¿Por qué vale la pena preocuparse por las encuestas en tiempos del big data? ¿Permiten los grandes volúmenes de datos, generados por los usuarios de redes sociales y motores de búsqueda, explicar y/o pronosticar mejor los comportamientos sociales que los sondeos de opinión? ¿Pueden hacerlo evitando sesgos? No por ahora. Cuando de opinión pública y de votantes se trata, las encuestas siguen siendo un recurso necesario.
En una democracia, los sondeos sirven de espejo retrovisor para quienes gobiernan. Son canal de expresión de la opinión pública y hacen posible el diálogo entre la ciudadanía, las autoridades y los medios. No obstante, en tiempos de campaña electoral son visualizados como un instrumento para influir en el electorado; si los resultados son favorables se busca difundirlos, sea porque se presume el efecto del
carro vencedor (la gente vota a ganador), sea porque sirven para mantener alto el ánimo de la militancia, o sencillamente porque buenas encuestas hacen buenas finanzas (los donantes prefieren apostar por quien tiene chances de ganar).
A la vez,
en el periodo entre elecciones las encuestas sirven para medir el humor social, la imagen del Gobierno y de la oposición y el grado de aceptación de las políticas que se implementan. Nuevamente, si sus resultados se hacen públicos producen un efecto en quienes los consumen, si bien no son unívocos ni pueden ser totalmente controlados. De ahí que muchas veces políticos, medios de comunicación y también poderes fácticos financien estudios de opinión pública con el objeto de influir, mediante su publicación, en la formación de climas de opinión que favorezcan sus intereses. Algo perfectamente lícito, siempre que no se manipulen los resultados.
Ciudadanos y ciudadanas no tenemos control sobre los procedimientos que hay detrás de la realización de las encuestas.
Para juzgar la fiabilidad de sus resultados, sólo contamos con la ficha técnica que acompaña su publicación. Ésta opera como una declaración jurada de las empresas consultoras, en la medida que sólo ellas y sus clientes tienen acceso a los datos. ¿Quién realizó el sondeo? ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? ¿Cómo se eligieron y en qué territorio? ¿En qué fechas se recogieron los datos? ¿Cómo se llevaron a cabo las entrevistas (teléfono, internet, domiciliarias)? ¿Se hicieron ajustes posteriores a la muestra? ¿Cuáles? Y no menos importante, ¿qué se le preguntó exactamente a la gente? Todas estas preguntas deben quedar respondidas cada vez que se publica un sondeo.
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Sin embargo, resulta engorroso par la mayoría entender cuestiones técnicas tales como la de si se respetan o no los procedimientos que garantizan la representatividad de la muestra. Por eso es tan importante que los periodistas, junto con las empresas de medios para las que trabajan, tengan las nociones básicas que les permitan analizar con rigor las encuestas que publican, del mismo modo que chequean los hechos antes de convertirlos en noticias. En ese aspecto, el Código Internacional Esomar/Wapor, que expone las buenas prácticas para el manejo de datos obtenidos de la población, debería ser la
Biblia de quienes trabajan, en alguna instancia, con encuestas de opinión pública.
[Esomar es el organismo internacional que representa a los especialistas en
marketing e investigación de mercados, y Wapor es la Asociación Mundial de Investigadores en Opinión Pública]
Un
relevamiento realizado por mis alumnos del curso de Opinión Pública de la Universidad Nacional de San Martín mostró que, en
al menos en siete de los principales medios de prensa con circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se publicaron artículos que omitían parcial o totalmente la ficha técnica de las encuestas, y/o la literalidad de las preguntas. Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de estas latitudes; son malas prácticas generalizadas sobre las que resulta necesario llamar la atención.
La responsabilidad periodística se juega también a la hora de redactar los titulares. Tan importante es lo que se dice como lo que se omite. A menudo, el título es una afirmación general que sugiere que las conclusiones del estudio refieren a toda la población cuando, en realidad, la muestra fue tomada sobre una porción geográfica. No es lo mismo la opinión de todos los argentinos y argentinas que la de los porteños o las bonaerenses. Cuando se trata de la popularidad del presidente o de la intención de voto, las opiniones están moldeadas también por lo que pasa a nivel local. En tiempos de cuarentena, cuando el coronavirus ha pegado más fuerte en los grandes conglomerados urbanos, dando lugar a confinamientos más restrictivos, ello podría impactar en la valoración de las autoridades que deciden el confinamiento. Por eso es tan importante saber a qué población representan los datos.
Otro error frecuente se da cuando los medios de comunicación comparan los resultados de diferentes sondeos de opinión.
Para que las comparaciones sean válidas, es necesario tener en cuenta varios elementos: a) que las encuestas estudien la misma población; no es lo mismo una muestra de los habitantes de la capital que una de todo el país; b) que los datos hayan sido recogidos en las mismas fechas, algo muy relevante en el caso en que haya sucedido un acontecimiento que pueda modificar el estado de opinión pública; c) hay que considerar el número de casos de cada estudio y su correspondiente margen de error para poder valorar las estimaciones de cada uno, para lo que es indispensable leer los resultados sumando y restando el margen de error a cada uno de las estimaciones; d) las preguntas cuyos resultados se comparan deben ser formuladas de igual manera, ya que numerosos estudios muestran que la forma de redacción puede impactar en la distribución de las respuestas.
Hay países que encontraron distintas formas de lidiar con algunos de los problemas que aquí expongo. Se trata de encuestas hechas a partir de fondos públicos y que se utilizan como parámetro contra el que contrastar las estimaciones privadas, además de ser un insumo central para los actores políticos y de libre acceso para los ciudadanos. Los estudios electorales nacionales que se hacen en varios países europeos, emulando los americanos, son ejemplos que merecen ser considerados y, eventualmente, adaptados a las particularidades de nuestra región. En la mayoría de los casos están a cargo de universidades.
Los beneficios de estas experiencias son muchos; entre ellos, la posibilidad de contar con series de datos confiables y comparables, a lo largo del tiempo, que mejoran la comprensión de los procesos políticos y ponen en diálogo el saber técnico, del mundo académico, con las necesidades del mundo político y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de cada país.
