29 de Septiembre de 2020, 20:46
La irrupción de la Covid-19 interrumpió la mayor expansión económica de la historia de los Estados Unidos. En efecto, la economía norteamericana, que llevaba creciendo sin interrupción desde 2010, cerró 2019 con un crecimiento del 2,3%, la tasa de paro se encontraba en el 3,5% la más baja desde los años 60 y los salarios reales en particular, los de las rentas más bajas y la productividad estaban creciendo. También 2020 se había iniciado con dinamismo, a pesar de que la producción industrial presentaba cierta debilidad, y las previsiones apuntaban a que el año acabaría con un crecimiento en el entorno del 2%. Era una situación envidiable para que el Donald Trump abordara su reelección, agitando la bandera del éxito económico como forma de acallar las muchas polémicas en casi todo lo demás.
Sin embargo, la pandemia cambió por completo el escenario. La crisis sanitaria y las necesarias y excepcionales medidas de confinamiento llevaron a una caída sin precedentes de la actividad: sólo en el segundo trimestre del año, el PIB estadounidense cayó un 9,1% frente al trimestre anterior y las previsiones las más recientes, las del Fondo Monetario Internacional, son que el año terminará con una caída del 6,6%, recuperándose sólo parcialmente en el entorno del 4% en 2021. Se trata de una contracción menor que la registrada en otras zonas del mundo pero la mayor, en términos históricos, en Estados Unidos. Y, además, ha tenido importantes consecuencias socioeconómicas y la tasa de paro alcanzó su máximo histórico, el 14,7% en abril, llegándose a los más de 23 millones de desempleados, la mayor cifra en 90 años.
En estas circunstancias, la reacción de las autoridades económicas no se hizo esperar. Por un lado, la Reserva Federal bajó a cero sus tipos de interés de referencia y anunció inyecciones masivas liquidez, a través de programas de compras de activos. Su efecto ha sido estabilizar los mercados y facilitar el acceso al crédito a empresas y familias. Además, ha señalado reiteradamente que está dispuesta a mantener los tipos en estos niveles históricamente bajos hasta que la economía haya sorteado la situación post-pandemia, incluso permitiendo temporalmente que los precios suban por encima de su objetivo.
Por otro lado, durante los meses de marzo y abril el Congreso aprobó cuatro paquetes legislativos de estímulo fiscal, de un tamaño sin precedentes, por un importe total de unos 2,8 billones (trillones americanos) de dólares. Las medidas se dirigieron a apoyar al tejido productivo; en particular, a las pymes y, sobre todo, al sostenimiento de rentas, incluyendo transferencias directas en función del nivel de ingresos, refuerzo de los subsidios de desempleo o deducciones fiscales. También se reforzó el sistema sanitario y la capacidad de lucha contra la pandemia.
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En Estados Unidos, el apoyo otorgado se ha centrado en un impulso fiscal inmediato en programas de gasto y transferencias y, en menor medida, en moratorias fiscales o avales y garantías, medidas más utilizadas en otras economías desarrolladas, especialmente europeas, que cuentan con redes sociales de seguridad más amplias. En consecuencia, se espera que el Gobierno federal cierre 2020 con el mayor déficit público desde la Segunda Guerra Mundial, en una horquilla de entre el 16% y el 18%.
Como consecuencia de las medidas adoptadas y de la reapertura gradual de la economía, la actividad se ha ido recuperando en cierta medida, si bien aún de forma débil y marcada por un consumo e inversión aún muy condicionados por la incertidumbre que preside el futuro inmediato. Además, la recuperación de la actividad está siendo muy asimétrica en función de los estados, de su estructura económica y de la incidencia diferencial del virus. La evolución de la tasa de paro, que ha caído cada mes desde mayo superando las expectativas hasta el 8,4% de agosto refleja esta mejora relativa de la actividad.
Sin embargo, ante cierta ralentización esperada en la última parte del año, la incertidumbre asociada a una nueva oleada del virus en otoño, la inexistencia, hasta el momento, de una vacuna o tratamiento eficaces que terminen con la pandemia, la cada vez menor munición de la Reserva Federal y la gradual desaparición de los efectos del paquete fiscal de primavera, hace evidente la necesidad de poner en marcha un segundo paquete de impulsos, suficientemente generoso y adaptado a aquellos colectivos económicos y sociales que más lo precisen. En esta línea se han pronunciado diversas instituciones internacionales y también la Reserva Federal.
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Sin embargo, en el contexto electoral actual, alcanzar un acuerdo similar al de los meses de marzo y abril entre el Congreso y la Casa Blanca se hace muy difícil. Las conversaciones sobre este asunto están prácticamente congeladas desde principios de agosto, después de que el secretario del Tesoro y la presidenta del Congreso decidieran mantenerlas separadas de la negociación de un paquete específico (el llamado 'stopgap bill') que era necesario para evitar el cierre parcial del Gobierno federal antes de fin de mes y que fue aprobado por el Congreso tan sólo el pasado día 22, y aún debe serlo por el Senado antes del 1 de octubre.
Ese paquete, que dota presupuestariamente a varias agencias federales para que puedan seguir operando hasta principios de diciembre, ha sido muy significativo por su contenido, pero también por las tensiones para su aprobación. El compromiso incluyó finalmente el apoyo alimenticio a niños de familias sin recursos que querían los demócratas y también ayudas para agricultores que querían los republicanos y que el propio presidente anunció antes de la aprobación en un acto de campaña cuya inclusión había dividido fuertemente a los demócratas, en función de sus estados de origen y ante las implicaciones electorales que su exclusión (o su inclusión) podía tener.
La paradoja es que haber aprobado este paquete ha reducido e, incluso, puede haber acabado con la posibilidad de alcanzar un segundo acuerdo de impulso fiscal anti-pandemia antes de las elecciones. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, este domingo 27 ha seguido insistiendo en el compromiso demócrata de aprobarlo antes del inicio oficial de la campaña electoral. Sin embargo, las posiciones siguen muy distantes.
La última propuesta demócrata, impulsores del paquete, es de 2,4 billones (trillones americanos) de dólares para subsidios de desempleo, pagos directos, préstamos a empresas o ayudas a aerolíneas. Frente a ésta, los republicanos pueden estar dispuestos a aceptar un plan mucho menor, ante las fuertes discrepancias en el caucus republicano sobre la necesidad de más apoyos. Ya a principios de mes, el Congreso no consiguió aprobar la propuesta republicana de impulso fiscal, por un total de 500.000 millones (500 billones americanos) de dólares para reinstaurar el subsidio por desempleo, otorgar préstamos a empresas y financiar test Covid en escuelas ante la oposición demócrata, que lo consideró insuficiente al no incluir pagos directos, ayuda alimentaria o transferencias a gobiernos locales por un máximo de 1,5 billones (trillones americanos) de dólares. Y, tras todo esto, la ventana de oportunidad puede haber desaparecido.
La realidad es que hoy, a cinco semanas de las elecciones y a pesar de las muchas debilidades y riesgos, Trump, y ésa es la opinión de muchos analistas y ciudadanos americanos, cree que puede mostrar la economía como una baza a su favor. A pesar del fuerte impacto de la pandemia, la economía estadounidense se ha visto menos afectada, ha tenido un segundo semestre mejor y se ha recuperado algo más rápido que otras desarrolladas (ver gráfico). Ello, en parte, se debe a la rápida e intensa actuación de la política económica, pero también a que Estados Unidos llegó a la pandemia en una situación de fortaleza relativa mayor.
Los demócratas, por su parte, creen que tienen una baza en la aprobación de un paquete fiscal que muestre su preocupación por las consecuencias de la pandemia y movilice a su electorado.
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