1. Detección temprana, 'lockdowns' selectivos, sistema de salud fuerteEl desarrollo temprano de un sistema de salud público en Uruguay, sumado a la baja densidad demográfica y la cultura de responsabilidad individual garantizó el éxito del confinamiento. La estrategia del gobierno funcionó en la medida en que el miedo al contagio en una población muy envejecida alimentó la responsabilidad colectiva. Si bien se suspendieron eventos públicos y clases, no hubo estado de alarma. La recolección de cosecha no se paró, la industria tampoco. Por eso no hubo presión del empresariado como en otros países. En julio las iglesias y los artistas presionaban para la reapertura, expresando su descontento con que reabrieran los centros comerciales pero no otras actividades sociales. Las escuelas cerraron algunas semanas y volvieron a abrir sin convertirse en focos de contagio. Las escuelas rurales abrieron antes y el resto se organizó de forma escalada, con medidas de distanciamiento social. La apertura fue gradual y escalonada.
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2. Relativo consenso político, no se decretó el estado de alarmaEl Gobierno asumió el 1 de marzo y las primeras medidas tomadas para contrarrestar la pandemia se tomaron el 13 de marzo. Argentina tomó medidas de confinamiento muy fuertes, lo que afectó mucho a Uruguay económicamente pero evitó que el país debiera tomar medidas estrictas en una frontera que ya estaba cerrada. Con Brasil ha sido más problemático y se ha enviado militares a custodiar la frontera. No se decretó la alarma porque no se contaba con el marco legal para hacerlo. El gobierno armó un comité de asesores universitarios que hicieron una serie de recomendaciones sobre lo que se podía hacer y lo que no, infundiendo confianza en la gestión.
3. La crisis económica, ayudas insuficientesLas analistas destacan el considerable aumento de la pobreza y el desempleo que se prevé que aumente la desigualdad. Se ha creado un fondo coronavirus basado en la disminución de salarios públicos, no se ha tocado el interés de los empresarios ni de las grandes fortunas. A contracorriente, las medidas de acompañamiento en plena pandemia han sido el aumento de las tarifas públicas y la disminución del gasto del estado. Las ayudas directas o indirectas se han orientado exclusivamente a las empresas. No hay renta básica ni hubo aumento de protección a la población en situación de vulnerabilidad.
4. Aprobación de leyes por procedimientos rápidos que no tienen que ver con la pandemiaEl Gobierno asumió con la promesa de promover un paquete de reformas orientadas a la restricción de libertades (restricción a las huelgas y a la protesta, a la información, entre otros) y el achicamiento del estado (reducción de empleados públicos) que ahora se propone tramitar en el contexto de emergencia sin que tenga relación con la gestión de la pandemia. La Ley de Urgente Consideración implica que si no se aprueba en 45 días se aprueba automáticamente sin que exista ninguna razón para adoptar ese procedimiento más allá del riesgo de no contar con los votos, considerando que la coalición de gobierno es diversa y nueva. Constanza Moreira señala que tres aspectos son los más preocupantes, primero, el ajuste que conlleva la ley, que implicará un empobrecimiento del estado. En segundo lugar, las cuestiones de seguridad, que dan cuenta del avance de una agenda que habilita mayores niveles de violencia institucional. En tercer lugar, que todos los ministerios se vean obligados a reducir su presupuesto con la excepción del Ministerio de Defensa. Alicia Lissidini muestra preocupación por el avance de un relato que penaliza la pobreza como si fuera el resultado de opciones individuales y no estructurales y resalta nuevamente la prisa por aprobar unas leyes que implican un cambio radical sin que tenga que ver con la gestión de la pandemia.
