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El desafío socioeconómico para América Latina en tiempos de Covid-19

Mélany Barragán Manjón

21 de Julio de 2020, 10:42

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima, en su informe 'Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020', que la actual crisis económica generará este año una contracción de la actividad del 5,3% y un incremento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales. Se trata de la mayor caída desde la década de 1930 y tendrá un fuerte impacto en los niveles de pobreza y desigualdad. Tal como señala el 'Informe Especial Covid-19, Nº2' de la Cepal, en 2020 la pobreza en América Latina aumentará al menos 4,4 puntos porcentuales respecto al año previo, alcanzando a un total de 214,7 millones de personas. Dentro de este grupo, la pobreza extrema subiría 2,6 puntos porcentuales y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

La pandemia ha provocado, por tanto, que la región latinoamericana se enfrente en estos momentos a grandes desafíos en términos de proteger la salud y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Reactivar la economía y contar con financiación para implementar políticas sociales se ha convertido en una prioridad. La dimensión y duración de los efectos de la actual crisis sanitaria, que ya ha derivado en económica y social, son difíciles de cuantificar debido a la incertidumbre. Sin embargo, ya comienzan a ser percibidos con claridad, y muchos expertos ya la han catalogado como la mayor crisis de la región en décadas. La actuación ágil y eficiente de los estados es fundamental, pero el panorama se presenta adverso y las fuentes tradicionales de financiamiento de los gobiernos latinoamericanos se ven obstaculizadas por el contexto actual.

En primer lugar, porque parten de contextos previos desfavorables. La región cuenta con poco espacio para aumentar su gasto fiscal por el gran endeudamiento acumulado que, según datos de la Cepal para 2018, alcanzaron de media el 44,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y el gran pago de intereses. Según fuentes oficiales, este último aumentó del 1,7% del PIB en 2010 al 2,6% del PIB en 2019. Esto ha reducido la capacidad de gasto de los gobiernos en políticas de desarrollo, y en la actualidad el dedicado al pago de intereses es mayor que el empleado en áreas como la educación, la salud y la protección social.

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El segundo obstáculo para hacer frente a los efectos de la pandemia es que la contracción de la actividad económica, junto con la caída de los precios de las materias primas, suponen una reducción significativa en la recaudación de los ingresos fiscales.

Se espera una caída tanto en la recaudación de impuestos directos e indirectos a causa del descenso del consumo privado y el incremento tanto del número de desocupados como de la informalidad laboral; la cual, en 2018 y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya alcanzaba el 52,6%. Esta situación, que en muchas ocasiones se ha solventado con la emisión de deuda pública, en esta ocasión es más problemática porque presenta dos problemas: por un lado, como ya se ha señalado, América Latina cuenta con grandes déficits fiscales por deuda acumulada; por otro lado, la volatilidad de los mercados de deuda desde el inicio de la pandemia ha generado una importante aversión al riesgo entre los inversores y ha disminuido la compra de deuda pública. Como consecuencia, la mayor parte de los países latinoamericanos ha buscado financiación multilateral en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

En los próximos meses, los países deberán impulsar medidas de estímulo fiscal para reactivar la economía y financiar el gasto público. Esto requiere instrumentos que impulsen diferentes sectores y actividades económicas, así como políticas de gasto eficientes. Pero, además, para garantizar la sostenibilidad fiscal de los países latinoamericanos cada vez es más necesario abordar una de las asignaturas pendientes de la región: la evasión de impuestos. Según los datos de la Cepal, América Latina perdió 325.000 millones de dólares en 2018 por incumplimiento tributario, lo que equivale al 6,1% de su PIB. Como referencia, destacar que en ese mismo año el gasto en salud, educación y protección social fue del 4% del PIB.

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La pandemia ha hecho aún más visibles las deficiencias de los sistemas de protección social latinoamericanos, tanto en su diseño como en su financiación. Ya antes de la Covid-19, los modelos de protección eran obsoletos e inoperantes, con legislaciones sobre seguridad social, acceso a seguros médicos o pensiones que datan de mediados del siglo pasado. Es necesario que la región transite con urgencia hacia estados de Bienestar que garanticen condiciones de vida dignas para los ciudadanos, favorezcan el desarrollo sostenible, disminuyan la desigualdad y proporcionen servicios de calidad. Para esto es imprescindible una política fiscal que permita una mayor movilización de recursos tanto para la protección social como para la reactivación de la economía, salvaguardando la capacidad productiva y el empleo y evitando la crisis de liquidez y el colapso del sistema.

Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo, ocupándose tanto de las limitaciones estructurales en términos económicos como en las insuficiencias de los sistemas de protección y regímenes de bienestar. Combatir la informalidad laboral, la evasión fiscal y promover el acceso universal a los servicios de sanidad, educación y bienestar son condiciones necesarias para combatir los impactos de la actual crisis.

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