necesaria a muchos puntos que consideramos fundamentales, como es la generación distribuida, el papel activo de la ciudadanía, la rehabilitación energética, la necesidad de implementar una política fiscal activa y finalista, a la electrificación de la demanda y a la actuación en ciudades, principales sumideros energéticos de nuestro país.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Todos ellos vienen definidos en diferentes estrategias y reales decretos que, según nuestro criterio, deberían desarrollarse y tramitarse amparados bajo mandatos contenidos en la Ley de Cambio Climático, creando una ley paraguas fuerte y transversal, que dote de una confianza y seguridad legislativa a todas las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Entendemos que existe una necesidad, imperante en algunos casos, de poner en valor las funciones del Parlamento y del poder legislativo, dando la estabilidad e importancia en el tiempo que la Ley de Cambio Climático debe tener y que permita incluir nuestras propuestas presentadas de mejora. Esto la dotaría, más allá de los diferentes gobiernos que estén por venir, de una fortaleza que permitiría aumentar la ambición de sus objetivos, entendiendo que el marco de actuación en todos los sectores que hay que descarbonizar estarían vinculados a su cumplimiento.
La respuesta a la pregunta de si nos habrán escuchado sigue en el aire. Lo que no lo está, tristemente, es la necesidad de cambiar, de rediseñar la sociedad y los valores que queremos para el mañana, con un sistema socioeconómico sostenible y con un marcado valor social, permitiendo tener un futuro que legar a las próximas generaciones. Aunque parezca extraño, de la mejora de esta Ley de Cambio Climático depende nuestra eficacia a corto, medio y largo plazo en la lucha contra el cambio climático. No perdamos la oportunidad de revertir el problema, aún estamos a tiempo. Si queremos, claro.
