Los próximos días 20 y 21 de septiembre, los italianos están llamados a participar en el cuarto referéndum constitucional en la historia de la República. En él, deberán aprobar o rechazar la reforma de la Constitución por la que se propone disminuir en algo más de un tercio el número de parlamentarios: de 630 a 400 en la Cámara de Diputados y de 315 a 200 en el Senado. También se pretende limitar a cinco el número total de senadores vitalicios y reducir el número de diputados y senadores elegidos por los italianos residentes en el extranjero.
De acuerdo con la Carta Magna italiana, las leyes de revisión constitucional requieren ser aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con una doble votación en cada Cámara (cuatro en total), siendo necesaria la mayoría absoluta en ambas en la segunda votación. Además, siempre y cuando la ley constitucional no se hubiese aprobado por mayoría cualificada de dos tercios en la votación final de ambas instituciones, puede ser sometida a referéndum en caso de que lo solicite una quinta parte de los miembros de una Cámara, 500.000 electores o cinco consejos regionales.
Como en este caso no se alcanzó esa mayoría cualificada, 71 senadores decidieron activar el mecanismo del referendo.
Debería haberse celebrado el pasado 29 de marzo, pero hubo de posponerse debido a la excepcional situación sanitaria que atravesaba el país en esas fechas.
Todos los
sondeos dan por descontada la victoria del
sí, debido al amplio apoyo del que parece disfrutar el recorte de parlamentarios entre los ciudadanos. Por lo que respecta a los partidos, el principal valedor de la propuesta ha sido el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), quien ha hecho de este asunto una de sus principales banderas como parte de su estrategia de acabar con "los privilegios de la casta política en Italia". La anterior coalición gubernamental surgida de las elecciones generales de 2018, formada por el M5S y la Lega de Matteo Salvini, ya se había
comprometido a aprobar la reducción de parlamentarios. Sin embargo, la crisis política que precipitó la caída del Ejecutivo, en agosto de 2019, obligó a aplazar el proyecto.
Hay que recordar que
el Partito Democrático (PD), hoy socio de Gobierno del M5S, había rechazado esta reforma hasta en dos votaciones en el pasado. Sin embargo, el entonces líder del M5S, Luigi di Maio, la puso como condición irrenunciable para formar el actual Gobierno de coalición con el PD. De modo que hoy todas las fuerzas políticas italianas relevantes respaldan la propuesta o no se oponen a ella, tanto las que apoyan al Gobierno (M5S y PD) como las principales de la oposición (Lega, Fratelli dItalia, Forza Italia e Italia Viva).
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Entre los argumentos a favor se esgrime que la reforma supondrá un ahorro de gasto público, que se cifra en torno a los 100 millones de euros al año. Se defiende también que un menor número de diputados ayudaría a racionalizar los trabajos parlamentarios y a hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones.
Entre los argumentos en contra, cabe destacar que un Parlamento más pequeño supone irremediablemente un endurecimiento de las condiciones de acceso; especialmente para los pequeños partidos, que pueden ver amenazada la posibilidad de obtener representación en algunas circunscripciones. Igualmente, puede suponer una merma en la representatividad de las regiones más pequeñas del país. También se ha argumentado que un menor número de parlamentarios no tiene por qué mejorar el perfil de los mismos y, en cambio, puede incrementar el poder de influencia de los grupos de interés. En todo caso, como bien han señalado
algunos, el impacto real de la reforma dependerá, en realidad, de los futuros cambios anunciados en la ley electoral y en los reglamentos parlamentarios respectivos.
El tamaño de los parlamentos
En perspectiva comparada, encontramos algunos países que en los últimos años han reducido el tamaño de sus parlamentos nacionales, como Taiwán en 2009 o Hungría en 2015. En Alemania, los dos grandes partidos, CDU y SPD, han acordado recientemente una reforma que reducirá el número de distritos uni-nominales con el objetivo de atajar el
problemático aumento de diputados en el Bundestag, que pasó de 598 a 709 en las últimas elecciones de 2017.
Estudios recientes apuntan como factor explicativo de la reducción del tamaño de los parlamentos el hecho de que, en el periodo inmediatamente anterior, el país haya experimentado una recesión económica, con la consiguiente
actitud ejemplarizante de unas élites políticas que tratan de proyectar al electorado una imagen de compromiso con la austeridad. Ése habría sido el argumento aducido en algunas de las recientes reducciones a nivel regional europeo. Son los casos de algunas comunidades autónomas como
Cantabria (2012) y Castilla-La Mancha (2014), aunque en este último la verdadera motivación fue más bien un intento frustrado de
manipulación electoral. El recorte del gasto fue igualmente la razón que estuvo detrás de las reducciones de tamaño generalizadas en el propio ámbito regional italiano. Así, en un intento por reducir los costes de los cuerpos representativos sub-estatales, el Gabinete de Mario Monti aprobó, en agosto de 2011, un
decreto-ley que, entre otras medidas, impuso a las regiones ordinarias una reducción del tamaño de sus asambleas.
Respecto al tamaño de los parlamentos, resulta imprescindible referirse a las contribuciones de Rein Taagepera, uno de los expertos más sobresalientes en sistemas electorales, ganador del Johan Skytte, el equivalente al
nobel de la Ciencia Política. Taagepera formuló su conocida como
'ley de la raíz cúbica' para el tamaño de los parlamentos. Según ella, el número de escaños de un Parlamento (cámaras bajas en sistemas bicamerales o la asamblea de un Poder Legislativo unicameral) tenderá a aproximarse a la raíz cúbica de los habitantes de ese país: si una población tiene una dimensión X, el número óptimo de parlamentarios corresponde a la raíz cúbica de X.
Taagepera parte de la asunción de que la comunicación con los electores, por un lado, y con otros miembros del Parlamento, por otro, es la actividad que más tiempo consume a los representantes políticos. Así pues, una Asamblea cuyo tamaño se aproximase a esa
ley minimiza el número de canales de comunicación que los diputados pueden tener abiertos tanto con los ciudadanos como con sus colegas. Es decir, ofrecería
la combinación óptima entre la posibilidad de que el parlamentario pudiese conocer adecuadamente las demandas de sus votantes y atender sus intereses y la capacidad para deliberar o, al menos, intercambiar puntos de vista con otros parlamentarios, con el objetivo de llegar a acuerdos y que la Asamblea pueda desarrollar sus trabajos de manera eficiente.
Lo llamativo es que esta fórmula abstracta se corresponde sorprendentemente bien con el número de escaños que suele darse en los parlamentos de buena parte de los países del mundo. La predicción funciona en el caso de los pequeños y medianos, aunque incurre en desviaciones considerables en el caso de algunos países grandes. En España, sin ir más lejos, la raíz cúbica de los algo más de 47 millones de personas es 362 (sólo 12 escaños más que los actuales del Congreso de los Diputados). Retomando el caso italiano, Lorenzo de Sio y Davide Angelucci
sostienen que, desde esa perspectiva, la raíz cúbica correspondiente a los 46.505.350 electores de las generales italianas de 2018 es 360; un número que se aproxima bastante más a los 400 escaños resultantes de la reforma electoral para la Cámara de Diputados que a sus anteriores 630, lo que
sugeriría que, desde esta perspectiva, la reforma caminaría en la dirección correcta.
Ahora bien, también se observa cómo, entre los países europeos más poblados, la Cámara Baja italiana pasará de ser aquélla cuya ratio de habitantes por diputado era más reducida a ser la que posea la más elevada (150.000 habitantes por diputado).
¿Una reforma electoral populista?
No es mi intención contribuir a estirar aún más un concepto,
populismo, o su adjetivo,
populista, que por su uso indiscriminado tanto en el lenguaje político, periodístico como incluso académico están dejando de sernos útiles. No obstante, si algún tipo de reforma electoral puede calificarse de populista es precisamente aquélla que adquiere una orientación de este tipo. No en vano,
el 'frame' con el que ha sido presentada por sus principales impulsores apunta precisamente al conflicto entre pueblo y élite, donde el pueblo se presenta como un colectivo homogéneo y bondadoso frente a una élite política corrupta y auto-referencial que tendría secuestrada la soberanía popular.
El mecanismo populista se nutre de la indignación ciudadana ante el comportamiento de la clase política durante las crisis económicas y sociales, engendrando un deseo de castigar a los miembros de esa élite por su mal desempeño. Ello puede producir demandas de cambios institucionales que incidan sobre quienes están en el poder político.
El motor de esta reforma, pues, no hace sino explotar la veta de la anti-política, tan arraigada en la idiosincrasia política italiana y que ha sido utilizada como reclamo por líderes de partidos de muy distinto signo: Silvio Berlusconi,
Beppe Grillo, Matteo Salvini e incluso el propio Matteo Renzi. Que la inmensa mayoría de partidos relevantes haya apoyado esta reforma es un reflejo del proceso degenerativo de la vida democrática italiana, que ha llevado al populismo a convertirse en el discurso hegemónico que comparten, aun con distintas intensidades y matices, buena parte de sus partidos.
Las reformas populistas son, por tanto, anti-políticas, pero no ofrecen una alternativa, una perspectiva seria de mejorar el rendimiento de las instituciones y del sistema democrático más allá de su afán revanchista. No faltan voces mucho más autorizadas que defienden la reforma (
aquí). Sin embargo, desde mi punto de vista, no solventa por sí sola los problemas tradicionales que arrastra el bicameralismo perfecto italiano, no mejora la calidad de la democracia y, me temo, tampoco arrostra los grandes problemas que aquejan al país.
