Ha pasado ya mes y medio desde que el Consejo Europeo sacó adelante el pacto de recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El modo en que la UE afrontó la crisis anterior abrió muchas brechas con la opinión pública, fomentando el euroescepticismo en el continente y facilitando el calado de discursos populistas. Pero parece que se aprendió la lección. Pese a las difíciles negociaciones y el papel de poli malo desempeñado por algunos países, no cabe duda de que el acuerdo puede considerarse como una apuesta por reforzar el proceso de integración europea. La clave de si esto será así estará, por supuesto, en cómo se despliegue en cada país.
A falta todavía de concreción a este respecto, el acuerdo establece que España recibirá de este fondo 140.000 millones de euros en subvenciones y préstamos, lo que constituirá un enorme alivio para una economía tremendamente golpeada por la pandemia. Pero, más allá de su eventual impacto económico paliativo, queremos apuntar algunas reflexiones sobre el efecto que puede tener sobre la percepción que de la UE se tiene en nuestro país.
Tradicionalmente, España ha tenido la imagen de ser un país con una muy favorable predisposición hacia el proceso de integración europea. Esta eurofilia ha estado fundamentalmente presente en nuestras élites desde los momentos inmediatamente anteriores a la adhesión a las Comunidades Europeas, pero también ha permeado a la opinión pública española que, con algún altibajo a principios de los años 90 del siglo pasado, siempre se ha manifestado mayoritariamente a favor del avance del proceso de integración y ha reconocido grandemente los beneficios de ésta para el país.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
La idea de España como país euro-optimista sigue predominando en el imaginario colectivo español, fomentada por unos medios de comunicación que suelen ofrecer una cobertura fundamentalmente acorde con la visión positiva de las instituciones (y, por tanto, de las élites) españolas. Este sesgo ha contribuido a que no se preste atención al significativo aumento del euroescepticismo durante la última década; no sólo entre la ciudadanía española, sino también entre sus representantes políticos (al menos, si consideramos las posiciones oficiales de los partidos a los que pertenecen). En un artículo recientemente publicado, mostramos cómo las posiciones euroescépticas se han reforzado en España en la última década, tanto entre los partidos como en las percepciones de los ciudadanos.
En particular, la desconfianza de los ciudadanos españoles hacia las instituciones de la UE ha experimentado un importante aumento durante los años de la crisis (una preocupación que ya analizamos en otro 'post' de AP ). Aunque estas percepciones se hayan recuperado parcialmente en los últimos años con la mejora de la situación económica, seguimos sin recuperar el nivel de consenso público sobre la benevolencia de las instituciones de la UE que existía en España antes de la crisis.
También resulta altamente llamativo que, de los 350 asientos de que se componen el Congreso de los Diputados, en la actualidad casi un tercio (95) pertenece a partidos que pueden calificarse como euroescépticos a partir del análisis de sus programas electorales. Es ésta una situación inédita en la España contemporánea. Hasta 2019, las posiciones euroescépticas habían sido muy minoritarias entre los partidos con representación parlamentaria, circunscritas principalmente a Izquierda Unida y a algunos partidos nacionalistas de izquierda (BNG e independentistas vascos).
Sin embargo, en 2019, las filas del euroescepticismo parlamentario fueron engrosadas por las diputadas y diputados de Vox y Unidas Podemos. En el caso de Vox, los programas presentados para las elecciones generales y europeas de ese año llegaban a abogar por la salida de España de cualquier organización supranacional (que nos conste, la única organización de este tipo a la que pertenece nuestro país es la UE) cuando fuese contra los intereses nacionales. Podemos, por su parte, volvió a los planteamientos altamente críticos con la Unión y su gestión de la crisis económica que ya habían caracterizado a este partido en sus comienzos, llegando incluso a acusar a la UE de haberse "vuelto contra sus pueblos" durante la crisis. Ese auge de euroescepticismo entre partidos en España cobra mayor relevancia, si cabe, si tenemos en cuenta que uno de estos partidos, Unidas Podemos, forma parte de la actual coalición de Gobierno.
Sin embargo, un análisis más profundo de esta deriva euroescéptica desvela que, frente a lo que ocurre en otros países, en España las posiciones euroescépticas tienen un carácter que podría ser calificado de bastardo, en tanto que no guardan una relación directa con lo que sucede o viene de Bruselas. En el caso de la opinión pública, porque dichas posiciones están fundamentalmente influidas por la crisis institucional que ha experimentado el país durante la pasada década y que hacen que la desconfianza hacia la política y las instituciones nacionales se transmita al ámbito de la UE.
[Escuche el podcast de Agenda Pública: ¿Peligra la democracia en Estados Unidos?]
A ello hay que añadir el bajo nivel de conocimiento existente sobre la Unión entre la opinión pública española y lo poco que se cuestionan las principales políticas comunitarias (el apoyo al euro, por ejemplo, nunca ha estado más alto). Por otro lado, en el caso de los partidos mencionados, la defensa de posiciones euroescépticas ha estado asociada al cálculo estratégico y la orientación populista de ambos. Vox fue netamente europeísta hasta 2016, cuando el giro de este partido hacia posiciones más nacionalistas hizo más atractivo el alineamiento contra la UE. Y, por su parte, Podemos abandonó sus posiciones críticas en las elecciones de 2015 y 2016 para mostrarse como un partido más moderado en su intento de sorpasso al PSOE.
Las reacciones iniciales al acuerdo de Vox y Podemos han sido consecuentes con las posiciones mantenidas por ambos. Mientras que una de las líderes de Vox, Rocío Monasterio, hablaba al referirse al acuerdo como de la "imposición de la dictadura de 2030" y de "un rescate" en toda regla (en lo que, sorprendentemente, coincide con el PP), el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aun alabando el acuerdo y mostrándose moderado en su rol de vicepresidente segundo del Gobierno, apuntaba que "aún queda un largo camino por recorrer para avanzar en una UE" con procedimientos más democráticos y abogaba por la necesidad de reformar el Pacto Fiscal y de Estabilidad.
Queda por ver si, en el medio o largo plazo, este acuerdo podrá tener o no un efecto sobre los niveles de confianza en la UE de la opinión pública española. En nuestra opinión, es probable que tal impacto sea limitado, dada la mencionada conexión bastarda del euroescepticismo en España con el contexto nacional. Pero, por otro lado, éste no podrá retroceder si, al mismo tiempo, no aumenta la confianza en las instituciones políticas nacionales. Y aquí somos menos optimistas, ya que dudamos de que Podemos o Vox, que han hecho del discurso populista anti-establishment un elemento fundamental de su estrategia política, estén por la labor. En todo caso, que los fondos europeos se desplieguen en políticas útiles y visibles para los ciudadanos será un buen antídoto para ese discurso.
**
Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica
