Absurdo y anacrónico. Es la mejor síntesis para designar el momento de estos días en torno la inhabilitación del presidente de la Generalitat.
Lo primero está en boca de todos y refleja de dónde venimos. Se mire por donde se mire, la escena es grotescamente absurda. Aunque las diferentes posiciones favorables o contrarias al independentismo lo interpreten y expresen de forma diversa, casi opuesta, todos vienen a coincidir en una misma idea: lo absurdo que significa la desproporción entre el objeto del desafío de Quim Torra y el paupérrimo rendimiento obtenido con él. Ciertamente, esa desproporción es un reflejo de los réditos que viene aportando el procés a la política catalana desde sus inicios, y simboliza el fracaso colectivo de una manera de plantear desafíos en política, y también de cómo responder a ellos.
Lo segundo es menos obvio, pero quizá más importante, sin embargo, para comprender hacia dónde vamos. Me refiero a su anacronismo, al desajuste temporal con el que se ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo. Apenas ha transcurrido un año y medio entre la desobediencia de Torra a la Junta Electoral Central (JEC) y sus efectos, pero la distancia es mucho mayor en el plano histórico. Es oceánica. Este anacronismo debería recordarnos, una vez más, la asincronía entre decisiones y resultados: en política todas las decisiones irradian consecuencias, aunque éstas no siempre se dan en el mismo marco temporal en el que fueron planeadas.
Por eso, sería también un error leer las últimas tribulaciones de Torra desde la perspectiva temporal en la que se originaron.
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Torra hoy no habría desobedecido. De haber anticipado lo que sobrevino después, probablemente no habría jugado a provocar con una pancarta inocua para cuestionar lo que él consideraba una causa injusta. Tampoco Carles Puigdemont habría llevado hasta el final su pulso frustrado en octubre de 2017, forzando una intervención constitucional del autogobierno. Ni Artur Mas habría permitido que le descabalgaran en enero de 2015 para ser lanzado "a la papelera de la historia", como afirmaron sus verdugos políticos ante los que inclinó voluntariamente su cabeza de gobernante; aunque para Mas la lista de decisiones que hoy rectificaría si pudiese probablemente será mucho más larga: su elección del sucesor tras su renuncia, plantear un plebiscito camuflado dentro de una candidatura unitaria, el cierre de Convergencia por la puerta de atrás, la gestión cortoplacista del 9-N y la ruptura de los tratos con Mariano Rajoy en aquel momento, su disolución anticipada en 2012, la aceleración con que pretendió convertirse en el primer presidente independentista, la apuesta por ser el campeón de la austeridad en 2010, el desdén repetido hacia ERC en 2003 y 2006 La Historia no se puede reescribir, pero algunos darían cualquier cosa por cambiar el libro entero. Los errores de diagnóstico en política lo son todo.
Se acumulan los indicios que apuntalan la tesis de una pseudo-rectificación. Las recientes reflexiones de Puigdemont y Mas en sus libros publicados este año, las entrevistas a los medios, el propio comportamiento de Torra estos meses hasta el último minuto de su ejercicio en el cargo, etc revelan no tanto una rectificación de sus planteamientos, sino una aceptación implícita del fracaso en alcanzar los objetivos con los que justificaron sus decisiones. Ciertamente, otros líderes políticos del independentismo han sido más explícitos en sus enmiendas sobre sí mismos (ahí el último librito de Oriol Junqueras, cuyo título, Tornarem a vèncer, parece una refutación irónica de lo que luego viene a explicar en su interior).
¿Qué ha cambiado tras un año y medio, y por qué importa reconocerlo?
De entrada, ha cambiado el propio Torra en su ejercicio del cargo como presidente. Tras la confección de unos Presupuestos acordados con parte de la oposición, tras un estado de alarma y unos cuantos miles de fallecidos por la pandemia, en medio de una crisis económica extrema, tras lidiar con un Gobierno mayoritariamente desafecto y tras comprobar, una y otra vez, que no dejaba de ser una pieza más en un tablero de ajedrez donde nadie le tenía por rey, Torra estaba aprendiendo a emplear los recursos a su alcance para implementar algo parecido a una agenda política. Si quieres que obedezcan a tu autoridad, comienza por no cuestionar tú la de los demás. Esto explicaría por qué, a pesar de mantener un discurso tan rotundo como inofensivo, y que seguro satisfizo el espíritu del activista que siempre llevará dentro (nadie le podrá quitar el gustazo de haber dicho cosas tremendas con la túnica de la Presidencia), la evolución de Torra durante su último año de mandato ha sido la de un progresivo (algunos juzgarán torpe) acomodamiento a la figura institucional que ha ejercido. Nadie mejor que Isabel Díaz Ayuso estos días para darnos una medida de hasta qué punto Torra había adoptado un espacio propio y cada vez más aclimatado institucionalmente en el mapa de la gobernanza autonómica.
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Así, como en otros casos de 'outsiders' y nuevos líderes que han alcanzado altas responsabilidades gubernamentales estos últimos tiempos, Torra ha experimentado en sus carnes la adaptación que impone el hábito institucional, cuyo aprendizaje conlleva su tiempo y no deja de resultar traumático. Los estudios de liderazgo han trabajado poco sobre los procesos de redefinición personal que protagonizan los individuos que asumen cargos importantes sin apenas experiencia política. Pero algo sabemos sobre cómo los líderes gubernamentales, una vez acceden al Ejecutivo, tratan de adaptar sus posiciones teniendo en cuenta las tres variables del gobernante: sus propias convicciones, las preferencias de los votantes y las presiones e imposiciones de la realidad del poder. Como demostraba un estudio de Brandice Canes-Wrone ('Who leads whom?'), los presidentes de Estados Unidos ganan realismo y tienden a apartarse de sus promesas y convicciones en los asuntos de gobierno, aunque utilizarán sus discursos para evitar que los electores tomen demasiada conciencia sobre ese distanciamiento. El problema para Torra es que aprendió esa lección demasiado tarde.
Pero también ha cambiado el entorno político en Cataluña (votantes y partidos). Cuando en marzo de 2019 se planteó el desafío a la JEC, el juicio en el Supremo acababa de empezar, los presos independentistas llevaban apenas un año en prisión y la indignación aún era fresca y notable. Hoy su encierro ya se acerca a los tres años y el público empieza a resignarse a ello. Por entonces, el recuerdo de la épica del 1 de Octubre era reciente y parecía reclamar una celebración cotidiana en los discursos del president. Hoy el Gobierno central se plantea abiertamente fórmulas para acabar con el encarcelamiento de los políticos y el descrédito de los hechos de octubre sólo se resiste a los más convencidos. Quizá por eso en las series de datos del Centre dEstudis dOpinió de la Generalitat, la preferencia por la independencia frente a otros modelos se encuentra en su punto más bajo desde febrero de 2012, cuando superó por primera vez a la opción del modelo autonómico de autogobierno (Gráfico 1). Y la valoración de la situación política por parte de los votantes de ERC y JxC se encuentra estancada en los valores más bajos de toda la década (Gráfico 2). El momentun se esfumó.
Torra ya no podrá protagonizar ese cambio de periodo histórico, pero sí los que le sobrevivirán, para quienes resulta cada vez más evidente que el esfuerzo por reinventar motivos para el aggiornamento de la causa independentista (y, con ello, su postergación) puede resultar menos oneroso políticamente que persistir en el discurso de la nostalgia por lo que ni pudo haber sido ni fue. Las próximas elecciones autonómicas de 2020 dirán cuánto menos oneroso es.
Y, por último, ha cambiado el escenario político español. Torra se hizo el milhomes ante la JEC (mil hombres, expresión catalana para denotar cierta actitud fanfarrona de quien puede hacer menos cosas de lo que pretende aparentar) en un contexto electoral con alta incertidumbre y variables aún por clarificar: en Moncloa gobernaba un Pedro Sánchez más debilitado, Vox no estaba en el Congreso y la gobernabilidad española amenazaba con entrar en un nuevo período de entropía negativa. Un año y medio después, la fuerza de Sánchez se alimenta de la suma de debilidades de todos los demás, Vox hace verosímil la hipótesis del miedo para el independentismo (todo podría ser realmente peor) y los Presupuestos de 2021 podrían ver la luz con el apoyo mayoritario de los diputados soberanistas junto a la tolerancia de Ciudadanos. En ese panorama, tratar de jugar al gato y al ratón con las instituciones judiciales es hoy menos rentable; y, sobre todo, creíble. Hace tiempo que los errores no forzados del Gobierno dejaron de paliar las contradicciones internas del independentismo (uno de los verdaderos facilitadores de su huida adelante).
Si se pierde de vista ese cambio de rasante, la política española (o una parte de ella) corre el riesgo de perderse también en la autocomplacencia moral desde la que ha tratado de combatir a los líderes del secesionismo como si fueran vulgares demonios. Y con ello, se expone a dejar en evidencia la incapacidad de muchos para extraer las implicaciones y lecciones derivadas del periodo vivido.
Si tomamos la inhabilitación de Torra como el fin emblemático del pos-procés y el inicio de otra cosa, irá siendo hora de que políticos e intelectuales españoles se arriesguen a preguntarse qué han aprendido de esta década, y de la capacidad de gestión del conflicto territorial y de identidades por parte del Estado. Suele reiterarse un argumento: que las instituciones y el Estado de derecho en España han funcionado; quizá tan imperfecta y discutiblemente como ya nos habían prevenido los estudios académicos y las experiencias precedentes, pero lo han hecho. Ésa ha sido una gran lección para el independentismo catalán. Pero en ningún caso puede serlo para los demás.
Porque el recurso excesivo a la fuerza (retórica y en ocasiones física) y a la acción estelar de los jueces sólo ha dejado en evidencia la debilidad de muchos líderes al frente de gobiernos y partidos, su poca confianza en las formas consocionales de hacer política y su excesiva predisposición a transferir responsabilidades a otros actores para evitar ejercer las propias. Un recurso, este último, que suele repetirse en muchas de las crisis exógenas que el sistema político española ha tenido que afrontar; también en la crisis sanitaria de la Covid-19.
Por ello, resultan muy incoherentes y nada ingenuos los argumentos con que estos días algunas voces autorizadas tratan de desacreditar el plan gubernamental de reforma legislativa de la rebelión y la sedición junto a los posibles indultos a los políticos independentistas, y pretenden supeditarlo a una exigencia de arrepentimiento y apostasía por parte del independentismo. Ya que en política una derrota nunca es definitiva ni una victoria perdura demasiado, el juego democrático acaba convirtiéndose en puro posibilismo, en el que no hay mayor acto de reconciliación que la aceptación por parte de todos los actores de un perímetro pragmático común para los acuerdos tejidos en torno a los intereses.
Sería más conveniente recuperar la reflexión de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando reconocía que el Estado pagaría un precio por quitarse de en medio a Puigdemont, y exigía un "proyecto político compartido" para superar la situación. ¿Cómo conseguirlo sin sucumbir a la absorción de energías que produce la permanente competencia partidista ante un electorado desconfiado, volátil y estresado? Probablemente, a través de arreglos más que de soluciones. Pero rehuir la respuesta a la pregunta sólo puede ser indicio de pereza intelectual o falta de sinceridad sobre lo que realmente buscamos.
Es todo un sarcasmo que, en el momento en el que Torra sale por la puerta de atrás, reconociendo que sus objetivos al inicio de mandato serán olvidados como una mera pretensión sin mayor plasmación, ello haya coincidido con la amenaza velada de un '155 sanitario' para Madrid por parte del ministro catalán nombrado para canalizar el desafío secesionista.
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