A pesar de que todavía no se han publicado datos oficiales específicos, gracias a diversas estimaciones podemos saber que entre marzo y agosto de 2020 al menos la mitad de los fallecidos en España con Covid-19 o sintomatología compatible lo ha hecho en residencias de mayores. Comparado con otros países, se trata de un dato malo.
Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el contexto del
'Proyecto Mc-Covid-19' y con el fin de entender lo ocurrido y poder aprovechar la dura experiencia vivida, hemos estudiado, mediante entrevistas en profundidad y la revisión de decenas de documentos, las dificultades de gestión de la pandemia que afrontaron los responsables organizativos e institucionales de las residencias de personas mayores en España (
aquí, el informe completo).
Casi todos los actores, institucionales y organizativos directamente implicados en la gestión de la crisis en estos meses han tenido ocasión de reflexionar sobre los puntos débiles del entramado institucional responsable de proporcionar cuidado y mantener la salud de las personas mayores residentes en centros geriátricos. Aunque aún no se ha realizado una evaluación sistemática y en profundidad de la gestión de lo ocurrido, han podido identificar buen número de fallos y algunos de ellos han podido ser corregidos.
¿Qué hemos aprendido en nuestra investigación de lo sucedido? ¿Qué creemos que se puede hacer mejor para atajar los brotes en las residencias o evitar que tengan lugar, ahora y en el futuro?
Preparación
En las residencias, las personas mayores viven colectivamente, lo que como es lógico favorece el contagio. Además, estas personas reúnen otros tres elementos que los hacen particularmente vulnerables frente a la Covid-19: su avanzada edad, la frecuente presencia de enfermedades concomitantes y una autonomía generalmente limitada, lo que implica la necesidad del contacto humano cotidiano para ser atendidos.
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Estas características y el muy importante hecho de que estas personas mayores, unas 277.000, no tienen un hogar alternativo (el centro es su hogar), convierten
las residencias en un servicio esencial y su atención durante una epidemia, en una prioridad para el conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, resulta necesario integrar su protección en
las estrategias nacionales de seguridad y los planes de preparación y respuesta ante emergencias; en especial, frente a potenciales epidemias. Las crisis se caracterizan con frecuencia por la fugacidad de la fase inicial, en la que la intervención resulta más eficaz, por lo que
los planes ante este tipo de eventualidades deben ser bien conocidos por las autoridades; y para eso es imprescindible la formación y, en particular, los ejercicios de entrenamiento.
Además, no deben
subestimarse las amenazas lejanas y sobreestimarse las capacidades internas, sobre todo tras haber atravesado una crisis que afectó gravemente a la sanidad y, mucho más aún, al
sector de la dependencia, que presenta importantes carencias. Aunque la inversión se ha recuperado parcialmente en los últimos años, la prórroga presupuestaria no ha permitido reforzar de manera suficiente los servicios públicos sociales y sanitarios en los últimos años.
Coordinación en las respuestas
La coordinación intersectorial entre Sanidad y Servicios Sociales, tanto entre ministerios como entre consejerías, y entre las residencias y los centros sanitarios,
debe plantearse inmediatamente en una epidemia. De otro modo, las consecuencias pueden resultar extremadamente graves, como se ha podido constatar en el caso que nos ocupa.
El perfil de los
expertos debe ser establecido con anticipación. El equipo debe
integrar expertos de reconocido
prestigio con expertos 'grises' que conozcan lo que gestionan y que provengan de
diversas especialidades: en el caso de las residencias, al menos en salud pública, en organización y gestión del Sistema Nacional de Salud, en servicios sociales y en el funcionamiento del Estado autonómico.
Las tareas que debe y puede hacer cada nivel de gobierno deben estar establecidas con anticipación. Con la ley en la mano, ¿quién puede hacer qué?; y teniendo en cuenta la
expertise en gestión de crisis, ¿quién es mejor haciendo qué?, ¿cuándo lo debe hacer?, ¿qué instrumentos de política pública (organizativos, legales, económicos, de comunicación) necesita para hacerlo bien?
Tras la pandemia de 2009, por ejemplo, algunos países
se replantearon quién debía ser el responsable de la crisis por el desbordamiento de Sanidad (ministerios o el equivalente a las consejerías regionales). Algunos optaron por alguien con una visión más transversal, encargado de coordinar varios ministerios; otros, por el establecimiento de mecanismos de enlace.
Si las crisis se gestionan bien son muy positivas para el
propietario de la crisis; si se gestionan mal, pueden ser extremadamente negativas. En España, un
73% de los ciudadanos cree que la crisis en las residencias se ha gestionado 'mal' (encuesta propia, con 8.000 casos realizada en septiembre de 2020). La responsabilidad está claramente repartida: un 45% de los ciudadanos cree que los principales responsables de la gestión son las comunidades autónomas, un 24% piensa que es el Gobierno central y un 28% ambos niveles de gobierno. Sin embargo, la
politización de la crisis por parte de los gobiernos hará dudar a los ciudadanos de con cuánta seriedad cumplen las medidas de salud pública (además de deslegitimar los sistemas sanitario y social).
Capacidades
El sistema en su conjunto (ministerios, consejerías y dispositivos de prestación de servicios) ha mostrado serios problemas de capacidad, entendida como la habilidad de asegurar recursos, tecnología y profesionales para lograr sus objetivos.
Esa falta de capacidad (obtención de datos, material, realización de test y su análisis) condicionó las respuestas de salud pública.
Resulta muy urgente acordar un
sistema de información compartido sobre el sistema residencial entre niveles de gobierno. Es muy importante que, durante una epidemia,
las residencias reciban 'feedback' de los datos con los que alimentan al sistema. Estos datos serán muy útiles para su gestión.
Todas las residencias deben tener
planes de contingencia informados 'in situ' y no por expertos en la distancia, y su personal debe estar formado en ellos. Los
protocolos sanitarios a aplicar en estos establecimientos no pueden diseñarse sin el concurso de los servicios sociales; en muchas ocasiones, se reclaman acciones que las residencias, debido a su configuración arquitectónica, la organización del modo de trabajo y las especificidades de los residentes, no pueden ser llevadas a cabo sin un severo menoscabo de las funciones de cuidado que les dan sentido.
Hay que anticiparse a la segura sobrecarga que sufrirá el sistema de residencias debido al número de
bajas de trabajadores en los brotes. En la primera fase de esta crisis se produjo debido a los contagios, el temor y los protocolos demasiado rigurosos (o lo contrario). Ello sobrecargó al resto del personal, que tuvo que asumir tareas para las que no estaba a veces preparado.
Debemos destacar que
la implicación del SNS (salud pública, atención primaria y hospitales) marcó
un antes y un después en la situación de las residencias durante la primera fase de la epidemia. En algunas comunidades autónomas, a las consejerías de Sanidad les costó mucho entender que debían involucrarse de manera rápida y decidida.
En
crisis, el desbordamiento hospitalario debe estar previsto y los criterios de atención deben estar éticamente informados. No se debe equiparar residentes en centros geriátricos con enfermos terminales.
La gestión del
fallecimiento de mayores en algunas residencias requiere de una reflexión que evite que vuelva a repetirse lo ocurrido, incluido el injusto señalamiento a los trabajadores que estaban tratando de atender a los mayores.
Una de las practicas más eficaces para contener los brotes ha sido
derivar pacientes Covid-19 a otros centros temporales. Además, es muy importante para que el
resto de residentes pueda hacer una vida lo más parecida posible a la normalidad, lo que es muy relevante para su salud física y mental.
El futuro del sector
Finalmente,
hay que repensar el futuro del sector del cuidado de mayores y evaluar cómo ha funcionado el sistema de atención a las personas en situación de dependencia tras 14 años y los recortes del
Real Decreto-Ley 20/2012. En ese sentido, parece fundamental:
- Asegurar cuidados de calidad para las personas mayores y empleo de calidad para quienes les cuidan, un 83% de ellas mujeres. La sociedad, jóvenes y mayores, podrá aprovechar el retorno de la inversión que se dedique a este fin.
- Desarrollar estructuras de coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales.
- Huir de la 'medicalización' de las residencias, explorando alternativamente la 'sanitarización'.
- Prestar atención a propuestas que implicarían la ruptura del Sistema de Servicios Sociales y su des-profesionalización.
Todavía es pronto para analizar cuál ha sido el peso de la gestión de la pandemia en el recuento de víctimas de la Covid-19. Sabemos que otros factores, como el momento en que el virus llegó al país o la región, la incidencia en el territorio, el tipo de sistema sanitario, el envejecimiento de la población, la densidad de sus principales ciudades u otros determinantes de la salud pueden explicar una parte el impacto de la pandemia. Sin embargo, la literatura científica sobre gestión de crisis, tras analizar la respuesta gubernamental a decenas de eventos de distinta naturaleza (terrorismo, accidentes y catástrofes de salud pública, naturales, bélicas o económicas), ha detectado una serie de fenómenos que entorpecen la adopción de decisiones y la implementación de las respuestas a las emergencias en situaciones de mucha presión. Muchos de ellos han estado presentes en esta crisis y debieran ser estudiados para planificar nuestra respuesta ante futuras emergencias.
