En Perú sólo se puede acusar al Presidente durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, salvo en el caso previsto en la Constitución, o por impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Una cuestionada causal de vacancia por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso se incorporó en la Constitución de 1839. Fue invocada para destituir a Alberto Fujimori en el año 2000, en medio de una crisis política.
Dos interpretaciones enfrentadas señalan de un lado que la incapacidad mental debe entenderse como incapacidad mental, atendiendo a sus orígenes; la otra, apunta a conducta reñida con el ejercicio del cargo. Como fuere, la vacancia de Fujimori (2000) y la que libró Pedro Pablo Kuczynski (2018) se fundaron en la calificación de la conducta de los ex presidentes. Para que la moción de vacancia contra Martin Vizcarra prospere se requerían dos tercios de votos. Lo cierto es que la permanente incapacidad moral es un término muy abierto que debe ser utilizado en situaciones excepcionales. Sin embargo, se advierte que con una coalición contraria al presidente puede prestarse a interpretaciones que pongan en riesgo la estabilidad política. Por este motivo, el informe de la comisión de reforma política planteó que se elimine, ampliando, de manera acotada, los casos por los que el presidente puede ser acusado durante su mandato.
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El Congreso fue electo en enero, después de la disolución el 30 de setiembre del año pasado, para concluir el periodo de gobierno el julio de 2021. Sus miembros no pueden ser reelectos. Se trata de un parlamento muy fragmentado, con nueve partidos. El gobierno, sin partido político, no participó del proceso electoral por lo que no cuenta con bancada. Desde el inicio del mandato en marzo, ha tenido enfrentamientos con el ejecutivo desde la aprobación de leyes por insistencia hasta el reciente rechazo al voto de confianza al gabinete Cateriano.
El nuevo episodio de la relación conflictiva entre ejecutivo y congreso, se produce a partir de una investigación parlamentaria originada en una denuncia periodística, sobre la contratación irregular de un personaje llamado Ricardo Cisneros que involucraría al Presidente de la República. La comisión de fiscalización y contraloría, a cargo de la investigación, solicitó el testimonio del Presidente, quien acompañando un informe de la ministra de justicia desestimó participación en dicha comisión. Posteriormente, ofrecería absolver preguntas por escrito. Pero era tarde, al día siguiente en la sesión de pleno, el congresista Edgar Alarcón presidente de la comisión de fiscalización y contraloría, presentó audios entre el Presidente y su secretaria personal que mostrarían ingresos de Cisneros a palacio de gobierno que habrían sido negados. El mismo día, la junta de portavoces decidió dar trámite a un pedido de vacancia que se votó al día siguiente. De acuerdo al reglamento del Congreso, se citó al presidente para el viernes 18 de setiembre. El conflicto había escalado.
La tensión se acentuó cuando trascendió una llamada telefónica del Presidente del Congreso a altos mandos de las fuerzas armadas. El Presidente del Consejo de Ministros al lado del ministro de defensa, de la ministra de justicia y los mandos militares dieron un mensaje pidiendo no involucrarlas en temas políticos. El mensaje fue respondido a las pocas horas por Manuel Merino, Presidente del Congreso, admitiendo la llamada pero desvirtuando cualquier connotación antidemocrática. El incidente terminó desestimándose una moción de censura en su contra.
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Nuevamente el conflicto entre ejecutivo y legislativo llegó al Tribunal Constitucional en una demanda de competencia, como ocurrió con la disolución del Congreso. El ejecutivo buscaba que, mediante un pronunciamiento, evite la votación de la vacancia. A la demanda sucedió una medida cautelar para suspender la votación que fue denegada. De manera que el proceso continuó. Mientras todo esto ocurría, se publicaron audios de menor relevancia y dudosa veracidad entre la secretaria y otros interlocutores.
El viernes 18, después de más de diez horas de sesión en la que participó Martin Vizcarra y su abogado, la vacancia se archivó. Fue rechazada por 78 votos, 15 se abstuvieron y sólo 32 votos apoyaron. La defensa del presidente se centró en la ausencia de certeza sobre los hechos. Cuestiona la validez de la grabación y del propio procedimiento parlamentario.
Los promotores de la vacancia, Unión por el Perú, a los que se sumó el Frepap, quedaron solos, pero votaron en bloque disciplinadamente. Podemos se abstuvo. Los demás grupos parlamentarios: Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado, Somos Perú, Frente Amplio y Fuerza Popular fueron enfáticos en recalcar que votaban por la estabilidad democrática y no en defensa de presidente. Martin Vizcarra se ha librado de la vacancia. Queda pendiente el fallo del Tribunal Constitucional y las investigaciones a personas de su entorno. La crisis terminó pero el problema está latente.
Otros temas urgentes como la lucha contra el COVID 19 y la consecuente crisis económica así como la aprobación de nuevas reglas para el proceso electoral pasaron a un segundo plano en una semana intensa por esta nueva crisis política. La buena noticia es que la cantidad de fallecidos por día ha bajado a dos cifras, luego de mantenerse por varios meses en tres. El número de contagios supera el millar diario. El estado de emergencia se ha prorrogado y permanece el toque de queda nocturno. El proceso electoral está convocado para el 11 de abril de 2021. Las reglas para el proceso deben estar aprobadas a fin de mes. También se conocerá el número de partidos aptos para presentar candidatos a la presidencia y al congreso. Nuevas reglas de campaña, financiamiento y con protocolos de seguridad sanitaria. A esta agenda se agregan las autógrafas observadas por el ejecutivo.
Esta semana se publicó la encuesta de Ipsos, la popularidad de Martín Vizcarra se mantiene alta, en 57%, pero parece inevitable que salga debilitado de este episodio.
