13 de Julio de 2020, 19:56
Bolivia atraviesa una compleja situación sanitaria. A causa de la masificación de contagios del virus de la Covid-19, se ha profundizado la grave crisis social, política y de gobernabilidad que vive el país desde el quiebre democrático de noviembre de 2019. Para comprender su magnitud, deben cuantificarse los niveles de contagios. En un país de 11 millones de habitantes, se han infectado más de 45.000 personas, y son más de 1.700 los fallecidos. Ademas, siete altos funcionarios se han contagiado; entre ellos, la presidenta del Senado Eva Copa y la presidenta interina Jeanine Añez.
El crecimiento de la tasa de contagios ha provocado la saturación de los sistemas sanitario y funerario. Con anterioridad a la detección del primer caso de coronavirus, el sistema de salud boliviano atravesaba una situación complicada como resultado de los 9.300 casos positivos de dengue, sumado a los siete casos de arenavirus o fiebre hemorrágica boliviana (enfermedad viral transmitida por roedores) y a las enfermedades estacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sitúa a Bolivia como uno de los países latinoamericanos con menor equidad en el acceso a la salud. Esta cuestión es central, sobre todo en enfermedades de tan rápida transmisión. Una persona contagiada, si no accede de manera oportuna al diagnóstico, puede transmitir fácilmente la enfermedad. A esto se suma la escasez de insumos de diagnostico, para tratar a los pacientes y la falta de recursos humanos para la atención en los hospitales.
Como consecuencia de la precarización del sistema de salud y de la errónea implementación de un plan epidemiológico por parte del Poder Ejecutivo, se ha producido la masificación de contagios y la posterior saturación de los centros médicos. Incluso en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz ha habido personas que han perecido a las puertas de los hospitales y en la vía pública esperando atención médica. Esta falta de atención y el colapso de la estructura de salud nacional ha devenido en el aumento de fallecimientos por Covid-19, provocando la saturación del sistema funerario. Se han reportado casos de cadáveres que han permanecido varios días en sus domicilios por la falta de espacio en los cementerios y crematorios.
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En este contexto, el Gobierno interino, al mando de Jeanine Añez, ha decretado diversas medidas para afrontar la pandemia, la más importante de las cuales ha sido la notificación de cuarentena obligatoria en todo el país desde el 17 de marzo. Frente a esta decisión y la necesidad de aislamiento social para intentar aplanar la curva de contagios, se tomó como medida precautoria la suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo de este año. Cabe recordar que se llamaba nuevamente a comicios generales porque, en noviembre de 2019, el presidente Evo Morales (MAS) se vio forzado a renunciar a su cargo en medio de acusaciones de fraude electoral. Añez (Movimiento Demócrata Social), con apoyo de las Fuerzas Armadas, asumió la Presidencia interina de Bolivia con el principal objetivo de conducir al país hacia el nuevo proceso electoral.
Si bien Añez asumió con la aprobación de toda la oposición a Morales, a medida que pasaron los meses parte de sus bases de apoyo se distanciaron. Esto ocurrió por varias decisiones controvertidas tomadas por el Gobierno interino, entre las que destacan el aumento de la represión estatal, la persecución a líderes y militantes opositores, el anuncio de la candidatura presidencial de la misma Añez (eliminando así toda posibilidad de presentación de una único frente opositor al MAS en los comicios presidenciales) y la postergación de las elecciones.
Para posponer los comicios de mayo, el Poder legislativo debía aprobar una ley que estableciera los parámetros y las fechas posibles para desarrollar los comicios. El 30 de abril se promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que estableció un plazo máximo de 90 días para celebrar la votación. No obstante, el Poder Ejecutivo se opuso a esta disposición, alegando la imposibilidad del desarrollo de los comicios por cuestiones epidemiológicas, lo que conllevó el enfrentamiento entre el Poder Legislativo (en ambas cámaras con mayoría del MAS) y la presidenta interina. Añez incluso amenazó con vetar la ley y, para ello, apelar a la Corte Suprema de Justicia.
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Después de varias semanas de declaraciones cruzadas, los líderes de las principales fuerzas políticas del país, junto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), alcanzaron un acuerdo y aceptaron como fecha límite el 6 de septiembre del año en curso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa haciendo declaraciones en las que deja claro que llevar a cabo las elecciones en medio de una pandemia pondría en riesgo a los ciudadanos. Debe tenerse en cuenta que, según el Ministerio de Salud, las proyecciones de contagios para el mes de agosto superarían los 130.000 infectados.
En esta coyuntura política, el TSE ha aprobado el calendario electoral y los candidatos presidenciales que se presentan son los siguientes: Luis Arce Catacora (MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Jeanine Añez (JUNTOS), Jorge Quiroga (Libre 21), Luis Fernando Camacho (Creemos), Chi Hyun Chung (Frente para la Victoria), Feliciano Mamani (Pan-Bol) e Ismael Schabib (ADN). Según las principales encuestas, la intención de voto al candidato del MAS supera el 30%, seguido de Mesa. En el tercer puesto, decreciendo sustantivamente, se ubica Añez.
En medio de este clima pre-electoral, los problemas de gobernabilidad no son menores. Por un lado, la población se ha levantado mediante numerosas marchas y bloqueos de carreteras a lo largo del país, reclamando ayudas económicas frente a la imposibilidad de llevar a cabo sus tareas laborales cotidianas. En Bolivia priman los trabajadores informales, tanto en las zonas urbanas como rurales, y son ellos los más castigados por la pandemia, ya sea por la falta de acceso al sistema de salud como por la imposibilidad de cubrir sus gastos diarios. A ello se le suman las numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, imputaciones de corrupción y denuncias de persecución judicial. Es importante mencionar que en las últimas semanas se han reactivado varias causas judiciales contra líderes opositores y se ha pedido la detención de Evo Morales, asilado en Argentina. Lamentablemente, la judicialización de la política se expresa en el expeditivo proceso de imputación en ciertas causas y esto pone en riesgo el equilibrio de poderes, la credibilidad del Gobierno interino y la democracia en sí misma.
Ante las perspectivas presentadas, se vislumbra un panorama sombrío tanto en el plano sanitario como político. En primer lugar, en lo discursivo el Gobierno interino apela a la confrontación y a las amenazas de forma constante, actitud que dificulta la concertación en el período de transición hacia los comicios generales. En segundo lugar, se observa la capacidad de influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, dificultando la independencia de poderes. Y en tercer lugar, para evitar el levantamiento masivo de los sectores populares es necesario que el Ejecutivo presente un plan consistente para afrontar la situación sanitaria, epidemiológica y económica del país. De seguir por este camino, sólo se conseguirá agravar las crisis ya mencionadas.
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