17 de Septiembre de 2020, 22:01
Hace pocos días atrás, integrantes de la Policía bonaerense rodearon la residencia del presidente argentino Alberto Fernández para reclamar mejoras salariales y de condiciones de trabajo. El hecho estuvo acompañado por varias concentraciones en distintos puntos de acceso del área metropolitana de Buenos Aires y algunas localidades de la provincia, y animó protestas similares en otras siete jurisdicciones a nivel nacional.
La demandas visibles se organizaron alrededor de 14 puntos, de los cuales poco más de la mitad están vinculados a cuestiones salariales, con subidas que oscilan en torno al 55%. En una economía inflacionaria como la Argentina, tiene su razón de ser, y las distintas gestiones a cargo de las áreas de seguridad no parecen haber atendido esta situación, por lo que la situación se ha convertido en una olla a presión. Otros pocos reclamos se circunscriben a las condiciones de trabajo, como el estado de los vehículos de desplazamiento o la asistencia sanitaria, por ejemplo.
También los hay menos visibles, por demás interesantes y complejos: la sindicalización, la no aplicación de las sanciones derivadas de las protestas y la anulación de sumarios disciplinarios previos. No me detendré demasiado sobre el primer punto, excepto para mencionar que no es un debate nuevo sino que, por irresuelto, regresa sistemáticamente a la discusión política y académica en América Latina, donde generalmente la agremiación policial no es legal. Ya en 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo muy dividido, se expresó en contra para esta misma Policía. Sin embargo, algo aglutina a quienes estaban a favor y en contra de la medida: no es aceptable el derecho de huelga para este colectivo.
Algunos argumentan que la prohibición de la sindicalización atenta contra principios constitucionales y tratados internaciones y que, desde una visión más instrumental, no existe 'válvula de escape' para los reclamos, por tratarse de una institución jerárquica donde muchas veces el despotismo está al orden del día. Ahora bien, ¿qué sucede entonces si, frente a la legitimidad de las reclamaciones salariales y de condiciones de trabajo dignas, se ocupa el espacio público como forma de presión? ¿Qué sucede cuándo un grupo nutrido de manifestantes rodean la residencia presidencial con móviles y armas, exigiendo la salida del presidente de la nación a la calle y una negociación directa? Qué sucede si esas acciones tienen lugar en un país con una larga tradición de interrupciones constitucionales por parte de las Fuerzas Armadas?
La situación es muy compleja ya que, frente a la justicia inocultable del reclamo por parte de quienes ponen en juego su propia vida para sostener la de otras personas y su libertad, nos encontramos con una acción extorsiva frente a los ejecutores del monopolio de la violencia legítima, amenazando a la propia sociedad y al propio Estado que le dan razón de ser, utilizando sus armas reglamentarias en clara amenaza para una negociación salarial.
La pregunta que podemos hacernos es si estamos ante una negociación entre pares con una patronal estatal y trabajadores/as públicos (como quienes integran los sectores de la salud o la educación), o ante un nuevo peldaño de la anomia institucional como tendencia recurrente de la democracia argentina. Lamentablemente, me inclino por esta segunda opción.
Hace casi 30 años, el gran jurista Carlos Nino publicaba 'Un país al margen de la ley' para dar cuenta de la construcción de la anomia institucional y social de Argentina y de la ilegalidad recurrente en su desarrollo político y económico. A lo largo de su investigación, se concentra en cómo la inobservancia de las normas jurídicas (pero también éticas) dan lugar a un tipo de anomia que denomina "boba" porque los comportamientos que se encuadran en la misma son auto-frustrantes para los mismos sujetos que los llevan adelante. Los ejemplos van desde la falta de respeto a las más elementales normas de tránsito, con el resultado de una circulación casi caótica y alta tasa de siniestralidad; pasando por la ponderación de la evasión fiscal, que lleva a la degradación de los servicios públicos esenciales (entre ellos, la seguridad) y una sobrecarga de impuestos directos regresivos sobre los consumos más básicos; y llegando a la emisión de órdenes de alejamiento para perpetradores de violencia machista que caen en saco roto por desidia y/o falta de presupuesto, con el consecuente incremento de feminicidios y tentativas. En suma, la anomia 'boba' tiene como corolario el desprecio por lo comunitario, por lo colectivo, por las normas más elementales que nos permiten vivir en sociedad.
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Podría seguir mencionando algunos otros ejemplos, pero me concentraré en los altísimos costes que este tipo de conductas anómicas bobas generan en la consolidación de las democracias recientes como la argentina y/o en el desarrollo de las más consolidadas. Existe una falta de percepción del daño que provocan en el corto, medio y largo plazos y que se resume en la frase popular de se pegó un tiro en el pie: la inobservancia de las normas nos perjudica directamente.
Prueba de esta falta de percepción del daño es que el amedrentamiento de la Policía bonaerense al poder político no se percibe en su verdadera gravedad institucional: es ilegal la sindicalización de la fuerza, pero no se cuestiona el incumplimiento de la norma y es un evento similar más. Esto se agudiza cuando quienes protagonizan el sistema político no señalan como extorsión la negociación de mejores condiciones de trabajo con las armas en la cintura. Así, desde el oficialismo ha habido quienes abogaban por calificar de sediciosas las acciones de los policías, cercanas a un golpe de estado clásico, mientras que la oposición se ha debatido entre opiniones dispersas y fragmentadas que han culminado en una justificación velada de los hechos. Por su parte, el ministro del área, Sergio Berni, ha intentado justificar los hechos en el consumo de alcohol y drohas de algunos efectivos. La pretendida solución al conflicto es, nuevamente, una combinación de anomia boba y miopía política: cambios por decreto en la co-participación impositiva en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición.
[Escuche el podcast de Agenda Pública: ¿Peligra la democracia en Estados Unidos?]
En resumen, la ruptura de la cadena de mando de una de las mayores fuerzas de seguridad del país no se ha entendido como falta de apego a la Ley por buena parte de los actores políticos y la ciudadanía, sino como un nuevo motivo de disputa exacerbada en un juego de suma cero, aun cuando ponga en riesgo la confianza en la democracia y las instituciones republicanas.
La tarea pendiente es llamarnos a la responsabilidad política, más aún en un continente donde un tercio de la población pugna por su supervivencia (que se verá más complicada aún en la post-pandemia) y donde, desde hace años, cae la satisfacción con la democracia como resultado de las crisis económicas y de los altos niveles de corrupción. El avance de alternativas autoritarias o directamente mesiánicas que abogan por cercenar derechos y continúan promoviendo la falta de apego a las normas, es más estructural que coyuntural: es la expresión de la ausencia de deliberación pública entre iguales.
Resulta imperativo ponernos las gafas para construir una ciudadanía eficaz en la respuesta a las necesidades y respetuosa con las normas acordadas. Las miopías y las grietas sólo nos hunden más en el abismo.
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