En palabras de su presidente, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, constituida el pasado 7 de mayo, "es la manifestación del esfuerzo colectivo de todos y todas las representantes de la ciudadanía para buscar juntos una salida global, social y económica a nuestro país". Dicha Comisión tiene por objeto lograr un consenso político sobre la reconstrucción social y económica. Para ello, está recibiendo propuestas, celebrando debates y comparecencias en cuatro áreas: sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistema de cuidados y Unión Europea.
Sus conclusiones sentarán las bases para el futuro de España, elaborando medidas para la reconstrucción tanto social como económica, necesaria para superar la crisis de la Covid-19. Es precisamente el momento de afianzar una economía que tenga en cuenta los tres ámbitos de la sostenibilidad: el medio ambiente, la economía y la sociedad española, dentro del contexto de la Unión Europea (UE). Esto es lo que propone el paquete de recomendaciones presentado a la Comisión por parte del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford. Estas organizaciones sugieren políticas verdes de inversiones directas, innovación financiera y gobernanza para una recuperación post-Covid sostenible en España. Esta breve guía con sugerencias fue entregada a los miembros de dicha Comisión.
Las medidas recomendadas tienen en cuenta varios factores, incluido el contexto económico en España; una serie de políticas e iniciativas que ya existen en el país; y el impacto de la Covid-19 en las economías internacional y nacional. Ambas instituciones expresan que la crisis actual ha puesto en evidencia debilidades en la economía española pero, al mismo tiempo, presenta oportunidades para una recuperación verde y socialmente responsable, en consonancia con las propuestas de la Comisión Europea y alineadas con el Pacto Verde de la UE, la cual va a invertir en estas iniciativas un total de 1,85 billones de euros durante los próximos siete años. Para acceder a estos fondos, España debe implementar medidas que reduzcan la desigualdad social y generen inversiones urgentes relacionadas con la transición digital y ecológica. Adoptar las recomendaciones propuestas en esta guía posicionaría al país en un lugar preferente para acceder a estos recursos.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
Las recomendaciones de esta guía consideran clave las políticas verdes para la recuperación fiscal, reconocidas a nivel internacional. Así, tienen en cuenta las propuestas de un estudio reciente de la Smith School, como la educación y el reciclaje profesional. Este estudio, en el que se encuesta a 231 ministros y expertos en economía a nivel mundial, demuestra que una recuperación verde también puede ser económicamente efectiva. La guía identifica también otras medidas tradicionales como la inversión en el sistema sanitario, que tienen un impacto medioambiental neutro pero un multiplicador económico alto a largo plazo. Además, subraya que un sistema de salud preparado puede ayudar a mitigar los efectos económicos de una futura crisis sanitaria.
Asimismo, las propuestas presentadas consideran elementos relevantes de la gobernanza española y europea para la implementación de medidas fiscales verdes. Basándose en un estudio previo de IIDMA, este informe argumenta que existe una gran diversidad política en España, ya que tanto las comunidades autónomas como los municipios tienen ciertas competencias en materia climática. Es importante que estos agentes estén incluidos en el proceso de diseño e implementación de cualquier medida climática para garantizar su eficacia. Esta diversidad también está presente en las especificidades socioeconómicas regionales y locales, las cuales tienen que tenerse en cuenta en la reconstrucción verde de España.
De igual manera, el documento enfatiza la necesidad de contar con el apoyo científico para adoptar medidas políticas sobre cambio climático y transición ecológica, formando un órgano asesor independiente, que emita dictámenes e informes en consonancia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Destaca la propuesta de IIDMA de reforzar en el texto de la futura LCCTE la figura de este órgano científico, el Comité de Cambio Climático y Transición Energética.
Recomendaciones clave de inversiones directas
El informe considera que se debe invertir en cinco áreas clave: (i) en la transformación de la industria (por ejemplo, a través del desarrollo del hidrógeno o de la producción de cemento o acero verdes); (ii) la construcción y renovación de hogares con emisiones netas nulas de carbono; (iii) la infraestructura e I+D+i de energía renovable y de industria relacionada; (iv) la renovación del sector automovilístico, en particular el desarrollo necesario de la producción de coches eléctricos en España para mejorar su competitividad en este sector respecto a Europa; y (v) la formación y la mejora de capacidad laboral en las industrias verdes, facilitando la transición de trabajadores provenientes de las industrias en declive.
Recomendaciones clave de innovación financiera
Las cuatro recomendaciones propuestas en este ámbito son: (i) la utilización de fondos de la UE con el objetivo de atraer la inversión privada (por ejemplo, dirigiendo capital concesional a productos y servicios bajos en carbono); (ii) el empleo de contratos por diferencia, o instrumentos financieros semejantes, para garantizar un precio mínimo en productos industriales bajos en carbono; (iii) el impulso del desarrollo de modelos comerciales y financieros innovadores para la movilidad sostenible; y (iv) la creación de un banco de inversiones verdes para identificar y desarrollar demanda con el objetivo de financiar proyectos neto cero.
Recomendaciones clave de gobernanza
Las sugerencias de esta guía respecto a la gobernanza son cuatro: (i) el establecimiento de un nuevo modelo que fomente una política industrial verde en la economía española a través de la coordinación entre los niveles estatal, autonómico y municipal, y la inclusión de empresas, sindicatos y otros agentes interesados; (ii) la creación de centros de innovación especializados, contando con la ayuda del Gobierno, enfocados en movilidad y turismo sostenibles, digitalización, sistemas energéticos renovables, industrias de materias básicas y la economía circular; y (iii) la introducción de flexibilidad en el marco regulatorio con el objetivo de experimentar con nuevos modelos de negocio y tecnologías, a través de pilotos regulatorios o de cajas de arena reguladoras.
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Estos instrumentos regulatorios permiten experimentar con un nuevo modelo de negocio no previsto en la legislación actual; por ejemplo, la agregación de la demanda utilizando nuevas tecnologías. Las decisiones para permitir estos experimentos dependen del regulador independiente presente en los países donde se utilizan estos instrumentos.
En conclusión, IIDMA y la SSEE de la Universidad de Oxford recomiendan una serie de medidas en varios sectores que deben considerarse de manera simultánea con el objetivo de reconstruir España a través de una recuperación verde. Es cierto que el país ha avanzado en materia climática. No obstante, es importante aprovechar la situación actual para acometer un cambio sustancial y esencial en nuestra economía y gobernanza ante la necesidad de establecer las bases para un nuevo modelo que pueda hacer frente no sólo a la crisis de la Covid-19, sino también a la emergencia climática. La mejora de la sociedad española, su economía y el medio ambiente dependen de la Comisión.
