Desde hace ya muchas semanas, Donald Trump, que afrontaba hacia finales de 2019 la expectativa de una reelección tranquila, ha percibido un cambio drástico. La Covid-19 ha cambiado su potencialidad electoral y, con ella, su geografía de apoyos. La anterior solidez ha sido reemplazada por otra de distinto carácter: Trump y su staff defienden que, en el fragmentado y caótico sistema electoral norteamericano, los gobernadores demócratas se preparan para perpetrar un fraude masivo, utilizando como herramienta el servicio de Correos.
Pero,
¿el voto por correo puede afectar el sufragio secreto y alterar su sentido? La evidencia hoy dice que no. Que incluso la referida a un eventual desaliento entre los votantes mayores de 55 años es casi nula, algo relevante porque se trata de un colectivo extremadamente fiel al presidente en particular y a los republicanos en general. En este sentido, el
trabajo de Dan Thompson, Jesse Yoder y Andrew Hall para el Instituto de Investigación en Política Económica de la Universidad de Stanford muestra que el voto por correo no altera el reparto y favorece moderadamente la participación sin un sesgo relevante.
El voto por correo, propulsado para evitar aglomeraciones e infecciones masivas por la Covid-19, no es una innovación ni una rareza en Estados Unidos. El 23% de las papeletas se emitió bajo este formato en 2016, subiendo al 26% en 2018; e incluyó entre sus beneficiarios al mismo Trump, que votó por este sistema. En 28 estados y el Distrito de Columbia, cualquier votante tiene derecho a solicitarlo para noviembre. Colorado lo tiene y, con él, la segunda participación más alta de todo Estados Unidos, lo que resta fuerza al argumento de que disuada del voto; epicentro, por otra parte, de la bibliografía sobre el tema.
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Sin embargo, su implementación no fue inmediata y Colorado, aun con una década de aplicación paulatina, ha seguido refinando su sistema en el ciclo 2016-2018. Como
subrayó el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para 2016, el 73% de los votantes en este Estado, el 59% en Oregon y el 65% en Washington devolvieron sus boletas a algún lugar físico, como un buzón o una oficina electoral local.
En 2018, una elección al Congreso en Carolina del Norte se vio empañada por la mala praxis de un agente político republicano, lo que obligó a una nueva votación. Esa mala conducta fue detectada por una investigación estatal, después de los comicios para el distrito 9 de ese Estado. El mismo sistema detectó las irregularidades. Por ello,
no es tanto la herramienta, sino el poco tiempo para masificarla, lo que introduce un enorme factor de riesgo. Las primarias en Pennsylvania, Estado clave, fueron una muestra de ello. En el condado de Berks, por ejemplo, las peticiones para votar por correo suelen estar entre las 10.000 y 12.000. Este año ya son 50.000. El recorte de recursos, la falta de tiempo, el déficit de capacitación del nuevo personal y la sobre-demanda es una combinación terrible para cualquier proceso electoral. Mas aún en zonas críticas: en Berks, la ventaja de Trump en 2016 fue de 42.000 votos. Ganó por 44.000 en todo el Estado, llevándose los 20 votos electorales.
En este sentido, es importante comprender el impacto del cambio legislativo, que pasó las atribuciones hacia los estados. Esta transición comenzó con la legislación de derechos civiles de la década de 1960, pero se aceleró en las décadas de 1990 y 2000. La
Help America Vote Act (Hava) de 2002 requirió que los estados establecieran bases de datos centralizadas de registro de votantes, consolidando las listas de sus condados y jurisdicciones. Esto dio a las oficinas estatales un deber que muchas no tenían anteriormente. Hava también proporcionó fondos para el reemplazo de equipos de votación y la mejora de la administración electoral. Los estados recibieron el encargo de desarrollar planes para el desembolso de estos fondos, y hasta el día de hoy están más involucrados en la adquisición de equipamientos de votación que antes de la Hava.
Dos leyes federales que afectan a los votantes militares y en el extranjero, la
Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y Extranjeros de 1986 y la
Ley de Empoderamiento de los Votantes Militares y Extranjeros (Move) de 2009 también otorgaron a las oficinas estatales responsabilidades adicionales para facilitar el registro y la votación de ciudadanos extranjeros. Los estatutos de Pennsylvania (título 25), de hecho, responsabilizan al Estado a suministrar a los condados los recursos extras exigidos por un proceso electoral. En este caso, los recursos propios son angustias propias, porque de los cinco estados que tenían menos de una semana de reservas para cubrir los costes operativos, Pennsylvania era el tercero peor posicionado.
La percepción de la dificultad, paralelamente, ha dado un salto, según las cifras del Pew Research Center:
del 15% que preveía tener dificultades con su voto en octubre de 2018 se ha pasado hoy (agosto de 2020) al 49%.
Es imprescindible recordar todo esto para valorar cómo la cadencia en los procesos de planificación e implementación de instrumentos de voto son esenciales para que el cambio refuerce, en vez de debilitar, su credibilidad. La aparente apuesta de la Administración Trump por un final reñido, como ocurrió en cuatro de las cinco últimas convocatorias electorales, nos deja
la incógnita sobre la resistencia de los 'guardrails' del sistema democrático norteamericano (al decir de Levtisky y Ziblatt)
ante la hipotética apertura de una batalla judicial, que, como en las primarias en Pennsylvania, implique miles de votos sin contar.
Lo importante no son los votos, sino quién los cuenta, decía Stalin. Una administración electoral autónoma, eficiente y capacitada es una importante vía de apoyo para que no contar mil votos no sea una tragedia, y no contar un millón de votos no sea una estadística.
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